Kioto, la esperanza necesaria

A veces uno, o quizá la propia vida, se deja arrastrar por sus fantasmas. Sucede especialmente cuando emprende el regreso a Ítaca, como Odiseo, convencido de que el viaje exterior nunca puede separarse del interior. Pero también aprende que las emociones, por intensas que sean, siempre son transitorias. Pasan la euforia y el desánimo; permanece el camino. Permanece la vida, sin necesidad de adjetivos. Y mientras uno intenta comprender lo que ocurre dentro de sí, el mundo sigue desplegándose fuera, con sus luces y sus sombras, obligándonos a mirar más allá de nosotros mismos.

Escribo estas líneas en Kioto. No es un lugar cualquiera. Aquí, en 1997, los Estados quisieron convencerse de que todavía era posible corregir el rumbo. El Protocolo de Kioto representó un hito en la historia del Derecho Internacional Ambiental y del Cambio Climático. Fue el reconocimiento jurídico de una evidencia científica y de una responsabilidad política: el cambio climático no era un problema del futuro, sino una amenaza presente que exigía compromisos comunes, aunque diferenciados.

Hubo esperanza. Hubo voluntad. O, al menos, voluntad escrita. Sin embargo, casi tres décadas después, el paisaje es mucho más contradictorio que aquel optimismo prudente. Las emisiones globales siguen aumentando. Los países que más contaminan continúan haciéndolo, mientras los compromisos internacionales avanzan con la lentitud de las negociaciones y la rapidez del deterioro ambiental. La Tierra no entiende de cumbres diplomáticas ni de declaraciones solemnes. Responde únicamente a los hechos.

Y los hechos son tozudos.

Resulta inevitable pensar en ello mientras camino por una ciudad que ha sabido convivir durante siglos con la naturaleza. Los jardines de Kioto no pretenden dominar el paisaje, sino dialogar con él. Quizá esa sea una de las mayores enseñanzas de Japón: la naturaleza nunca desaparece; simplemente nos recuerda, de vez en cuando, que no somos sus dueños. Los tifones, los terremotos o los tsunamis forman parte de la memoria colectiva de este país. No como castigos, sino como recordatorios de la vulnerabilidad humana.

Esa vulnerabilidad no es únicamente ambiental. También es política y social. Mientras escribo estas líneas, España vuelve a mirar hacia Ceuta. Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado la frontera en un episodio que, una vez más, resulta difícil de comprender al margen de la actitud de las autoridades marroquíes. La frontera se convierte así en un instrumento de presión diplomática y los seres humanos en piezas de una estrategia geopolítica que ignora su dignidad. Quien migra no deja de ser persona por atravesar una frontera; tampoco quien protege esa frontera deja de tener el deber de hacerlo conforme al Derecho y con respeto a los derechos humanos. Ambas afirmaciones son compatibles, aunque el debate público parezca empeñado en presentarlas como incompatibles.

Porque lo verdaderamente preocupante no es solo lo que ocurre en la frontera. Es lo que ocurre después. Los discursos de odio encuentran un terreno extraordinariamente fértil allí donde la incertidumbre económica, la desconfianza institucional y el miedo ocupan el espacio que debería corresponder a la política. En demasiadas ocasiones ya no se discuten soluciones, sino culpables. El migrante, el diferente, el adversario político o incluso quien simplemente discrepa se convierten en enemigos antes que en interlocutores.

La polarización ha dejado de ser un fenómeno excepcional para convertirse en una forma cotidiana de entender la realidad. En la Región de Murcia esa tensión resulta especialmente visible. El deterioro del debate público convive con problemas estructurales que afectan al sistema sanitario y al educativo público. Solo cuando uno sale de España comprende hasta qué punto aquello que damos por sentado constituye una conquista colectiva extraordinaria (aquí, en esta ciudad japonesa, he pagado casi 300 euros en urgencias). Viajar permite descubrir que los servicios públicos no son únicamente una cuestión presupuestaria; representan una idea determinada de comunidad. Allí donde se debilitan, no solo empeoran las prestaciones. También se resiente la confianza entre los ciudadanos y las instituciones.

Y cuando esa confianza desaparece, el vacío suele llenarse de simplificaciones. Todo parece caótico. Todo parece ir a peor. El cambio climático, las migraciones utilizadas como arma política, la creciente desigualdad, la erosión de las instituciones, la radicalización del debate público. Basta con abrir un periódico para sentir que el mundo avanza hacia un horizonte cada vez más sombrío.

Es entonces cuando surgen las preguntas inevitables. ¿Hemos llegado a un punto en el que la convivencia entre el ser humano y la Tierra resulta imposible? ¿Estamos condenados a enfrentarnos también entre nosotros? ¿Es la cooperación internacional apenas una ilusión bien redactada? ¿Han dejado de importar la empatía y el diálogo en una sociedad que parece premiar el enfrentamiento permanente?

Los discursos apocalípticos ofrecen respuestas sencillas. Demasiado sencillas. Nos dicen que todo está perdido, que las instituciones han fracasado, que la convivencia es una ingenuidad y que el conflicto constituye el estado natural de las relaciones humanas.

Me niego a aceptar ese diagnóstico. No porque ignore la realidad. Al contrario. Precisamente porque el principio de realidad obliga a reconocer la gravedad de cuanto sucede, resulta más necesario que nunca defender una esperanza que no sea ingenua, sino consciente. La esperanza no consiste en negar los problemas, sino en afirmar que todavía existen razones para afrontarlos.

La historia demuestra que los mayores avances de la humanidad nunca nacieron del fatalismo. Surgieron de personas que decidieron actuar cuando parecía demasiado tarde. También el Derecho Internacional, con todas sus limitaciones, es fruto de esa convicción. Puede incumplirse. Puede resultar insuficiente. Puede decepcionar. Pero sigue siendo preferible a la ausencia de reglas, del mismo modo que el diálogo siempre será preferible a la violencia.

Quizá esa sea la verdadera lección que Kioto sigue ofreciendo casi treinta años después de aquel protocolo que lleva su nombre. Los acuerdos internacionales no cambian el mundo por sí solos. Necesitan voluntad política sostenida, responsabilidad ciudadana y una ética que coloque la vida —toda la vida— en el centro de nuestras decisiones.

La defensa de la Tierra no puede separarse de la del ser humano. Y la defensa del ser humano tampoco puede desligarse del respeto hacia los demás seres vivos y hacia el entorno que hace posible nuestra existencia. No son causas distintas. Constituyen una misma responsabilidad.

Por eso sigo creyendo en la convivencia. En la empatía. En la crítica rigurosa frente al insulto fácil. En unas instituciones que puedan reformarse sin destruirse. En una ciudadanía capaz de exigir responsabilidades sin renunciar a la humanidad del otro.

Quizá resulte una posición incómoda en tiempos de consignas. Quizá incluso parezca ingenua. Pero mientras camino por las calles de Kioto, entre sus toris, pienso que la alternativa sería aceptar que el miedo, el odio y la resignación han vencido definitivamente. Y esa es una derrota que sencillamente me niego a aceptar.