Tras la pandemia y la guerra, y con una transformación energética pendiente, vivimos un momento económico definido por el tejido productivo. Si hace una década los economistas nos informaban de las primas de riesgo y el déficit, hoy nos hablan de tierras raras y el coste de producción de placas solares en China. En la reemergencia de la economía productiva frente a la financiera han pesado mucho las vulnerabilidades en torno al COVID-19. Y esto va más allá de lo material, sin olvidar el importante papel de lo público en la investigación y desarrollo de vacunas y otro equipamiento. Lo que hemos reaprendido es que la economía no es algo abstracto y alejado de la vida de la gente. De 2020 en adelante vimos trabajadores esenciales en sectores precarizados como la limpieza, los cuidados o el transporte jugarse el cuello para evitar un colapso mayor. Así, la economía la construimos entre todos, y ninguna actividad ni sector es totalmente independiente del resto. Si la meta compartida hoy es una economía que se ajuste a los límites del planeta, entonces necesitamos un vehículo donde quepamos todos.
Este contexto quizá explique por qué la marcha anunciada a Países Bajos de Ferrovial ha causado tanto rechazo. Por desgracia, la idea de que “estamos juntos en esto” pesa poco en un consejo de administración con responsabilidades fiduciarias. Si apelar al patriotismo es inviable, otros sugieren algo poco original: acabar con el “infierno fiscal” y la “inseguridad jurídica” en España. Y debemos entrecomillar esas afirmaciones, porque ni los datos ni los discursos de los inversores extranjeros demuestran desconfianza hacia nuestro país. Según datos de Santander Trade, 2021 y 2022 han sido años récord para la entrada de capital extranjero. Un apunte: reducir la recaudación fiscal para satisfacer a Ferroviales y otros es también un reclamo extravagante para un sector que depende casi en su totalidad de contratistas públicos.
En realidad, la respuesta está en el sentimiento postpandemia, que redescubre las costuras interdependientes que conforman nuestra economía. Antes de Ferrovial, vimos también declaraciones insensibles del sector energético, uno de los grandes beneficiados de la inflación. Pese a su beneficio con las subidas de tipos, la banca española ofrecería un 50% menos de rentabilidad en depósitos que sus equivalentes europeos. Ninguno de estos dos sectores ha descubierto una innovación o un producto sin precedentes para justificar sus beneficios. Simplemente, vemos cómo el diseño actual de las instituciones (monetaria, competencia, etc.) y mercados permite que la maximización de beneficios sea el único incentivo empresarial relevante.
Históricamente, la política industrial es la que ha generado incentivos alternativos para la inversión privada, también aquellos que implican un pacto productivo más justo. Con ello no hablamos de medidas únicamente destinadas a manufacturas. La palabra clave es coordinación: contar con agencias permanentes, plurales y autónomas, que fijen objetivos de transformación sectorial explícitos y asumidos por los actores económicos relevantes. En la práctica es más fácil de entender. Si las condiciones laborales se deciden en diálogo social entre gobierno, sindicatos y patronal, lo que necesitamos es un equivalente que se encargue de las condiciones productivas.
En nuestro país, el sueño de la burbuja inmobiliaria dejó de lado esta visión de mercado coordinado. Poco importaba entonces el cierre de industrias estratégicas, algo asumido como “natural” en todas las economías avanzadas. Hoy, comparativas a nivel internacional y subnacional muestran mayor resiliencia económica en aquellas zonas con mayor presencia industrial. Países asiáticos como Singapur tienen presencia habitual en los sesgados “índices de libertad económica”. Lo que se comenta menos es la vinculación de su auge económico a la planificación de agencias públicas y su capacidad para estimular intercambios de conocimientos y tecnologías entre la universidad, el sector privado y la sociedad civil. Pese a las décadas de turbulencias, países como Corea del Sur, Alemania o Finlandia han empleado mecanismos de pacto productivo con efectos beneficiosos en diversificación sectorial, salarios, productividad, competitividad exterior y otros indicadores.
En el próximo informe del Future Policy Lab, El Retorno de la Política Industrial, los autores resumimos estos modelos de éxito productivo con tres C: coordinación de actores, coherencia de políticas y criterios de selección sectorial. Aunque valoramos positivamente iniciativas del gobierno en torno al Plan de Recuperación y los fondos europeos (como los PERTE), vemos también límites. Sobre todo, preocupa que constituyan medidas coyunturales sin efectos a largo plazo en nuestro modelo productivo. Para ello, recomendamos constituir mecanismos de intercambio de información y decisión para que las empresas, la banca, los trabajadores y la administración reconozcan cuellos de botella y oportunidades de desarrollo.
Sobre todo, tenemos que trascender objetivos demasiado generales en torno a la sostenibilidad y la digitalización. Claro que queremos una economía más verde y conectada. Pero, sin indicadores económicos asociados (creación de empleo neto, arrastre de demanda de componentes, etc.) será difícil medir la oportunidad que esta transformación ofrece para empresas y trabajadores. Por eso, la mejor manera de que la buena voluntad de los actores se traduzca en hechos es constituir mecanismos de condicionalidad sujetos a objetivos transparentes y medibles en el tiempo. Es precisamente lo que la administración Biden persigue con su reforma reciente de la Ley de CHIPS, donde se contempla la limitación de actitudes especulativas como la recompra de acciones para receptores de ayudas públicas.
En los treinta gloriosos de desarrollo europeo, holdings públicos como el IRI italiano, participaciones estatales francesas, o licencias de propiedad intelectual en Reino Unido permitían un retorno justo al contribuyente. Ante la pérdida de músculo productivo público, necesitamos un retorno de la política industrial para pluralizar y ensanchar la transformación sostenible en nuestro país.