Aplicar las leyes con entusiasmo y violencia
Uno los mantras que más he escuchado acerca del desahucio de la señora Maricarmen es que la situación de su alquiler estaba “fuera de derecho”. No seguí el caso desde el principio, pero cuando estuve leyendo los pormenores de lo que había ocurrido en torno a su piso del barrio de Retiro pensé que, sí, seguramente y sobre el papel, el alquiler que la señora, recordemos, de ochenta y siete años, estaba pagando, no se ajustaba a derecho; cosa de la que, por otro lado, tampoco estoy seguro porque no soy jurista.
Como es evidente, tengo estómago, corazón y alma y, por más que Urbagestión, con la ley en la mano, pueda tener razón en que el piso es suyo y puede disponer de él como quieran, no me entra en la cabeza cómo alguien puede dormir tranquilo después de sacar en camilla a una señora de ochenta y siete años de la casa en la que ha vivido setenta; una casa a la que llegó a mediados de los años cincuenta con un contrato firmado por su padre y de la que se ha largado a mediados de los dos mil veinte con una sentencia firmada por una jueza. Entre ambas firmas cabe un país entero.
Menos todavía me entra en la cabeza los que lo aplauden desde fuera, los que defienden a capa y espada a los propietarios y, en último pero no menos miserable lugar, los que frivolizan con el drama de esta señora. Hay que elegir y ser coherentes: o “prioridad nacional” o “yo a esa vieja no la conozco”. Hay toda una cadena de desalmados, que empieza por quien solicita el desahucio, pasa por quien lo firma, quien se pone un uniforme de policía y lo ejecuta, y acaba con quien lo jalea en Twitter. Esa gente tiene un argumento, y ese argumento es la ley. La ley es la ley, dicen, con la satisfacción del que acaba de encontrar la frase que le ahorra todas las demás; es un argumento lapidario que aparece para cerrar la conversación, como un salvoconducto con el que uno puede atravesar un desahucio sin mancharse los zapatos y sin tener que preguntarse —porque pa' qué— qué va a ser de una señora con una pensión de 1.300 euros en el Madrid de hoy en día.
Porque, además, la ley permite desahuciar a Maricarmen, evidentemente. Lo que no hace la ley es obligar a desahuciarla, ni que haya que hacerlo pase lo que pase y caiga quien caiga; la ley solo abre una puerta, pero cruzarla o no es cosa de cada uno; en ese trecho que va de lo que se puede hacer a lo que uno decide hacer es donde cada cual se retrata. Porque no es lo mismo cumplir la ley a regañadientes y sabiendo que algo falla en el sistema, que presentarte voluntario para aplicarla o jalearla, con entusiasmo y violencia, a cada mínima ocasión.
Lo curioso es que, durante siete décadas, la ley ha estado de lado de Maricarmen, pero ahora los devotos de la legalidad, que además, por lo que sea, son todos de derechas, han estado calificando su contrato de renta antigua de chollo injusto; la ley se ha vuelto sagrada y perfecta el día en que empezó a jugar a favor del propietario. Pasa la misma cosa cuando la norma se inclina, aunque sea un poquito, hacia el lado de los que menos tienen: un tope —legal— a los precios del alquiler es intervencionismo; si un comité de la ONU cuyas resoluciones España se ha comprometido a atender pide que se suspenda un desahucio, es una injerencia o papel mojado; si se prorroga una moratoria para familias vulnerables, es un regalo a los okupas. En esos casos, da igual. La ley solo es la ley cuando jode a los de siempre.