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Mentiras políticas, víctimas reales

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“El mayor logro del comunismo ha sido sacar estas conductas del catálogo de trastornos e incluirlas en el de los derechos humanos”. Con estas palabras, pronunciadas en la Asamblea Regional de Murcia durante el debate sobre la aplicación de protocolos de atención al alumnado trans, el diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, pretendía desacreditar las políticas de reconocimiento y protección de las personas trans. La afirmación merece, sin embargo, una reflexión más profunda, porque ilustra uno de los problemas más graves de nuestro tiempo: la sustitución de la realidad por relatos ideológicos que terminan erosionando la verdad, la convivencia democrática y los propios derechos humanos.

La primera objeción es histórica. Resulta difícil sostener que el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales o trans constituya una conquista del comunismo cuando algunos de los regímenes comunistas más emblemáticos del siglo XX fueron precisamente escenarios de persecución y marginación de la diversidad sexual. Cuba ofrece un ejemplo paradigmático. La magnífica película Fresa y chocolate retrata las tensiones entre la ortodoxia revolucionaria y la homosexualidad en la sociedad cubana. Su protagonista, Diego, encarna a quienes durante años fueron considerados sospechosos, desviados o incompatibles con el ideal revolucionario.

La historia demuestra, por tanto, que la ampliación de los derechos de las personas LGTBI no fue el resultado de una victoria ideológica del comunismo. Fue, más bien, la consecuencia de un largo proceso de evolución moral, jurídica, científica y política desarrollado en sociedades democráticas y sustentado en la progresiva universalización de los derechos humanos.

La propia expresión empleada por el diputado revela una confusión significativa. Hablar de “conductas” implica reducir identidades personales complejas a simples comportamientos. Pero además introduce una idea aún más problemática: que el reconocimiento jurídico de determinados colectivos constituye una operación ideológica arbitraria.

Nada más lejos de la realidad. La eliminación de la homosexualidad de los manuales diagnósticos no fue consecuencia de una decisión partidista ni de una victoria cultural de la izquierda. Fue el resultado de décadas de investigación científica y revisión médica. Cuando la Asociación Americana de Psiquiatría retiró la homosexualidad de su catálogo de trastornos en 1973, respondía al avance del conocimiento científico y a una profunda revisión de los presupuestos sobre los que se había construido aquella clasificación, amén de los movimientos sociales-civiles. Algo semejante ha ocurrido posteriormente con otras cuestiones relativas a la identidad de género.

Aquí aparece una reflexión que Hannah Arendt habría considerado esencial. En sus análisis sobre la mentira en política distinguía entre el error y la falsificación deliberada de la realidad. Equivocarse forma parte de la condición humana. Lo verdaderamente peligroso comienza cuando se construye un universo ficticio destinado a sustituir los hechos y a reorganizar la percepción colectiva del mundo.

Cuando se afirma que los derechos humanos son una invención ideológica destinada a legitimar determinadas conductas, se altera la comprensión misma de lo que significan los derechos. Estos no nacen para premiar comportamientos ni para sancionar identidades. Nacen para proteger a las personas. No dependen de la aprobación moral que merezcan las características individuales de cada ser humano. Su fundamento es la dignidad inherente a toda persona.

La mentira tiene las patas muy cortas. Señala el refrán español. Y Condorcet comprendió perfectamente este problema en su breve y brillante texto titulado ¿Es conveniente engañar al pueblo? Su respuesta es rotundamente negativa. Toda mentira política implica un desprecio hacia los ciudadanos. Quien manipula los hechos parte de la premisa de que la verdad resulta inconveniente y de que la población debe ser conducida mediante ficciones cuidadosamente construidas.

Pero la cuestión es más compleja de lo que suele admitir el debate público. Gabriela Hirschl, directora de La Época, revista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, recuerda una antigua enseñanza freudiana: los seres humanos no accedemos a la realidad de manera directa, sino a través de relatos, recuerdos e interpretaciones. Precisamente por ello, conviene distinguir entre las narraciones con las que construimos nuestra identidad y la mentira deliberada. Las primeras forman parte de la condición humana; la segunda consiste en la distorsión consciente de los hechos para influir en los demás u obtener una ventaja política.

Precisamente por ello, la mentira tiene consecuencias particularmente destructivas en la vida colectiva, también en la privada. No solo deforma la percepción de la realidad, sino que también erosiona los vínculos sociales que hacen posible la convivencia. Allí donde prosperan relatos ficticios sobre conspiraciones culturales o amenazas inexistentes, crecen simultáneamente el miedo, la hostilidad y la polarización. La mentira necesita fabricar peligros para justificar su propia existencia.

Si las personas construimos relatos para comprendernos a nosotros mismos, la tarea ética no consiste en imponer una verdad absoluta e inmutable, sino en mantener abierta la posibilidad de revisar críticamente nuestras interpretaciones. La democracia comparte esa misma exigencia. Solo puede sostenerse cuando ninguna versión de la realidad queda blindada ante los hechos ni ante la discusión racional.

La verdad tampoco consiste en convertir la palabra en un instrumento de agresión. Cuando el lenguaje se degrada, las palabras pierden su precisión, dejan de servir para comprender el mundo y pasan a emplearse como armas contra el adversario. El deterioro del lenguaje precede con frecuencia al deterioro de la convivencia, porque una mentira no solo falsifica los hechos, sino que también vacía de significado los conceptos con los que intentamos describirlos.

Por eso, la cuestión central no es únicamente determinar si determinadas afirmaciones son verdaderas o falsas. La pregunta decisiva es qué tipo de realidad contribuyen a construir. Cuando se presenta a las personas trans o al colectivo LGTBI como producto de una conspiración ideológica, se construye una amenaza ficticia. Y cuando las amenazas son imaginarias, las víctimas terminan siendo muy reales.

Los derechos humanos nacieron precisamente para impedir que una mayoría transformara sus prejuicios en criterios de exclusión. La historia europea del siglo XX ofrece suficientes ejemplos de las consecuencias de la deshumanización del otro. Tampoco estamos completamente inmunizados frente a ese riesgo. Determinadas políticas migratorias impulsadas hoy en Europa por sectores conservadores y de extrema derecha vuelven a recurrir, en ocasiones, a narrativas que presentan a grupos enteros de personas como amenazas antes que como sujetos de derechos. Cada vez que una categoría de seres humanos deja de ser considerada portadora de dignidad para convertirse en un problema político, la democracia y el Estado social y democrático de derecho comienzan a deteriorarse.

La ignorancia puede corregirse mediante el conocimiento. La mentira deliberada resulta mucho más peligrosa porque altera las condiciones mismas del debate público. Una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de distinguir entre hechos y relatos, entre información y propaganda, entre discrepancia y estigmatización.

Porque cuando la mentira ocupa el lugar de la realidad, no solo se degrada la verdad. También se deteriora la confianza mutua que hace posible la convivencia. Y una sociedad que pierde esa confianza termina habitando un mundo poblado de fantasmas creados por sus propios discursos, donde los problemas reales quedan ocultos tras ficciones políticas que acaban imponiéndose a la experiencia compartida.