La desunión de las izquierdas pone en peligro la Pamplona ‘del cambio’
Pamplona es la ciudad más grande gobernada por EH Bildu, partido que controla 39 ayuntamientos en Navarra. El alcalde, Joseba Asiron, accedió al cargo en 2015 gracias a un acuerdo cuatripartito similar al que sostiene en el Gobierno de Navarra a Uxue Barkos. Sin embargo, la expulsión de Aranzadi (que fue una candidatura ligada a Podemos) e Izquierda-Ezkerra hace algo más de un año dejaron al gobierno municipal con el solo apoyo de Geroa Bai.
La primera Alcaldía de EH Bildu -antes siempre habían ostentado el cargo UPN, PSN o CDN- pasará a la historia por sus avances en la peatonalización de la ciudad, en políticas sociales y de igualdad y en memoria histórica, pero también por la judicialización de la batalla de los símbolos, que ha costado miles de euros a la ciudadanía, y las furibundas críticas de la oposición de UPN y los socialistas, que acusan a Asiron de haber gobernado con el “rodillo” que le permite su mayoría.
Se han enfrentado con el plan de “amabilización” de la ciudad, que ha sacado los vehículos particulares de las zonas más céntricas para priorizar los transportes públicos y los privados no contaminantes. La legislatura se recordará también por el empeño del Ayuntamiento por ofrecer locales públicos a los colectivos sociales que los requieren a coste cero, y también por las polémicas en torno a la ocupación y desalojos del gaztetxe Maravillas, en el Casco Viejo, que enfrentó a los socios de gobierno municipal. “Si no hubieran sido jóvenes afines a la ideología de EH Bildu no se hubieran consentido”, denuncia la candidata socialista, Maite Esporrín.
En materia de vivienda, el Ayuntamiento ha habilitado 153 pisos municipales para cederlas a personas en situación de emergencia social. Las políticas públicas han supuesto un avance importante para los más desfavorecidos, y el Pleno ha llegado a aprobar una nueva tasa que gravará las viviendas vacías, con el objetivo de que salgan al alquiler y bajen los precios, si bien todavía no se ha puesto en marcha.
El caso de la manada supuso un antes y un después para el feminismo en nuestro país. La contestación social generada por el recorrido judicial del caso es comparable al movimiento #metoo en EEUU, que propició la cuarta ola feminista. El decidido apoyo del Ayuntamiento de Pamplona a la víctima ha convertido a la ciudad en un referente de la lucha contra las agresiones sexistas, amplificada por la fama mundial de los Sanfermines.
La exhumación de los generales golpistas Mola y Sanjurjo en noviembre de 2016 del monumento a los Caídos supuso un hito a la hora de cumplir con la Ley de Memoria Histórica en la capital navarra. También se renombró la plaza que lo acoge de Conde de Rodezno a plaza de la Libertad, y el Ayuntamiento ha lanzado un concurso de ideas para decidir qué hacer con el monumento franquista más grande de España tras el valle de los Caídos, que podría llegar a ser derribado.
El trabajo con colectivos memorialistas como Sanfermines 78 Gogoan y los cambios de nombres en el callejero han puesto del lado del Ayuntamiento a estos grupos. Como ejemplo, Asiron denominó parque de la Insumisión al solar que dejó el derribo de la antigua cárcel, donde muchos opositores al servicio militar obligatorio cumplieron condena. Especialmente polémico ha sido el reciente cambio de la avenida del Ejército por el de Catalina de Foix -última reina de la Navarra independiente-, que ha llevado a Enrique Maya a prometer que volverá a renombrar la vía cuando sea alcalde.
El euskera, campo de batalla
Es en materia de política lingüística donde quizá se han producido los enfrentamientos más sonados entre el equipo de Gobierno y la oposición. El PSN -y mucho más UPN- denuncia la “utilización política” del euskera. Los “atropellados” cambios lingüísticos en la educación infantil para favorecer el estudio de la lengua vasca -censurados por la Justicia-, y la “discriminación en el acceso a puestos de trabajo públicos por una valoración excesiva del euskera en las convocatorias” ha tenido enfrente a la oposición, que denuncia “las obsesiones lingüísticas e identitarias del alcalde”. Frente a las críticas, el Ayuntamiento defiende que la Nueva Ordenanza del Euskera ha puesto fin a “20 años de discriminación” de una de las dos lenguas oficiales de la capital navarra.
En Sanfermines, el alcalde ha puesto en manos de las mesas sectoriales la decisión de quién tira el chupinazo, que puede ahora recaer en cualquier persona mientras que antes era un privilegio exclusivo de los concejales. La colocación de la Ikurriña en el balcón del Ayuntamiento en los inicios de las fiestas de 2015 y 2017 provocó una enorme bronca política y también multas por valor de casi 15.000 euros. También ha pagado el Ayuntamiento por colocar la bandera republicana, por desplazar a un lugar menos visible la bandera española en el salón de Plenos y por reducir el tamaño del retrato del rey.
La Justicia también ha censurado al Ayuntamiento por el reparto de la publicidad institucional desde enero de 2016 por no cumplir con la legalidad vigente. Y también por tratar de no prestar el espacio a una exposición de las víctimas del terrorismo de ETA que quiso organizar la Policía Nacional.
En el plano cultural tampoco han faltado las polémicas, y mientras la oposición critica la “escasa calidad de la programación” de los Sanfermines, la ciudad acoge nuevos proyectos para diferentes públicos, consolida otros como el Flamenco On Fire.
