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Arrancan los grupos de trabajo para preparar la nueva reforma de la RIS

El Gobierno Foral activa dos grupos de técnicos para analizar la prestación y sus posibles mejoras

La reforma de esta prestación es uno de los compromisos del nuevo Ejecutivo, exigido por distintos colectivos sociales

La Vicepresidencia de Derechos Sociales ha puesto en marcha una metodología participativa para revisar la actual renta de inclusión social, uno de los compromisos del Gobierno Foral. Para ello, constituirá dos grupos de técnicos independientes que analizarán la situación de las personas que precisan de esta prestación y los aspectos de mejora que deben introducirse en la normativa vigente o, si fuera preciso, en una nueva regulación.

Según ha informado el Gobierno en una nota, entre los compromisos recogidos en el acuerdo programático se encuentra garantizar, en los seis primeros meses de la legislatura, un ingreso mínimo a todas las personas mediante la implantación de una renta básica. Este compromiso implica, según la Vicepresidencia de Derechos Sociales, una revisión de la actual normativa de la renta de inclusión social y de los procedimientos de gestión utilizados.

De los dos grupos de trabajo previstos, el primero se reunirá por primera vez este viernes. Está compuesto por ocho profesionales de los servicios sociales de base (a propuesta de las coordinadoras de las siete áreas en las que se distribuyen estas entidades) y tres profesionales de la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Además de revisar la normativa vigente, este grupo analizará y propondrá propuestas de mejora en los procesos y procedimientos de gestión.

El segundo grupo comenzará su trabajo el próximo lunes y estará formado por ocho personas en representación de las organizaciones sociales (cinco a propuesta de la Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social y tres en nombre de Cáritas, Cruz Roja y la Plataforma por la Renta Básica) y tres profesionales de la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

Los trabajos de ambos grupos se cerrarán para mitades de noviembre en lo que respecta a las propuestas de modificación normativa. Sin embargo, continuarán sus labores más allá de ese plazo, abordando el seguimiento y evaluación de los cambios normativos, de manera que a final de legislatura se puedan hacer los cambios que fueran necesarios tras una evaluación rigurosa de su funcionamiento.

La previsión

Por otra parte, estos grupos remitirán sus trabajos a un grupo mixto conjunto (dos representantes de servicios sociales y dos representantes de organizaciones sociales) al que se incorporarán expertos en la materia procedentes de la Universidad Pública de Navarra y de otras administraciones (entre dos y cuatro). Contará, además, con profesionales del Observatorio de la Realidad Social de la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

Los trabajos de este grupo finalizarán en la primera quincena de diciembre, de modo que se pueda trasladar a los grupos parlamentarios la propuesta de modificación de la norma vigente en ese mismo mes. Asimismo, este grupo continuará posteriormente con el trabajo de seguimiento y evaluación de las modificaciones que finalmente se produzcan, ha añadido el Ejecutivo.

Todo ello se complementará con un plan de trabajo con los profesionales de los servicios sociales de base, mediante seminarios de intercambio de experiencias y valoraciones entre profesionales de dichos servicios y profesionales de la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Este plan se centra en la mejora de los procesos y procedimientos, de manera que la respuesta de las administraciones a las personas que precisan estas ayudas sea lo más rápida, ágil y sencilla. Este plan se ha iniciado ya, mediante una primera recogida de información de elementos de mejora a introducir. Y entre octubre y noviembre se realizarán diversos seminarios.

Finalmente, y como elemento novedoso, el proceso de participación se completará con dos grupos de discusión con perceptores de la renta de inclusión, uno en Pamplona y otro en Tudela, que se realizarán en noviembre. Estos grupos permitirán conocer la opinión y necesidades de las personas beneficiarias de esta prestación, ha concluido el Gobierno.

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