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Los partidos que apoyan al Gobierno Foral piden una defensa del Convenio como “un derecho histórico”
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han presentado una declaración institucional para que el Parlamento foral manifieste la “necesidad” de “desarrollar una defensa” del Convenio Económico por constituir “una importante expresión de nuestro régimen foral y un derecho histórico y democrático que corresponde a la ciudadanía de Navarra”.
En la declaración, que será debatida por la Mesa y Junta de Portavoces en su sesión del próximo martes, los cuatro partidos que sustentan el Gobierno también proponen que la Cámara rechace las declaraciones de representantes políticas y las afirmaciones que se realizan en el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda en las que “se cuestiona la solidaridad de Navarra al considerar que suponen un ataque a un instrumento propio del Régimen Foral de Navarra como es el Convenio”.
En un tercer punto, los proponentes del texto plantean que la Cámara inste a todas las instituciones de la Comunidad foral a trabajar durante esta legislatura en “la defensa de todos los derechos que corresponden a Navarra y, en concreto, por desarrollar las competencias que Navarra tiene reconocidas en la Lorafna”.
Asimismo, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E quieren que el Parlamento considere que “la superación de las actuales dificultades de financiación de las políticas y servicios públicos pasa por eliminar el fraude fiscal y los paraísos fiscales, articular un sistema fiscal eficaz y progresivo, así como por derogar normas austericidas como son el artículo 135 de la Constitución y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria”.
Ya en un quinto punto, los cuatro partidos sostienen que “la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que estableció como prioridad absoluta el pago de la deuda pública” supone “un ataque al autogobierno fiscal y financiero de Navarra” y expresan la “necesidad” de su derogación.
Y también consideran “un ataque al autogobierno fiscal y financiero de Navarra”, la ley orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que piden que se derogue.
