El Mar Menor llega a juicio como acusación y víctima en un proceso pionero: las claves del caso Topillo en Cartagena
La laguna del Mar Menor se convierte este miércoles en protagonista de un juicio sin precedentes en Europa. Por primera vez, este ecosistema comparece en un proceso como víctima y como parte acusadora. El juicio, que tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena, se enmarca en una de las piezas del conocido como caso Topillo, una macrocausa que investiga presuntos vertidos contaminantes procedentes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en el Mar Menor. El procedimiento analiza el uso de desalobradoras y la gestión de salmueras con altas concentraciones de nitratos que habrían terminado en la laguna.
La vista no solo examinará estos hechos concretos, sino que inaugura un escenario inédito en Europa. El caso se ha convertido en uno de los procesos más simbólicos en torno a la crisis ecológica del Mar Menor.
Un juicio sin precedentes: el Mar Menor como víctima
La figura del Mar Menor como sujeto de derechos lo equipara a otros ecosistemas reconocidos en Nueva Zelanda, Ecuador o Colombia, donde algunos ríos y otros espacios naturales han conseguido una protección jurídica específica.
La gran incógnita es si esta innovación legal, todavía reciente en España, podrá traducirse en condenas, reparación ambiental y precedentes para futuros litigios ecológicos. “No va a ser un camino de rosas”, valora Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia (UMU) y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor. “Es una figura completamente nueva, yo misma tuve que ir a la escuela del Poder Judicial para explicarla a los jueces”.
Lo “fundamental”, para Teresa Vicente es “que todo esto no es ya solo una teoría filosófica sino una ley que forma parte del ordenamiento jurídico español”. Y aunque “son todo conceptos nuevos, estamos bien preparados”. Si hay que recurrir, “recurriremos, no somos perezosos ni nadie nos paga; en cinco años que llevamos con todo este proceso no ha entrado ni un solo euro”.
El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.
La “novedad”, relata Eduardo Salazar, abogado y uno de los promotores de la ILP, “es que el Mar Menor se puede personar, puede pedir pruebas, aportar informes y puntos de vista a través de los abogados, puede acusar y ejercer acciones judiciales propias, incluso impulsando procedimientos penales al margen de la posición de la Fiscalía” aunque en este caso el Ministerio Público sí sostiene la acusación.
Lo “histórico”, sostiene Salazar, es que el daño ambiental ya no se entiende solo como algo abstracto: “Solo conozco un caso similar, el del Rio Macarena en Colombia, al que se reconoció como víctima en un caso de justicia restaurativa, pero no es lo mismo que actuar en nombre propio en un procedimiento”.
La degradación del ecosistema
El Mar Menor ha atravesado en la última década continuos episodios de degradación ambiental. En 2016 ya se detectaron los primeros signos de eutrofización (aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno en el agua), pero fue en octubre de 2019 cuando la llegada masiva de nutrientes desencadenó un episodio de anoxia con mortandad de peces en la laguna. En agosto de 2021 se vivió un nuevo colapso, otra vez con miles de animales muertos en las orillas tras la pérdida de oxígeno en el agua. Desde entonces, la laguna ha ido encadenando fases de turbidez extrema y proliferación de algas y la conocida sopa verde, alterando su equilibrio ecológico.
Qué es el caso Topillo
El caso Topillo es una macroinvestigación judicial que pone el foco en los presuntos vertidos contaminantes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en la laguna salada. La causa analiza el uso de las desalobradoras y cómo se gestionaron las salmueras con alta concentración de nitratos del regadío intensivo. El nombre del caso, Topillo, hace referencia a las perforaciones en la tierra de este animal comparándolas con las redes subterráneas investigadas durante la instrucción.
A comienzos de 2023, la Audiencia Provincial de Murcia decidió dividir el caso en dos grandes bloques: por un lado, una pieza centrada en posibles delitos de prevaricación por la actuación u omisión de cargos públicos en materia de control e inspección ambiental; y por otro, el enjuiciamiento de los presuntos delitos contra el medio ambiente atribuidos a empresas agrícolas y autónomos.
El tribunal consideró que no existía una conexión suficiente que obligara a juzgarlos de forma conjunta, lo que llevó a fragmentar aún más la investigación en decenas de procedimientos repartidos entre distintos juzgados.
Esa decisión “fue el primer antitopillo, en el sentido de que fue la primera decisión desacertada por parte de la Audiencia”, considera Salazar. Al dividirlo, “en lugar de tener un caso global con una suma de acciones, nos quedamos con acciones separadas de las puñaladas al cadáver del Mar Menor”.
“Este es el primero de los casos Topillo en el que la acusación no es solo del fiscal, sino que parte también del Mar Menor, es una parte más, y tiene que dar su consentimiento para los acuerdos si es que los hay”, anota el abogado.
Los hechos de esta pieza concreta
La pieza de este miércoles se centra en la actividad de varias explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena entre los años 2015 y 2017. Según la acusación, estas instalaciones habrían generado grandes cantidades de salmuera con una elevada concentración de nitratos que terminaron en la cuenca del Mar Menor. El procedimiento examinará si existió una gestión ilegal de esos residuos y si las mercantiles investigadas incurrieron en delitos contra el medio ambiente.
D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete SL y Datelio SL, se sentará en el banquillo de los acusados frente a tres magistrados. “La defensa niega todos los hechos, pero los informes del perito sí que estiman que la contaminación fue clave para la contaminación del Mar Menor; ahora tendrá que convencer a la audiencia”, apunta Salazar.
Este periódico ha intentado recabar la versión del despacho Madrid Abogados Cartagena, que representa a las empresas, sin obtener respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
La clave del juicio: demostrar la causalidad ambiental
La clave del juicio se concentra no solo en la existencia de los vertidos al Mar Menor, sino en su impacto real en la salud del ecosistema. “Hay que probar esa causalidad de los vertidos hacia el colapso de la laguna salada”, incide Salazar. La Fiscalía fundamenta su acusación en un informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, en el que se concluye que la explotación de las instalaciones sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura se realizó con conocimiento de sus posibles efectos.
Quién acusa y quién defiende
El proceso lo juzgarán tres magistrados y la acusación particular la Alianza por el Mar Menor (Amarme), Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO-Birdlife, a través de cuatro letrados. Además, se han personado los ayuntamientos de Los Alcázares, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar.
Un proceso que, según Salazar, puede encontrarse con algunos límites al carecer los tribunales de justicia “de una formación especializada en medio ambiente”.
Qué está en juego
El Ministerio Público reclama en su escrito de acusación una pena de siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros. Además, solicita una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, con la responsabilidad civil subsidiaria de las dos empresas. La acusación se apoya en los informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada el vertido de 162.345 metros cúbicos de salmuera.
Si las mercantiles agrícolas resultan condenadas, el destino de la posible indemnización marcaría una diferencia respecto a otros procedimientos similares. El Ministerio Público plantea que la cantidad reclamada se ingrese en las arcas del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados. En cambio, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que los 506.137,44 euros deberían destinarse directamente a la recuperación del Mar Menor como ecosistema perjudicado.
“Este miércoles por fin vamos a escuchar la voz del Mar Menor y creo que lo que nos va a decir es que es importante que se restaure lo contaminado, con una condena ejemplarizante”, concluye el abogado Eduardo Salazar. “Se trata del éxito de un proceso ciudadano para revertir un ecocidio, y se lo tenemos que agradecer a su impulsora, Teresa Vicente, y todas las personas que se dejaron la piel para recoger firmas durante la pandemia; es muy reconfortante y trascendental”.