El Gobierno abona a 245 personas con pensiones no contributivas el anticipo para equiparse a la Renta Garantizada

El Gobierno de Navarra ha abonado ya a un total de 245 personas (160 mujeres y 85 hombres) el anticipo de deducción fiscal para personas que cobran pensión no contributiva de jubilación, con el fin de que puedan equipar su pensión a la cuantía de la renta garantizada.

La cantidad media mensual recibida asciende a 155,49 euros, y a un total de 1.732 euros el promedio global que ha percibido cada beneficiario. El presupuesto destinado a este fin asciende a 424.464,30 euros, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Esta medida, que se ejecuta este año por primera vez, está incluida en la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. Dicha norma establece que las personas mayores con pensiones no contributivas de jubilación pueden acceder a una deducción fiscal equivalente a la diferencia entre lo que perciben de pensión y la cuantía de la renta garantizada, establecida para una persona que viva sola en 600 euros al mes. Además, el ingreso de esta deducción puede solicitarse de forma anticipada.

Las solicitudes de deducción adicional que se realizaron en 2016 (téngase en cuenta que la publicación de la LF 15/2016, se produjo el 18 de noviembre de 2016) fueron 60, de las cuales 52 fueron estimatorias y 8 desestimatorias. De esta manera, tras el traslado de estas solicitudes a la Hacienda Foral de Navarra, se ha practicado en la pasada Campaña de la Renta de 2016 la deducción adicional a los 52 pensionistas. Estas personas han percibido una media de 163,48 euros mensuales, suponiendo una inversión social de 102.012 euros para todas ellas en el año 2016.

Según recoge la memoria económica de la Ley, se estima que unas 1.300 personas pueden encontrarse en la misma situación, por lo que es de esperar, ha dicho el Gobierno, que se vayan incorporando en el futuro inmediato. La inversión social estimada en su momento preveía que pudiera llegar a destinarse a este fin unos cinco millones de euros.

El consejero de Derechos Sociales ha hecho una valoración “muy positiva” de la medida. “Por primera vez se ha extendido la protección de la renta garantizada a personas mayores de 65 años con pensiones de miseria. Gracias a esta ley, estas personas mayores tendrán garantizados unos ingresos mínimos con que hacer frente a sus necesidades más básicas”, ha dicho.