La llegada de Francisco Lucas a la Delegación del Gobierno, en sustitución de Mariola Guevara —quien deja un balance de matrícula tras haber afrontado situaciones difíciles con un estilo propio y elegante— responde a una vieja táctica del PSRM cuando el PSOE gobierna en la nación: situar en ese puesto a su posible candidato a la presidencia autonómica. Así lo hicieron en su día Rafael González Tovar, Diego Conesa, Pepe Vélez y, ahora, el relevo recae en Lucas.
La Delegación del Gobierno ofrece una plataforma privilegiada de visibilidad en la política regional, aunque con un coste evidente: asumir la defensa del Ejecutivo central frente a un PP murciano que ha hecho del independentismo su bandera cuando no gobierna en la nación. El ejemplo más reciente lo encontramos en Totana, donde López Miras visitó el CEIP Santa Eulalia y presumió de que 152.000 alumnos de Infantil y Primaria habían comenzado el curso gracias, en parte, a la financiación estatal. Un mensaje que, en coherencia institucional, debería haber contado con la presencia del delegado del Gobierno, pero del que se prescindió deliberadamente.
En esa ceremonia también debió recordarse a quienes durante años lucharon por las mejoras ahora inauguradas: el añorado Juan José Cánovas y la anterior corporación municipal, que reivindicaron de forma persistente esas infraestructuras. Sin embargo, se esperó a que el PP gobernara en el municipio para ejecutarlas, culminarlas y exhibirlas como ideas propias que nunca fueron. El caso de Totana no es anecdótico: retrata una forma de hacer política en la que los servicios públicos se convierten en escenarios de confrontación, y donde lo que importa no es tanto el beneficio ciudadano como la rentabilidad partidista de retrasar inversiones hasta que se puede gobernar.
La llegada de Francisco Lucas, además, coincide con una peligrosa deriva del Ejecutivo regional: seguirle el juego a Vox para poder continuar gobernando y aprobando presupuestos. Esto se traduce en un Partido Popular rehén de un socio que tensiona la vida política a través de un discurso sobre seguridad que ha dejado de estar vinculado a datos objetivos o políticas públicas para convertirse, como advierte Zygmunt Bauman, en una construcción emocional que ocupa un lugar central en la percepción ciudadana. La promesa de seguridad se transforma así en uno de los productos más rentables del mercado político. Ese discurso se impone como uno de los pocos relatos capaces de ofrecer una ilusión de orden en medio de un presente incierto. La inseguridad —real o inducida— se convierte en mercancía electoral y mediática, y el migrante en el chivo expiatorio perfecto.
Prueba de esta estrategia fue la reciente entrevista en la que Fernando López Miras llegó a comparar los efectivos de la Guardia Civil en la Región —una comunidad uniprovincial— con los de Aragón, que cuenta con tres provincias, obviando además el número de comisarías de Policía Nacional existentes en la Región. La comparación no buscaba informar, sino reforzar un relato de inseguridad en una de las regiones más seguras del país, con el objetivo de justificar decisiones pactadas con la extrema derecha.
El resultado es un escenario arriesgado: la seguridad se convierte en un discurso político y los menores —junto con sus centros de acogida— en rehenes de la visibilidad mediática de Vox. Su estrategia es tan simple como eficaz: aparecer en los móviles, pero no en los gobiernos, con la única intención de subir en las encuestas. Y, de momento, les está funcionando. Su retirada de los ejecutivos al principio de las legislaturas es la prueba: al constatar quizás, por un lado, su falta de personal para cubrir los gobiernos y, por otro, tras haber aplicado políticas que dejaron desmantelados servicios como las emergencias en la Comunidad Valenciana o los dispositivos antiincendios en Castilla y León, acciones sobre las que no han pagado coste político alguno por la errática política de Feijoo que parece más interesado en erosionar el gobierno de España que a ganar unas elecciones por sí mismo.
La llegada de Francisco Lucas a la Delegación del Gobierno subraya que el PSRM tiene un plan, aunque aún está por ver si funcionará. En cualquier caso, el nuevo delegado arriba con un rumbo claro: ser un delegado activo, con ideas firmes, que ha hecho de la defensa de la seguridad y de la convivencia su principal bandera. Así lo demostró en la junta de seguridad de Torre Pacheco y en decisiones orientadas a evitar que se repitan sucesos como los de este verano. Sus actuaciones pueden marcar la diferencia.
En Santa Cruz permitió que los representantes de Vox montaran su enésima función contra los centros de menores: rueda de prensa incluida, con los habituales discursos incendiarios y la escenografía pensada para cosechar titulares y vídeos virales. Acudieron distintas fuerzas políticas, y todas encontraron su minuto de gloria y su ración de “me gusta” en redes que iban buscando, esa política meme que tanto se lleva ahora. Pero lo verdaderamente significativo fue lo que no ocurrió: gracias al operativo previsto por el delegado del Gobierno, la provocación no pasó de espectáculo rueda prensil y no derivó en un altercado. Una vez más, el partido que presume de defender la seguridad quedó reducido a lo que realmente es: una máquina de agitación que se alimenta del ruido, pero incapaz de asumir responsabilidad alguna cuando toca garantizar la convivencia.