La justicia que no es ágil no puede ser justa

En España se ha instalado una idea, pero cada vez más difícil de negar: la justicia es un desastre. Y una justicia que no ágil no es justicia, es otra cosa.

El principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución Española, sigue siendo incuestionable en el papel. Pero en la práctica convive con una realidad que lo desmiente a diario: procedimientos interminables, macrocausas que se alargan durante más de una década y decisiones que llegan cuando el caso ya ha perdido todo impacto social o político.

El resultado es corrosivo.

Las grandes causas de corrupción se han convertido en el espejo más incómodo del sistema. Instrucciones eternas, recursos encadenados, piezas separadas, agendas imposibles. Y mientras tanto, una sensación creciente en la ciudadanía: la justicia no resuelve, administra el tiempo hasta que el tiempo resuelve por ella.

La Región de Murcia es un ejemplo difícil de ignorar. El procedimiento de la desaladora de Escombreras, en el que figura el expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, simboliza esa deriva, lleva judicializado e investigado más de 15 años y se prevé que la vista oral se celebre en septiembre de 2027. No importa solo el desenlace judicial, que llegará cuando llegue, sino el efecto acumulado: años de procedimiento que se traducen en años de desgaste institucional. Y ese desgaste, una vez producido, ya no se revierte.

Porque aquí está el núcleo del problema: la desigualdad no siempre está en la sentencia, sino en el camino hasta ella. No todos los ciudadanos pueden sostener años de litigio. No todos pueden pagar la espera. No todos pueden resistir el proceso. La igualdad formal existe; la material, no siempre.

Y a esa desigualdad se suma otro elemento igual de dañino: la politización percibida del sistema. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su renovación convertida en conflicto partidista permanente han convertido un órgano clave en parte del problema en lugar de parte de la solución. Aunque la independencia judicial individual exista, la arquitectura institucional proyecta una sospecha constante.

El resultado es devastador: la justicia pierde autoridad sin necesidad de dejar de funcionar. Basta con que funcione demasiado despacio, demasiado tarde y demasiado lejos del ciudadano.

Porque una justicia lenta no es una justicia imperfecta. Es una justicia que deja de cumplir su función principal: ser creíble.

Y cuando la justicia deja de ser creíble, no se resiente solo el sistema judicial. Se resiente la democracia.