Cuando se firmó la Carta fundacional de la ONU en 1945, en el párrafo 3 del artículo 109 se especificó que, al cabo de diez años, se procedería a una revisión de la misma. Aunque la prometida y esperada reforma de la ONU, pendiente desde 1955, abarca multitud de aspectos, hay tres que han merecido la máxima atención: la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la supresión del derecho a veto de los anteriores, y un cambio en el peso de las votaciones de la Asamblea General, sustituyendo el actual sistema de un país-un voto, por un mecanismo ponderado.
La reforma de la ONU, en particular de estos tres puntos, tiene cada vez más adeptos, y los países emergentes están apretando con fuerza para que sea una realidad a corto plazo. Este año, con India presidiendo el G-20, el tema volverá a ponerse en la agenda. De hecho, hace pocos meses ya se celebró en la Asamblea General un debate sobre ello, con un gran consenso en ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad, y por parte de los países con mayor peso demográfico, de cambiar en sistema de votación.
En la actualidad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y con derecho a veto, son cinco: China, Estados Unido, Rusia, Francia y Reino Unido (P5). Es una herencia de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de hace casi ocho décadas, una anomalía que la mayor parte de los países quieren solventar. El debate está en los países candidatos, que son varios. Los cinco países actuales, forman parte de las diez economías más importantes del planeta en términos absolutos. Dentro de este parámetro, hay cuatro candidatos claros a optar por una plaza: India, Japón, Alemania y Brasil (el llamado G-4), que no esconden en absoluto su postulación a ocupar este cargo, pero de momento sin lograrlo. Tanto Argentina como México se oponen a la candidatura de Brasil, pero el Reino Unido es partidario de ampliar el número de miembros, incluidos los del G-4 más una representación de África. Serían, por tanto, nueve los miembros permanentes, de los cuales 4 serían europeos, 3 asiáticos y 2 de América. Tiene el inconveniente de no tener ningún país africano. En África, las mayores economías son Egipto y Nigeria, por este orden, y Nigeria y Egipto, los mismos pero invertidos en el orden, si se considera el tamaño de su población. El problema reside en que ninguno de los dos goza de buena salud democrática, y que no sería fácil encontrar un consenso entre los países africanos, además de las pretensiones de Sudáfrica. Una solución podría ser que fueran miembros permanentes de forma alterna, cada dos años. La Unión Africana (UA), pide que los nuevos miembros permanentes también tengan derecho a veto, siempre y cuando subsista el sistema de veto. La UA propone un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de al menos veintiséis miembros, incluidos dos puestos permanentes y cinco no permanentes para los países africanos. A mi parecer, lo que pide no es factible. En cambio, el llamado G4 propone ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 15 a 25, mediante la adición de seis miembros permanentes y cuatro miembros no permanentes, con el objetivo de que el G-4 obtenga miembros permanentes. El G-4 acuerda renunciar a su derecho de veto durante al menos 15 años. Es una propuesta más realista.
En relación a la supresión del derecho a veto, a pesar de que hay un amplio consenso respecto a la cuestión, el problema reside en que cuatro de los cinco países que actualmente tienen ese privilegio se resisten a perderlo, aunque Francia y el Reino Unido no han emitido un veto desde el 23 de diciembre de 1989 (S/21048) cuando, junto con los Estados Unidos, impidieron la condena de la invasión estadounidense de Panamá. Ambos países son conscientes de la cuestionable legitimidad de sus escaños a los ojos de varias partes interesadas en la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en especial las ex colonias.
En cambio, el uso del veto por parte de Rusia y China aumentó considerablemente desde 2011. Francia, miembro permanente, ha abogado por una restricción voluntaria del veto por parte de los miembros permanentes desde mediados de la década de 2000. En agosto de 2015, Francia, con el apoyo de México, lanzó la “Declaración política sobre la suspensión de los poderes de veto en casos de atrocidades masivas”. El objetivo era que los miembros permanentes, el P5, se comprometieran voluntariamente a no utilizar el veto en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a gran escala. Entre los miembros permanentes con derecho a veto, sólo Francia y el Reino Unido han apoyado esta iniciativa. A finales de 2022, la posición oficial de Francia era la de que la cuestión del veto era muy delicada, y que correspondía decidirlo entre los nuevos países que en su día su incorporen al Consejo de Seguridad.
El veto ha sido utilizado cerca de 300 veces por el P5 desde 1946, con Rusia, Estados Unidos y China utilizando este mecanismo de forma abusiva en las últimas tres décadas. Las dos últimas administraciones de Estados Unidos, ha manifestado claramente su oposición a suprimir el derecho de veto, aunque se ha comprometido a no usarlo, excepto en situaciones “raras y extraordinarias”. El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió la “profunda sabiduría” de los fundadores de las Naciones Unidas, refiriéndose al poder de veto como la base de la estabilidad internacional. En un debate de la Asamblea General de noviembre de 2022, el orador ruso se opuso a restringir el derecho de veto, porque “la prorrogativa incentiva los miembros a buscar soluciones equilibradas”, una mala excusa. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, también es partidario de mantener el veto, y ha elogiado el importante papel del Consejo de Seguridad “en el control del instinto de guerra”.
El tercer aspecto a considerar es el referente al sistema de votación. Hace casi tres décadas, en un libro que escribí sobre la reforma de la ONU, redactado a la vuelta de Somalia y Ruanda y observar en directo el fracaso de las operaciones de mantenimiento de la paz, lancé una propuesta para superar la absurdidad de que cada país tuviera un voto en la Asamblea General, de manera que tenía en mismo valor el voto de la India, con 1.400 millones de habitantes, que de las de varios países, islas en su mayoría, con poco más de 100.000 habitantes. Hay 34 países cuya población no supera el millón de habitantes. No es muy democrático ni sensato que el 0,1% de la población mundial disponga de casi el 18% de los votos en la Asamblea General. El voto había que ponderarlo de alguna manera, y con los años han salido varias propuestas vinculándolo con la población y/o con el peso del PIB. Mi propuesta, que todavía mantengo, es que cada país tuviera una cantidad de votos equivalente a la raíz cuadrada de su población, expresada por millones de habitantes, con un voto para los países que no llegaban al millón de habitantes. De un total de 810 puntos, el país con más votos, China, tendría 38 puntos, seguido por India (37), Estados Unidos (18), Indonesia (17), Pakistán (15) y Brasil (15). Para obtener el 50%+1 de los votos, esto es, la mayoría simple, se necesitaría el acuerdo de 36 países, dando representación a todos los continentes, sistemas políticos, poder económico o creencias religiosas. Para obtener los 2/3 de los votos, necesario para la toma de decisiones importantes, sería necesario sumar 540 puntos, esto es, lo equivalente a la participación de los 60 países más poblados de la tierra. El resultado sería mucho más democrático y representativo que el actual sistema de votación, francamente ridículo. El cálculo en función de la población, además, me parece más justo que el hecho por el PIB, pues los habitantes de los países pobres deberían tener que el mismo valor que los de los países ricos.
En el último año, y a consecuencia de la guerra en Ucrania, se ha prestado una gran atención a las votaciones realizadas en el marco de la ONU, sea en el Consejo de Seguridad, con el veto de Rusia y la abstención de China, o en la Asamblea General, donde una gran cantidad de países han preferido abstenerse en las propuestas de condena de la invasión. Urge, por tanto, avanzar en la reforma de al menos estos puntos mencionados, para calibrar en su justa medida el pulso del mundo y el de sus opiniones públicas en los temas de mayor calado.