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El Tribunal Superior de Castilla y León duda de que sea constitucional suprimir la extra a los funcionarios
La Sala de lo Social dicta una providencia, por unanimidad, en la que desvela que el Real Decreto de la Comunidad Autónoma puede vulnerar diversos artículos de la Constitución
Concentración de funcionarios a las puertas de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid en señal de protesta por la supresión de la paga de navidad / EFE
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado pistas sobre lo que puede ocurrir con retirar la paga extra a los trabajadores públicos. En una disposición, hecha pública este martes por el máximo órgano judicial de esta Comunidad Autónoma, se pone en “duda” que sea constitucional esta medida puesta en marcha por la Junta de Castilla y León para asumir el Decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, de julio 2012, que intentaba hacer frente a la crisis económica.
Tras un recurso interpuesto en Castilla y León por diversas organizaciones sindicales y plataformas de trabajadores públicos, el Tribunal Superior de Justicia ha planteado, por la unanimidad de la Sala de lo Social, una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Además, ha dado un plazo de diez días para que las partes demandantes y el Ministerio Fiscal aleguen sobre si es pertinente esta cuestión.
La Sala de lo Social, tiene “dudas sobre la constitucionalidad del artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”.
En concreto, se prevé la reducción de “retribuciones en las cuantías que correspondiera percibir en el mes de diciembre de 2012, como consecuencia de la supresión de la paga o gratificación extraordinaria”.
En su providencia, el máximo órgano judicial de Castilla y León cree que ese decreto “esté vulnerando lo dispuesto en el artículo 9.3 Constitución Española, según el cual la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales”.
“En la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional. Asimismo, se nos plantea la duda sobre la constitucionalidad del referido precepto, en el sentido de que su aplicación pudiera vulnerar lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución Española, por suponer hipotéticamente la expropiación de derechos económicos no abonados pero sí incorporados ya al patrimonio de los trabajadores por devengados”, añade la providencia.
Esta cuestión nació de una plataforma de 18 organizaciones sindicales y trabajadores públicos de Castilla y León, además de una demanda particular de CGT. Se reclamaba el abono de las extras que deberían percibir 17.000 personas consideradas personal laboral de la Administración de Castilla y León.
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