La ausencia del perito clave frena el juicio del Mar Menor: “No podíamos renunciar a una prueba fundamental”

Apenas unos minutos. Es lo que ha durado este miércoles la sesión en la Audiencia Provincial de Cartagena en la que el Mar Menor iba a comparecer por primera vez en un proceso judicial con voz propia. La ausencia del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, autor de uno de los informes periciales en los que se sustenta la acusación, ha obligado a suspender el juicio, en una decisión respaldada por la acusación particular, la Fiscalía y la defensa.

Burillo, perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, no ha podido acudir por motivos personales. Y su comparecencia estaba considerada como una de las piezas clave del procedimiento. Las acusaciones habían planteado la posibilidad de celebrar su declaración en una sesión separada para mantener el calendario previsto, pero el tribunal ha optado por aplazar la vista y celebrarla íntegramente en una nueva fecha.

“Una suspensión nunca es el objetivo, no es una buena noticia, pero es entendible porque una de las pruebas principales no podía practicarse”, ha explicado a las puertas de la Audiencia Sergio Marco, portavoz de los abogados del Mar Menor. “No podíamos renunciar a una prueba pericial fundamental”.

Esta decisión ha frustrado la celebración de una de las citas judiciales más esperadas por los colectivos que llevan años reclamando responsabilidades por el grave deterioro ambiental de la laguna. Decenas de activistas se habían concentrado desde primera hora frente al tribunal con pancartas y consignas como “El Mar Menor no es un contenedor” o “Justicia y derechos para el Mar Menor”.

La acusación particular la ejercen la Alianza por el Mar Menor (Amarme), el Pacto por el Mar Menor y organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife, además de varios ayuntamientos del entorno lagunar.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

“El testimonio de Burillo es fundamental”, ha coincido también Pedro Eugenio Madrid, abogado de las empresas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. “Es quien ha hecho el informe principal de la acusación, que rechazamos porque entendemos que hay errores”. Sobre la posición de su cliente, ha dicho que “se considera inocente” porque en el período en que se le acusa por los vertidos, entre 2015 y 2017, no tenía las desaladoras en funcionamiento. “Es un error que han cometido las acusaciones pero esperamos que la sala no lo cometa”. El informe de Burillo, ha abundado, no se basa en datos reales, “sino en unas estimaciones, y se le acusa de haber vertido al Mar Menor una cantidad de salmuera que no es cierta; ni la cantidad ni que se vertiese al Mar Menor porque el rechazo iba a un EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en Cabo de Palos”.

Marco, sin embargo, ha insistito en que “los acusados, sin autorización, se apropiaron de agua de manera ilícita, la desalaron, y vertieron las aguas salobres al medio ocasionando un grave perjuicio, lo que constituye un delito y queremos que se les castigue y que se repare el daño ecológico”.

“Si estamos aquí y se ha abierto el juicio, entendemos que no tenemos una prueba sino una multitud de pruebas convergentes, directas y concretas que sostienen la autoridad de los hechos”, ha considerado el letrado.

El juicio, que ha atraído hasta Cartagena a la prensa internacional, llega más de seis años después de la imagen de miles de peces agonizando por falta de oxígeno en las orillas del Mar Menor en octubre de 2019.

“La sentencia puede crear jurisprudencia”, ha dicho antes de arrancar el juicio la abogada de Seo Bird Life, Katarzyna Wasowicz. “Hay que tener en cuenta que este caso tiene un impacto europeo y mundial; es el primer ecosistema dotado de personalidad jurídica, un movimiento que se está expandiendo a otros países, donde ya se aplican soluciones semejantes en sus legislaciones internas”.

El juicio se enmarca el caso Topillo, una macrocausa que investiga el impacto de presuntos vertidos contaminantes vinculados a explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto sobre el Mar Menor. En el centro del procedimiento aparecen las salmueras con altas concentraciones de nitratos y el uso de desalobradoras que habrían contribuido a uno de los episodios de degradación ambiental más graves del Mediterráneo, con episodios de eutrofización, anoxia y mortandad de fauna marina.

En el banquillo se sienta D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete S.L. y Datelio S.L., acusado de presuntos delitos contra el medio ambiente por el funcionamiento de instalaciones de desalobración entre 2015 y 2017. Según la acusación, estas explotaciones habrían generado y vertido grandes volúmenes de salmuera con elevada carga de nitratos que, a través de distintos sistemas de drenaje y filtración, habrían terminado alcanzando la cuenca del Mar Menor.

La Fiscalía sustenta su acusación en informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada la generación de más de 162.000 metros cúbicos de salmuera procedente de una desalobradora presuntamente clandestina. A ello se suma el informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, que concluye que la actividad se realizó con conocimiento de sus posibles efectos y que estos vertidos habrían contribuido de forma relevante al deterioro del Mar Menor.

Prisión, multas e indemnización

En el plano penal, el Ministerio Público solicita siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros, además de una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados, con responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles investigadas. Frente a ello, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que esa compensación debería destinarse directamente a la recuperación del propio humedal.

“Consideramos que la indemnizacion debería ir a la víctima, al Mar Menor, para que se repueda ir recuperando”, ha explicado la abogada Katarzyna Wasowicz. “Es una de las diferencias respecto al Ministerio Fiscal”, ha continuado la letrada que ha matizado, sin embargo, que en esta ocasión la incoación del auto de apertura se produjo en julio “unos meses antes de la proclamación de la personalidad jurídica del Mar Menor, que fue en septiembre”.

EPara las organizaciones ambientales “hoy es un día histórico porque es la primera vez que un ecosistema se presenta en un juicio como víctima y acusación particular”, ha dicho Joaquín Nieto, portavoz de Seo BridLife. “Y cuando se pueda presentar el informe pericial demostraremos que el daño al Mar Menor ha existido; el mensaje es que no se puede contaminar al Mar Menor así como así, ahora tiene instrumentos propios para defenderse y requerir que ese daño se repare”.