Hay algo muy común en el día a día de los abogados: sabemos que en julio no podemos dar mucho follón al juzgado; que en feria muchos funcionarios nos van a decir que tal asunto se queda para octubre; y que los plazos parecen ser rígidos solo para nosotros y para nuestros clientes.
Dicen que se ha quintuplicado el tiempo de espera de los procesos judiciales en la Región de Murcia, faltan medios, sí. Pero a veces la falta de medios es la excusa perfecta para la falta de ganas y os hablo desde el agotamiento profesional al ver cómo esto se transforma en una serie de injusticias de gran calado para las personas.
Obviamente, antes de seguir voy a hacer la prevención de 'not all funcionarios'. Hay personas con sentido del deber dentro de la Administración de Justicia, muchas personas saben la responsabilidad que tienen y actúan en consecuencia.
No solo quería opinar sobre el colapso: quería dar pinceladas de en qué se traduce. Porque los ejemplos sirven para aterrizar las injusticias que se naturalizan y pasan a ser una cosa más que vemos al pasar. Pero no debería ser así: poco gritamos para cómo está el mundo.
Tengo un asunto penal encima de la mesa. Un asunto penal con menores, muy complicado, en el que he tomado todo tipo de medidas. Soy acusación. Hemos caído en un juzgado conocido por su lentitud. No hemos parado de llamar. ¿Sabéis la respuesta? En noviembre podrán proveer nuestro escrito de personación.
Esto significa que no vamos a poder tener acceso a la causa hasta entonces. Que no se va a practicar ninguna diligencia (nadie interrogado, nadie detenido, nuestros informes forenses sin aportar, ningún juez investigando). Que decenas de niños están expuestos a sufrir lo mismo que ha sufrido a quien defiendo.
Esto significa que, por las dilaciones indebidas, puede que la justicia nunca llegue a este asunto y que la agonía de esta valiente familia resulte inservible.
Lo primero que nos enseñan en la carrera es que el ius puniendi, el derecho a castigar las acciones criminales, solo lo tiene el Estado. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no hace nada? ¿Qué pasa cuando no hay medios ni hay interés en que estos se apliquen? Podríamos replantear filosóficamente cuánto de este planteamiento está equivocado, qué podemos y qué debemos hacer. ¿Es suficiente la queja ante del Consejo General del Poder Judicial?
Soy de las que se desvive por sus causas, con un sesgo reivindicativo difícil de apaciguar. No estoy llamando al desorden, pero sí señalando que la gestión de la Administración de Justicia en nuestra región y en España es una invitación al caos. Lo hago en una profesión donde abundan los silencios, las quejas por lo bajo y las miradas de reprobación ante opiniones disidentes del statu quo. Lo hago como un riesgo ante una situación inaceptable.
Tener que decir a los clientes que todo lo judicializado se va a dos años vista es una vergüenza que no debería sostener yo, ni ninguno de mis compañeros y compañeras abogadas. Es algo que deberían decir los políticos y dar la cara: explicar en cada reunión que los despidos son una apuesta de futuro; que los procesos de familia ahora son más tediosos por la obligación de interponer una mediación infructuosa antes; que no podemos proteger a los menores; y que a nadie parece importarle.
Os escribo desde el enfado y la herida ante un sistema roto, precario, que no importa a nadie y que no aparece en los programas electorales. Si hubiera un mínimo de inteligencia en los poderes ejecutivos, se invertiría en justicia. Un sistema judicial rápido y eficiente es ahorro por todos lados, pero para saberlo hay que molestarse, profundizar y estudiar.
Mientras tanto, nos queda señalar el caos, enfadarnos, darle la importancia que tiene. Ir a la feria de Murcia con el sabor amargo de lo que la fiesta significa: que algunos están acomodados en la lentitud de los expedientes, que este es un problema que solo duele a quien le afecta y que la inversión en luces siempre será más importante que la dotación a los juzgados.