¿A dónde va el dinero que no se destina a la educación pública?
Siempre nos han fascinado esos números con ojos, brazos y sonrisas que aparecen en los libros infantiles. Quizá porque, desde pequeños, intuimos que los números tienen algo de mágico. Crecen, menguan, se multiplican y nos permiten imaginar realidades que nunca hemos visto. Parecen fríos, impersonales, pero basta con detenerse en lo que representan para descubrir que detrás de cada número se esconden historias, personas y vidas enteras. Hay cifras que nos hacen felices, cifras que preocupan, cifras que matan y cifras que duelen.
Como los aproximadamente 130 euros que nos descuentan por cada jornada de huelga a los docentes de Madrid. Un agujero de más de 2.000 euros en nuestras nóminas que sigue creciendo después de cuatro semanas de huelga. Cifras con rostros: los de docentes que agotan sus ahorros, necesitan ayuda para pagar el alquiler u organizan desayunos solidarios para alimentar las cajas de resistencia. Porque hacer huelga no sale gratis, pero tampoco lo hace permanecer de brazos cruzados mientras se deteriora nuestra educación pública.
Hay otros números que duelen. Los 35 alumnos que se agolpan en un aula de Bachillerato; los niños y niñas que no reciben la atención especializada que necesitan; las educadoras infantiles que se dejan la piel sin contar con los brazos suficientes para atender a nuestros pequeños y pequeñas o las familias que no encuentran una plaza pública en su barrio.
También hay números que asustan: un solo orientador por cada 750 alumnos (la UNESCO recomienda uno por cada 250) o ser el territorio del estado que menos dinero público invierte por alumno, 5.500 euros. La media nacional es de 6.850. Además, somos la comunidad en la que más tienen que invertir los hogares por alumno: 2.676 euros.
Y luego están los números que indignan. Los numerosos porrazos recibidos y detenciones por defender pacíficamente un derecho universal como la educación pública. O los casi 125.000 euros brutos anuales que percibe la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo: unos 342 euros diarios, más que el presidente del Gobierno de España. Pero más sonrojante que su salario es que, después de cuatro semanas de huelga, siga sin sentarse a negociar con el comité que representa al profesorado movilizado, tal y como establece la legislación vigente. Mientras al profesorado se nos reprime y se nos descuenta cada jornada de huelga, a ella no se le retrae ni un euro por desatender sus obligaciones legales. ¿No es también una forma de despilfarrar el dinero público?
La misma consejera que considera inasumibles nuestras reivindicaciones: según sus cálculos, aumentar 600 euros mensuales los salarios docentes costaría 665 millones anuales. Una cantidad imposible de asumir en la comunidad autónoma más rica de España y, repetimos, la que menos invierte por alumno en enseñanza no universitaria.
Pero ¿faltan realmente recursos o sobran determinadas prioridades políticas?
Para responder a esta pregunta nace la “Ruta del Despilfarro”, una marcha con la que queremos poner ojos y rostros —a veces, de cemento— a los números. Este viernes 6 de noviembre a las 18:00 horas recorreremos ese otro Madrid que no aparece en las guías turísticas, pero sí en las investigaciones periodísticas y judiciales. Una peculiar visita guiada cuyos monumentos serán sedes empresariales, adjudicaciones millonarias y lugares vinculados a presuntos casos de corrupción. Porque Madrid es donde se cruzan los caminos… y también los intereses empresariales, la corrupción política y las medidas privatizadoras. Una ruta por el Madrid de Ayuso.
Comenzaremos ante QuirónPrevención, perteneciente al grupo Quirónsalud, uno de los principales beneficiarios de la gestión privada de hospitales públicos madrileños. Entre 2019 y 2024, sus cuatro hospitales recibieron aproximadamente 5.036 millones de euros, de los cuales 2.208 millones superaron las cantidades inicialmente presupuestadas. A ello se suman los contratos para realizar reconocimientos médicos a empleados públicos, incluidos docentes, pese a las denuncias sindicales por la insuficiente atención prestada.
Y mientras la sanidad pública se asfixia por falta de recursos, el negocio privado parece gozar de una salud de hierro. Que se lo pregunten a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, cuyas empresas facturaron millones de euros a Quirón Prevención, siendo esta vinculación investigada judicialmente. Solo los 106 millones del pago extraordinario aprobado en diciembre de 2025 para hospitales gestionados por Quirón equivaldrían al coste anual de contratar a unos 1.900 docentes de Secundaria.
Nuestra siguiente parada será el llamado ático de Ayuso, un inmueble adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. Una compra rodeada de interrogantes y explicaciones cambiantes: primero iba a ser un despacho provisional; después se supo que también se contemplaba su uso como residencia institucional. Y cuando la prensa destapó la operación, aquella necesidad desapareció milagrosamente. ¿Se pretendía costear con dinero público una residencia para las autoridades autonómicas? Mientras tanto, esos 6,3 millones equivaldrían al coste estimado de climatizar unas 630 aulas públicas.
También atravesaremos el espejo de la enseñanza concertada y privada madrileña, donde los derechos se convierten en privilegios y la libertad de elección se transforma, en muchos casos, en la obligación de acudir a centros privados. Una libertad, amparada por la llamada Ley Maestra, que permite ceder suelo público a centros concertados mientras numerosos barrios siguen esperando sus colegios e institutos públicos.
Una libertad que destina 1.391 millones de euros a conciertos educativos y otros 74 millones a becas para cursar Bachillerato y FP en centros privados. Ayudas a las que pueden optar familias de cuatro miembros con ingresos de hasta 143.652 euros anuales, mientras, según la plataforma Comedor Universal por Derecho, seis de cada diez menores madrileños en situación de pobreza se quedan sin beca de comedor escolar.
¡Robin Hood al revés! Dinero público que acaba engordando las cuentas de empresas educativas privadas. Solo esos 74 millones equivaldrían aproximadamente al coste de construir seis institutos públicos como el que durante años han reclamado los vecinos de El Cañaveral.
Nuestra última parada será ante la sede de Virelec, empresa vinculada al caso FP, en el que se investigan adjudicaciones presuntamente irregulares por unos 8 millones de euros en obras de centros educativos públicos. Durante la etapa de Enrique Ossorio como consejero de Educación, se habrían fraccionado contratos para adjudicarlos directamente, eludiendo los concursos públicos. Ossorio preside hoy la Asamblea de Madrid, donde el PP ha vetado la comparecencia de nuestro comité de huelga. ¡Ocho millones de euros bajo sospecha, equivalentes a la financiación estatal prevista para crear más de 4.200 plazas públicas de FP, mientras miles de jóvenes no consiguen acceder a los ciclos que desean!
Dicen que los números son fríos. Pero hay cifras que queman. Y las que retratan el abandono de nuestra educación pública deberían hacernos arder de indignación. Una indignación que seguiremos convirtiendo en movilización hasta que Zarzalejo se siente a negociar y atienda nuestras demandas. #ZarzalejoSiéntate