El Supremo confirma multas de casi 200.000 euros por el descontrol de los créditos de Avalmadrid
Avalmadrid se define como una entidad financiera especializada sin ánimo de lucro que trabaja por y para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid. A ella se le podría sumar otra definición, en este caso de cariz jurídico y social: la entidad que acumula cientos de miles de euros en multas impuestas por el Banco de España a antiguos responsables de la entidad y conocidos en la política madrileña, a la propia empresa y a otras colaboradoras. Este ha sido el castigo al descontrol con el que la empresa semipública concedía créditos de riesgo tan solo a unos pocos agraciados y que en el último semestre ha continuado avalando el Tribunal Supremo a través de diversos dictámenes.
La función principal de Avalmadrid es proporcionar avales y garantías a las pequeñas empresas y emprendedores que buscan financiación. De esta forma, se convierten en una suerte de respaldo para los préstamos que las compañías solicitan a las entidades financieras tradicionales, como bancos y cajas de ahorro. Entre sus socios protectores, aquellos que aportan parte del capital social de la entidad, están entes públicos y privados como la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, CaixaBank, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid o el Banco Santander. Avalmadrid fue la empresa que concedió 400.000 euros de crédito a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso en 2011.
En 2012, el Banco de España se percató de que tan solo el 1,7 % de las empresas avaladas acumulaba más del 30% de los riesgos, lo que se traducía en más de 78 millones de euros en ese momento. Por ello, el supervisor bancario hizo una serie de recomendaciones para bajar la concentración de créditos de riesgo. Tras una nueva inspección cinco años después, seguían existiendo deficiencias de control interno, por lo que procedieron sancionar a la entidad y a los miembros de su consejo de administración.
Multas para las empresas
El Banco Santander ha sido uno de los tantos cuyas multas han sido avaladas ya por la Justicia. La sentencia, confirmada en marzo de este año por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, obliga a la sucesora del Banco Popular a abonar 33.250 euros por la comisión de una infracción grave recogida en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, el mismo motivo por el que se penaliza a todos los demás multados.
La entidad presidida por Ana Botín ha visto cómo el magistrado José Manuel Bandrés, ponente de la sentencia, desmonta los argumentos con los que el Banco Santander defendía su inocencia. Todo comenzó con una inspección del Banco de España en 2012 a Avalmadrid que concluyó con la emisión de tres requerimientos hacia el Banco Popular en su condición de miembro del Consejo de Administración. La sentencia pena que esta entidad cometiera una “infracción continuada” al no cumplir con los requerimientos de subsanación de deficiencias advertidas por los órganos supervisores.
En marzo de este año, la empresa Gestión y Representación Global también fue condenada al pago de una multa de 45.600 euros por los mismos motivos. La propia Avalmadrid, que no recurrió la penalización, tuvo que abonar 95.000 euros, la multa más alta.
Otros nombres propios
En febrero de este año, Alfonso Carcasona también recibió la negativa por parte del Tribunal Supremo a estimar el recurso que interpuso ante el dictamen de la Audiencia Nacional, que avaló la multa de 45.600 euros impuesta por el Banco de España. Carcasona fue consejero en Avalmadrid desde 2007 hasta 2016 y en la actualidad es CEO de Camerfirma, una sociedad impulsada por el Consejo Superior de Cámaras para la certificación digital de las empresas españolas.
Jesús Alejandro Vidart-Anchía corrió la misma suerte en marzo, esta vez con una pena de 31.350 euros. Fue consejero durante parte del periodo relevante (desde el 21 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018) y, además, miembro de la Comisión de Riesgos, según el fallo judicial. En 2015 se convirtió en el director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, y actualmente trabaja para Sandoz Iberia, compañía de fabricación de productos farmacéuticos.
Después le llegó el turno a Jesús Martín Sanz, quien ha tenido que abonar 40.000 euros. Consejero de Avalmadrid desde 2008 hasta el 23 de febrero de 2016, fue durante más de dos décadas presidente de la Asociación de Empresarios del Henares. En total, las multas avaladas por el Tribunal Supremo en el primer semestre de 2026 alcanzan los 195.800 euros.
Viejos conocidos
Las multas se han ido confirmando de manera escalonada a lo largo de todos estos años. Las primeras llegaron en 2021. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avaló la multa de 34.800 euros impuesta a la Cámara de Comercio de Madrid y la de 10.400 euros impuesta a Juan Pablo Lázaro, entonces presidente de la patronal madrileña CEIM. En diciembre de 2022 la Audiencia Nacional confirmó otras nueve sanciones por valor de casi 270.000 euros.
Entre ellas, se encontraba la propia patronal madrileña CEIM, que tuvo que abonar 28.500 euros. También quien fue consejero en Avalmadrid un año desde octubre de 2014, Pedro Irigoyen Barja, multado con 10.000 euros, una de las penas más bajas. Actualmente es subdirector general de Inspección de los Tributos en la Comunidad de Madrid.
Entre las sanciones ya confirmadas y firmes se encuentra la de José María Rotellar con 18.000 euros, viceconsejero en la etapa de Esperanza Aguirre y consejero de Administración de la empresa semipública desde 2008 hasta 2014. Lo mismo sucede con Juan Iranzo, consejero en Avalmadrid en 2014 y que se ha visto obligado a pagar 4.000 euros. En su momento, también fue condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y llegó a ser consejero de Red Eléctrica.