El pasado 8 de noviembre todos los propietarios de edificios en AZCA, el distrito financiero de Madrid, se pusieron de acuerdo en que querían acordar juntos una reforma del distrito financiero de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento. De esta manera renunciaban a la privatización a 40 años del espacio que habían pedido, una operación que se fue al trasta después del rechazo de Pontegarea, la inmobiliaria de Amancio Ortega.
El acuerdo firmado en un acto que presidió el propio alcalde establecía que los 12 propietarios privados tenían hasta el pasado 8 de julio para redactar un nuevo proyecto que debía haber sido presentado al área de Obras municipal, encargada de revisarlo a partir de esa fecha para licitar una reforma a través de un concurso público.
Pero la fecha llegó y los propietarios aún no se habían puesto de acuerdo en el proyecto final, así que el Ayuntamiento les ha concedido casi tres meses más de plazo, hasta el 30 de septiembre, para que envíen su propuesta. El dato lo ha desvelado este martes la delegada de Obras, Paloma García Romero, durante la comisión de su área y a preguntas del PSOE.
“A pesar del intenso trabajo de todos los propietarios públicos y privados, son muchas las sugerencias y modificaciones solicitadas debido a la complejidad del proyecto, por lo que han solicitado una ampliación del plazo, que se les ha concedido”, explicaba García Romero, a la par que indicaba que todas las empresas propietarias trabajan con el director general de Espacio Público en unir la docena de propuestas sobre un plano, acordando la actuación en su conjunto.
El PSOE se quejaba del retraso, en palabras de su concejal Enrique Rico: “Nos preocupa que lleve décadas en una situación de deterioro inaceptable (...) un espacio hostil, inseguro, con graves problemas de accesibilidad y de convivencia”. El edil socialista recordaba que los precedentes de reforma en esta zona quedaron como “anuncios vacíos”, ya que “no llegó a nada el concurso en 2006, en 2022 y menos aún la privatización que plantearon en 2023”. Además, recordaba que en el presupuesto municipal de este año solo figuran 150.000 euros destinados para este ámbito.
“Se habrá hecho mucho o poco pero las primeras actuaciones público-privadas fue cuando yo era concejala de Tetuán”, defendía por su parte García Romero. “”Merece la pena esperar, es un proyecto que no es fácil. No es solo un lavado de cara, hay que actuar en las tripas, en toda la estructura“, añadía después.
De momento, el Ayuntamiento no ha establecido el presupuesto de toda la operación y qué parte de los trabajos serán sufragados por los operadores privados con intereses económicos en la zona. Una vez que sea entregado el proyecto básico, el Ayuntamiento tiene hasta dos meses para su aceptación formal. Después comenzará la fase de licitación del contrato y posterior ejecución de obra. Paloma García Romero estima que los trabajos podrían arrancar en el año 2026 y desarrollarse durante los 24 meses siguientes, “a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo”, puntualiza la delegada.