El pasado sábado, miembros de la Asociación de Interinos Docentes de Murcia (AIDMUR) acudimos a Madrid, junto a compañeros y compañeras provenientes de todas las administraciones y de todos los rincones de España, a manifestarnos al grito de “¡Fijeza ya!” para reclamar la fijeza como única solución posible al fraude en la contratación temporal en las administraciones públicas.
En 1999 una directiva europea, la 99/70, recogía el acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada al que habían llegado patronal y sindicatos para todo el ámbito de la UE. Este acuerdo establece, entre otros aspectos, las circunstancias en que pueden suscribirse contratos de duración determinada y aquellas medidas destinadas a evitar los abusos que pudieran darse bajo este tipo de contratación. La directiva que recoge el acuerdo marco, instaba a los gobiernos a legislar sobre el trabajo de duración determinada dentro del marco de dicho acuerdo y en el plazo de dos años. En España hubo una transposición de la directiva europea al Estatuto de los Trabajadores, que solo afecta al sector privado. Sin embargo, los empleados públicos interinos y temporales estamos fuera de la cobertura de dicha norma y no disponemos de otra que les proteja.
Después de veinte años, el poder legislativo todavía no ha cumplido con la tarea exigida en la directiva 99/70 de desarrollar el acuerdo que ella contiene en el ámbito de las administraciones públicas y la actual normativa española en materia de trabajo temporal en el empleo público presenta dos graves deficiencias: por un lado, la normativa provoca por sí misma situaciones de fraude, ya que perpetúa en muchas ocasiones a trabajadores en relaciones laborales de temporalidad. Por otro, no prevé ningún tipo de consecuencia o sanción en caso de que la legislación sea vulnerada, hecho que viene ocurriendo frecuentemente.
Esto ha dado como resultado que, a la importante bolsa de trabajadores en fraude derivada de la normativa existente, se haya sumado un número todavía superior de trabajadores falsamente temporales consecuencia del incumplimiento de la ley, no previendo ésta ninguna medida que sancione a la administración por los incumplimientos ni repare la situación de abuso de los empleados públicos interinos y temporales en fraude.
En 2017 y 2018, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaron sendos acuerdos con el gobierno, llamados incomprensiblemente 'Acuerdo para la mejora del empleo público', en los que no había ninguna propuesta de mejora de una normativa claramente fraudulenta ni se preveía ninguna solución para los empleados en situación de abuso. En ellos se limitaban a acordar un cierto y progresivo cumplimiento de las leyes establecidas, lo cual no solucionaría el fraude, pero reduciría el número de afectados… eliminándolos. Afortunadamente los acuerdos se han incumplido en parte, pero desgraciadamente muchos compañeros en fraude de ley ya han perdido injustamente su trabajo sin reparación alguna.
Como en tantas ocasiones, a interinos y temporales no nos ha quedado otro recurso que acudir a los tribunales, que están reconociendo masivamente el evidente fraude. Sin embargo, los jueces se encuentran con que no saben cómo sancionar el abuso puesto que dicha sanción no está prevista en ningún sitio, así que vienen probando con indemnizaciones de diversa cuantía o con la invención de la rocambolesca figura del 'indefinido no fijo' o equivalente y solicitando ayuda a los tribunales europeos a través de cuestiones prejudiciales que les guíen sobre qué tipo de sanciones pudieran resultar adecuadas. El próximo 19 de marzo, ante la ausencia de legislación específica en nuestro país, una vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará sobre la cuestión, orientando a los tribunales españoles para dar respuesta al fraude en la contratación temporal en las administraciones públicas.
Pero este pronunciamiento no sería necesario si los poderes legislativo y ejecutivo se decidiesen a hacer ya por fin su trabajo, desarrollando una normativa que evite realmente el abuso de la temporalidad en el ámbito del empleo público y dando una repuesta adecuada a aquellos trabajadores que han perdido injustamente su empleo y a aquellos otros que, a día de hoy, se encuentran en situación de fraude de ley. Si valoran las distintas alternativas, sin duda encontrarán que la única respuesta eficaz y coherente no puede ser otra que la fijeza.
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