“¿Cómo una deuda con la Hacienda foral puede pasar de 0 a 53 millones?”. Esa es la pregunta que se hacen diversos grupos de la oposición en Navarra que, en palabras del parlamentario de Geroa Bai Manu Ayerdi, cuestionan que el nivel de deuda acumulado por Osasuna pudiera alcanzarse sin la presunta “connivencia” del Gobierno Foral. Estas dudas se hacen eco de la investigación que aún se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona y donde los imputados Ángel Vizcay, exgerente de Osasuna, y Patxi Izco, expresidente del club, habrían asegurado que hubo, supuestamente, un inspector de Hacienda que en 2008 estuvo al tanto de al menos uno de los pagos sospechosos del club y que Izco medió a través de un consejero para que Hacienda mirara hacia otro lado. Estas mismas sospechas son las que han motivado una denuncia de la asociación de consumidores Kontuz!, que este lunes ha hablado de un posible delito de prevaricación y ha apuntado tanto a los entonces representantes del Gobierno Foral como a los del propio club.
La denuncia penal incluye los nombres del entonces presidente de Navarra, Miguel Sanz; el consejero de Hacienda, Álvaro Miranda; el director general de la Hacienda, José Ignacio Pérez de Albéniz; y los mencionados representantes de Osasuna, Patxi Izco y Ángel Vizcay. Las declaraciones de estos últimos son uno de los indicios en los que se basa Kontuz! para presentar esta denuncia (Sanz, por su parte, valora responder con una querella criminal por denuncia falsa, según avanza este martes Diario de Noticias), pero no es el único. También menciona la carta de dimisión de la que fuera directora gerente de la Hacienda Foral de Navarra, Idoia Nieves, durante esta legislatura, una decisión que se conoció a comienzos de 2014. Nieves después acusó a la consejera de Hacienda, Lourdes Goicoechea, de mostrar “desconfianza” con el trabajo de la Hacienda, por lo que sus intromisiones, aseguró después ante el Parlamento, eran constantes, incluso presuntamente para acceder a información reservada.
Nieves mencionó la deuda de Osasuna en esa carta como una de las razones para dimitir, y también habría analizado esas deudas (hasta 2013) en un informe del que se ha hecho eco Diario de Navarra. En aquel momento, cuentan fuentes parlamentarias, las referencias a Osasuna parecieron una nota al pie en un proceso, el de la dimisión de Nieves, que derivó en una comisión de investigación. Pero el papel de la exdirectora también lo ha rescatado ahora Geroa Bai, que ha pedido al Gobierno que le facilite ese informe. Para ello, puede resultar clave que el club dé su visto bueno para que el Parlamento pueda tener acceso a sus datos fiscales, algo que por ejemplo sí ha hecho para que la Cámara de Comptos, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas de Navarra, pueda hacer un informe (el objetivo, como ya adelantó eldiarionorte Navarra, es que esté finalizado para poco antes del inicio de la campaña electoral) sobre el comportamiento fiscal del club desde 2005.
¿Quién autorizó los aplazamientos?
La pregunta que se realizan diversos grupos de la oposición, como ya han manifestado Bildu, Izquierda-Ezkerra o la propia Geroa Bai, es cómo el club pudo dejar de pagar el IVA entre 2004 y 2008, y después solicitar diversos aplazamientos, hasta acumular una deuda con el fisco que, a fecha 30 de noviembre de 2014 (según se recoge en la Ley de Osasuna, que precisamente reestructura la deuda de Osasuna con Hacienda), ascendía a 53 millones de euros. La denuncia de Kontuz!, por ejemplo, recoge en este sentido que, ante cantidades tan importantes de deuda (cuando supera los 1,5 millones), un aplazamiento solo podría ser tramitado a través de un acuerdo del Gobierno de Navarra. Un contribuyente puede solicitar este tipo de aplazamientos, si hace frente a los intereses de demora, pero lo que llama la atención de quienes ahora analizan esta operación es la cantidad de aplazamientos que habrían tenido que ser tramitados; y si, ante un caso así, esto no conllevó un seguimiento o inspección especial por parte de Hacienda.
A todo esto, el Gobierno Foral respondió a las sospechas avivadas por las declaraciones de Vizcay e Izco con un expediente de información clasificada que ya envió al Juzgado. La consejera de Hacienda, Lourdes Goicoechea, remarcó de esta forma la “celeridad” del Ejecutivo al responder a estas acusaciones; no obstante, ahora tanto en el Parlamento como en los tribunales, si sigue adelante la denuncia planteada por Kontuz!, se pueden resistir a dar por cerrada esta polémica. En la Cámara foral, al menos, las preguntas y peticiones de información de los grupos se siguen acumulando.
(Edición actualizada).