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La Audiencia de Navarra juzga a 18 agentes por estafa en el cobro de las ayudas por mudanza de la Guardia Civil

La Fiscalía solicita penas de 9 años y 7 meses de prisión para el principal encausado

La Sección Segunda de Audiencia Navarra dicta hoy sentencia sobre La Manada

Fachada del palacio de Justicia de Pamplona. EFE

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra acoge mañana un juicio en el que la Fiscalía acusa a 18 guardias civiles, a la esposa de uno de ellos y al titular de una empresa de mudanzas por supuestos fraudes en la denominada Indemnización por Traslado de Residencia, a la que tienen derecho los miembros de la Benemérita cuando deben mudarse por asignación de un nuevo destino, por pase a la situación de reserva o por otras circunstancias profesionales.

Tras descartar los recursos presentados por los agentes, que hoy se encuentran en diferentes destinos de la geografía española, la Audiencia les juzgará por cobrar ayudas por mudanzas que resultaron falsas. Los hechos se remontan al año 2011, y al parecer la trama fue urdida por el cabecilla de la estafa junto con su esposa, y en colaboración con una empresa de muebles de la localidad navarra de Zizur.

La denuncia fue interpuesta por el propio Instituto Armado ante la sospecha de estafa en el cobro de las ayudas contempladas en el Real Decreto 462/2002. Para recibir el dinero, que puede ascender hasta a 9.000 euros por mudanza, los agentes deben presentar tres presupuestos de otras tantas empresas de transportes de muebles y la Guardia Civil elige el más económico.

La trama ideada por el cabecilla y su esposa contaba con la colaboración de la citada empresa de transportes, que ofertaba siempre los presupuestos más baratos conociendo los otros dos, ya que la ayuda era tramitada “con ánimo de ilícito enriquecimiento” por parte de la red, explica el fiscal. Así, tanto el matrimonio acusado como la empresa se llevaban un porcentaje de la ayuda, mientras que la mayor parte del dinero iba a parar a los agentes que la solicitaban sin tener derecho a ella.

El fiscal sostiene que el principal acusado recibió entre 937 y 1836 euros por mudanza, que corresponden con un porcentaje variable de entre el 19% y el 28% del total de cada una de las ayudas obtenidas por los agentes. También su esposa recibió varios pagos de entre 963 y 2.500 euros por operación. A continuación, el matrimonio realizaba transferencias a la empresa Mudanzas Carjusan, que obtuvo un total de 103.876 euros con el método.

Entre cuatro y 9 años y siete meses de prisión

La Fiscalía solicita 22 meses de prisión, inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante seis años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales para 17 de los 18 agentes acusados, que eran los solicitantes de las ayudas.

También pide tres años de prisión y multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, así como inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante dos años, costas e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la condena. En total, cuatro años y 10 meses de prisión.

Para el principal acusado solicita 43 meses de prisión e inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante 10 años por un delito continuado de fraude y exacciones ilegales. También inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. Por el delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público solicita seis años de prisión, multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante seis años. En total, 9 años y 7 meses de prisión.

Para su esposa, la Fiscalía solicita tres años de prisión por un delito continuado de fraude y exacciones ilegales, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante cinco años. También inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Para el titular de la empresa de transportes vinculada a la trama solicita las mismas penas que para la esposa del principal encausado, así como tres años adicionales de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros.

Para la empresa de transportes se solicita una multa de 400.000 euros por un delito de estafa.

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