La muerte de un joven colma el vaso en un garaje de 'riders' de Madrid dos veces denunciado: “Casi explota todo”

Vuelve del gimnasio, ve a otra periodista frente a su casa y le lanza una mirada triste, de resignación. Se ha dado cuenta de que observa el garaje quemado junto a la entrada, al lado de las escaleras. Luego levanta un poco los hombros, como quien dice “qué le vamos a hacer”. Pero conforme empieza a hablar, su discurso va moviéndose hacia la rabia. “Toda la mañana, y ayer durante todo el día, han estado por aquí las televisiones, policías, bomberos, ambulancias... No me importa hablar, pero si tiene que servir para algo que sea para que no vuelvan a permitir guardar bicicletas con este tipo de baterías en un edificio donde vive gente”, se desquita esta vecina de la calle Canarias (Arganzuela), donde todavía huele a humo 48 horas después del incendio de un garaje de riders que se cobró la vida de un joven de 26 años.

Ella ha pedido no mencionar su nombre, ya que el dueño de ese aparcamiento bajo su casa es también vecino en el mismo bloque. Lo llama Pepe y dice que se conocen, se han visto varias veces. “Él siempre nos ha dicho que lo tiene todo legal y, como es abogado, supongo que controla esos temas”, afirma la vecina, al otro lado de la verja por la que el domingo pasado comenzó a salir el humo. Los miembros de Emergencias Madrid que acudieron al aviso confirmaron, poco después, que esta planta baja se utilizaba para guardar bicicletas eléctricas. Pese a lo que el propietario aseguró a esta vecina, siempre según su relato, lo cierto es que ya a finales del año pasado recibió un aviso para retirar las baterías de carga.

Un informe de los bomberos había levantado sospechas sobre los acumuladores para bicis que se guardaban en el sótano, un lugar habituado por repartidores de Glovo y, en general, empresas de delivery. “No sabemos ni lo que hay dentro, solo sé que hay una bajada y en el lateral derecho, unos trasteros”, continúa la vecina desde el portal. Después del expediente abierto en diciembre, agentes de la Policía Municipal se presentaron en la estancia y retiraron las baterías, según fuentes de este cuerpo policial a consultas de Somos Madrid. Esto ocurrió en enero, pero los generadores volvieron a reponerse y el local continuó funcionando. Así que en abril partieron en una segunda visita y volvieron a retirar todo el material con riesgo de inflamación.

El local estaba denunciado por la Policía e incumplía la sanción

Antes se había informado de la situación a la Agencia de Actividades, un organismo municipal que gestiona las licencias urbanísticas de los negocios en la ciudad. Sin embargo, una vez allí descubrieron que las baterías volvían a estar respuestas y esta vez, según las mismas fuentes policiales, se intervinieron y se llevaron hasta el Almacén de la Villa. Este es un depósito público en Vicálvaro que guarda aquellos muebles o enseres en desuso o que han sido retirados de la vía pública. También acabaron allí estos materiales requisados, aunque no fue suficiente.

En junio, un par de meses antes del incendio, se produjo la tercera inspección en el garaje de riders: ni para ese momento había cesado su actividad. Según confirman los agentes, el hombre trató de emitir una declaración responsable para mantener el bajo como hasta ahora, pero esta se determinó incapaz. Esto, fuera de términos jurídicos, quiere decir que el denunciado intentó alegar que se cumplían los requisitos mínimos, aunque inspección in situ constató que no era así. Las autoridades indican que la Agencia de Actividades lo denunció luego por ejecución forzosa, en un intento de hacer cumplir los anteriores avisos.

“Ese sitio no cumplía las condiciones para este tipo de actividades”, resuelven desde la Policía Municipal, algo que según toda esta secuencia de trámites ya se sabía antes de que explotaran dos baterías y tuviera que morir una persona. Dos días después en la calle Canarias, próxima a la estación de Metro de Palos de la Frontera, el tramo afectado ya parece más vacío. El aspecto del garaje y, sobre todo, el olor a quemado que llega a pocos metros de distancia, aún llama la atención de algunos paseantes que este martes por la tarde cruzaban la acera. En el número 11, otro bloque de viviendas unos pasos más allá, el barrendero debatía con un hombre que iba a subir al edificio.

"Esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad, que llegan con sus mochilas de Glovo y entran al garaje. Luego pueden pasar horas dentro hasta que les ves salir

“La prensa dice que había 13 dotaciones de bomberos, pero yo no vi tantas. Serían unas tres, o cuatro, y sobre todo muchas ambulancias”, recuerda el segundo de ellos, que trató de bajar a ver lo que ocurría cuando llegó el tufo del incendio y comenzaron a oírse sirenas. Sin embargo, los agentes que ya había desplegados en la zona le frenaron en seco, pidiéndole volver a casa por seguridad y para no inhalar humos tóxicos. Habían explotado dos baterías y eso había iniciado las llamas en el garaje de al lado, donde más de un centenar de bicicletas se quemaron en el fuego. “Si llega a haber más bicis todavía, aquí explota todo”, coinciden ambos.

El joven fallecido tenía 26 años y era de origen bangladesí, según confirmaron las autoridades después de notificar su muerte. Aunque la mayoría de los vecinos consultados mencionaban a Glovo al recordar la empresa para la que trabajaba, lo cierto es que de momento esto no se ha confirmado. En los alrededores de este bloque nadie parece tener claro cómo funciona el negocio. La Policía Nacional, que ha tomado las riendas de la investigación, tampoco desvela avances en las pesquisas, aunque los vecinos afirman que el garaje no lo gestionaba directamente su dueño: en teoría, lo alquilaba a otras empresas y particulares o también a “restaurantes de la zona”, que según ellos utilizaban los trasteros laterales para guardar material.

Aunque la entrada ya no está precintada, a esas horas la cancela sigue cerrada a cal y canto. Entre la verja y la entrada principal, a la izquierda de una escalera que sube hasta el recibidor para viviendas, aún quedan tres bicicletas medio calcinadas que nadie ha venido a reclamar, o al menos no parece que hayan podido llevárselas. Violeta, una mujer que también reside en esa calle y vio los hechos desde su ventana, sostiene que fue justo debajo de su casa donde los sanitarios de Samur-Protección Civil trataron, sin éxito, de conservar su vida.

“Algunos dicen que vivía allí, aunque eso no lo tenemos claro. Pero no me extrañaría, ya que esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad que llegan con sus mochilas de Glovo, entran al garaje y pueden pasar horas dentro antes de salir”, mantiene. La sección de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, el sindicato mayoritario entre los trabajadores de Glovo en Madrid, confirma su sospecha de que detrás de esta tragedia pueda haber alguien “en situación administrativa irregular”.

Los “trabajadores invisibles” de un sector golpeado

Aunque la federación madrileña de Comisiones Obreras no ha podido constatar que el fallecido trabajara directamente para esta empresa de reparto, recuerda que la capital está llena de “trabajadores invisibles” que “alquilan una cuenta” para tener donde dejar su herramienta de trabajo, que deben aportar y asegurarse ellos mismos. “El lunes [horas después del incendio] estaban aquí todos apelotonados, viendo si les dejaban cruzar el cordón policial para ir a recoger sus bicicletas. Los que habían llegado cuando se llevaron el cuerpo se veían muy afligidos, casi les faltó hacer un minuto de silencio por su compañero”, reseña Violeta, recordando las últimas horas en su barrio.

Este periódico se ha puesto en contacto con el área municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para confirmar en qué punto administrativo siguen las sanciones impuestas sobre la propiedad del garaje, pero no ha obtenido respuesta. “Yo allí solo he visto entrar a gente joven, unos 30 años arriba o abajo, generalmente pobre de origen bangladesí o pakistaní”, relata la vecina, que recuerda la estructura laberíntica del garaje descrita por los bomberos después del suceso: la compleja disposición entre instalaciones fue una de las causas que complicaron el control del incendio y el posterior rescate de la víctima, de la que sí se ha confirmado que era un repartidor a domicilio aunque sin especificar quién lo contrataba.

De hecho, este sector suele saltar a la actualidad por las sanciones o denuncias a las principales compañías, especialmente por el uso de falsos autónomos para completar sus plantillas. Precisamente unas semanas antes del incendio que se cobró la vida de este joven, cuyo nombre no ha trascendido aún, se cumplieron cinco años desde la entrada en vigor de la llamada Ley Rider, una iniciativa del Ministerio de Trabajo ante el boom de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio (Deliveroo, Glovo, Uber Eats...), que inundaron el sector con falsos autónomos, y conllevaron varias sanciones de la Inspección y también en los tribunales.