A Mariano Rajoy le traicionó el subconsciente. Sólo dijo “llueve mucho” para esquivar una respuesta concreta cuando los periodistas trataron de conocer su opinión sobre la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Inés del Río Prada. Y era cierto, llovía en Madrid. Sin embargo, todos pensamos que, una vez más, el presidente eludía comprometerse ante el anunciado varapalo contra la 'doctrina Parot'. Pero estábamos equivocados. Hete aquí que, por una vez, fue sincero. Donde los chuzos empezaban a ser realmente de punta era ya en el seno de su propio partido.
Un sector nada desdeñable del PP – ahí está, en primera fila, la presidenta del partido en Madrid – estaba decidido a dar toda la caña que fuera necesaria para incidir en una dinámica bien ensayada y engrasada durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Si entonces se trataba de socavar la credibilidad del Ejecutivo socialista por su debilidad ante ETA enfrentándolo a las victimas del terrorismo, ahora sólo habría que presentar la decisión de la Gran Sala como una consecuencia de aquellos comportamientos. Y, de paso, cuestionar el fallo desde todos los ámbitos.
El problema es que esta vez el PP no podía presentar la batalla desde la oposición y que el margen de maniobra del Gobierno ante la ya inapelable sentencia del Tribunal Europeo resultaba inexistente. El problema para algunos es que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha establecido, en el auto de libertad de Juan Manuel Piriz, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “marca el canon o estándar internacional en el reconocimiento y protección de los derechos humanos fundamentales en Europa..” y constituye además “el fiel de la balanza que sirve de referencia para calibrar la calidad del ”Estado de Derecho“ de sus países miembros”
El auto no ha dejado lugar a dudas cuando asevera que separarse de la jurisprudencia que marca el Tribunal “no sólo implica una infracción de obligaciones jurídicas internacionales” sino también “distanciarse de Europa y del sentido de su civilización”. Y estas palabras entrañan una descalificación en toda regla de quienes están abogando por evitar a toda costa que la mal llamada 'doctrina Parot' pase a la historia.
No se trata en absoluto de minusvalorar el enorme dolor de las víctimas. Al contrario. Porque se respeta ese dolor y porque es importante acompañarlo, se valora la importancia de cumplir con la legalidad. También, y por supuesto, con la que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Parece razonable pensar que en ese empeño de respeto a la ley hubiera encontrado el Gobierno un campo de entendimiento con todas las fuerzas políticas para abordar una cuestión que estaba anunciada desde hace meses y que iba a suponer la salida de las cárceles de un importante número de presos de ETA porque ya han cumplido la pena. Pero prefirió jugar sólo con su partido. Y los populares se han enredado en la maraña que ellos mismos tejieron cuando optaron por utilizar a las víctimas en su propio beneficio político. Víctimas que eran y son de todos; víctimas con las que todos los ciudadanos tenemos un deber de memoria, justicia y reparación.
Porque las han utilizado. Las palabras que el lunes pronunció la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal doliéndose del injusto tratamiento recibido el domingo en la Plaza de Colón son la prueba más clara. No es verdad que el PP sea “el único partido que siempre ha estado al lado de las víctimas”. No se empeñe señora Cospedal. El PP tiene el poder en sus manos pero no el monopolio del apoyo a las víctimas. Ha habido otros más junto a ellas. Y siguen ahí. Y seguirán ahí. Sin alharacas y al margen de que jarree en el seno del PP.
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