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¿Deslealtad o control?

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No dejan de sorprenderme las constantes acusaciones de “deslealtad” dirigidas a Podemos no ya cada vez que surge un desencuentro entre los ministros de ese partido y los de la parte socialista – algo, como voy a intentar defender, completamente normal en cualquier democracia - sino incluso cuando diputados de Podemos critican al Gobierno desde el Parlamento, algo que configura el abecé de la división de poderes en su versión digamos clásica. En muchos casos esas recriminaciones son tan solo una señal más, otra, de una apabullante falta de ecuanimidad. Acusar de deslealtad a Podemos en el Gobierno de la Nación mientras se jalean los adelantamientos electorales provocados por Ayuso o Mañueco y la consiguiente defenestración de Ciudadanos – su socio de gobierno en ambos casos - revela una parcialidad tan evidente que sobra cualquier comentario. Pero no solo es eso. Hay también algo de incomprensión de la lógica política en un contexto multipartidista.

¿Debe Podemos, como formación política, asumir resignadamente todo lo que Pedro Sánchez decida durante los cuatro años de su mandato? ¿Es deslealtad que exteriorice lo que piensa? En buena lógica, la lealtad solo cabe exigirse con respecto al cumplimiento de un pacto o acuerdo determinado. Lo contrario – la ausencia de discrepancias en todo, durante cuatro años – no sería lealtad, sino más bien identidad o fusión. Y una coalición no es eso: es el acuerdo entre dos sujetos diferentes que deciden colaborar en la consecución de ciertos objetivos comunes, pero manteniendo su particular identidad. 

Ese pacto o acuerdo, que es de lo único de lo que puede exigirse en rigor “lealtad” - y sobra decir que tanto a una parte como a la otra - es público, se firmó el 30 de diciembre de 2019, y se supone que orienta la acción del Gobierno. Que durante el transcurso de la legislatura surjan temas frente a los que ambos partidos mantienen una postura diferenciada – Cataluña, Marruecos, las distintas visiones del feminismo, Ucrania, la Monarquía, etc. – es algo que va de suyo en la lógica de todo gobierno de coalición, y sorprende que aquí, lejos de entenderse como señal de normalidad democrática, se interprete constantemente como traición, felonía, infamia y defección. Décadas de bipartidismo han hecho sin duda mella en nuestra percepción de la esfera política. 

Pero no se trata solo, creo, de una cuestión de expresión de preferencias y por tanto de la mera posibilidad de deliberación democrática. Se trata de que el pluripartidismo ha acabado configurándose como uno de los mejores y más eficaces complementos de la triada clásica “legislativo, ejecutivo, judicial” que seguimos enseñando como una suerte de latiguillo escolástico, pero que ha perdido en parte su razón de ser. Dejemos a un lado el poder judicial, que - cuando es independiente del poder político, cosa que aquí está lejos de ser del todo cierta -  puede controlar a los otros dos. Lo cierto es que, en un universo con partidos políticos – es decir: en todas las democracias realmente existentes – que el legislativo controle al ejecutivo, o viceversa, constituye una entelequia. La cuestión no es si esos dos poderes estatales existen, que lo hacen siempre, sino si en ellos impera un solo partido o varios. 

Si solo es un partido el que copa tanto Moncloa como el Congreso, la mera posibilidad de control mutuo desaparece. ¿De veras hemos de creer que Felipe González, jefe de filas del PSOE, podía ser controlado por la mayoría parlamentaria de diputados socialistas, que eran sus subordinados? ¿Quién controlaba a quién, los diputados populares a Rajoy o Rajoy, líder indiscutible del PP, a sus parlamentarios? En casos así no hay dos poderes – legislativo y ejecutivo – operando y vigilándose, sino uno solo: el partido político que, si tiene mayoría absoluta, es el verdadero poder que se sobrepone a los otros dos y los somete. 

Bajo una coalición, sin embargo, el sujeto que dirige tanto uno como otro poder ya no es uno, sino varios. Dos partidos, en nuestro caso. Y solo en la medida que mantengan su propia identidad y su propia línea de acción diferenciada podrán controlarse uno al otro, porque el pluripartidismo – que en Europa es la norma, recordemos – se ha configurado de alguna manera como el sustituto institucional de un control legislativo/ejecutivo que, sin él, no puede existir ya en las democracias de partidos.  Por eso, a la postre, y un tanto paradójicamente, lo cierto es que los que se rasgan las vestiduras cada vez que Podemos se desmarca de la acción del Gobierno e incluso lo critica (cosa que, por lo demás, en buena lógica institucional debería hacer también el propio PSOE, aunque tal extremo se empieza a contemplar ya como política ficción pura y dura) no están, en el fondo, más que o bien malentendiendo la realidad política e institucional del pluripartidismo,  o bien anhelando el anterior universo bipartidista y pensando desde él y desde los parámetros que han configurado, durante demasiado tiempo, la mirada de muchos. 

No dejan de sorprenderme las constantes acusaciones de “deslealtad” dirigidas a Podemos no ya cada vez que surge un desencuentro entre los ministros de ese partido y los de la parte socialista – algo, como voy a intentar defender, completamente normal en cualquier democracia - sino incluso cuando diputados de Podemos critican al Gobierno desde el Parlamento, algo que configura el abecé de la división de poderes en su versión digamos clásica. En muchos casos esas recriminaciones son tan solo una señal más, otra, de una apabullante falta de ecuanimidad. Acusar de deslealtad a Podemos en el Gobierno de la Nación mientras se jalean los adelantamientos electorales provocados por Ayuso o Mañueco y la consiguiente defenestración de Ciudadanos – su socio de gobierno en ambos casos - revela una parcialidad tan evidente que sobra cualquier comentario. Pero no solo es eso. Hay también algo de incomprensión de la lógica política en un contexto multipartidista.

¿Debe Podemos, como formación política, asumir resignadamente todo lo que Pedro Sánchez decida durante los cuatro años de su mandato? ¿Es deslealtad que exteriorice lo que piensa? En buena lógica, la lealtad solo cabe exigirse con respecto al cumplimiento de un pacto o acuerdo determinado. Lo contrario – la ausencia de discrepancias en todo, durante cuatro años – no sería lealtad, sino más bien identidad o fusión. Y una coalición no es eso: es el acuerdo entre dos sujetos diferentes que deciden colaborar en la consecución de ciertos objetivos comunes, pero manteniendo su particular identidad. 

Ese pacto o acuerdo, que es de lo único de lo que puede exigirse en rigor “lealtad” - y sobra decir que tanto a una parte como a la otra - es público, se firmó el 30 de diciembre de 2019, y se supone que orienta la acción del Gobierno. Que durante el transcurso de la legislatura surjan temas frente a los que ambos partidos mantienen una postura diferenciada – Cataluña, Marruecos, las distintas visiones del feminismo, Ucrania, la Monarquía, etc. – es algo que va de suyo en la lógica de todo gobierno de coalición, y sorprende que aquí, lejos de entenderse como señal de normalidad democrática, se interprete constantemente como traición, felonía, infamia y defección. Décadas de bipartidismo han hecho sin duda mella en nuestra percepción de la esfera política. 

Pero no se trata solo, creo, de una cuestión de expresión de preferencias y por tanto de la mera posibilidad de deliberación democrática. Se trata de que el pluripartidismo ha acabado configurándose como uno de los mejores y más eficaces complementos de la triada clásica “legislativo, ejecutivo, judicial” que seguimos enseñando como una suerte de latiguillo escolástico, pero que ha perdido en parte su razón de ser. Dejemos a un lado el poder judicial, que - cuando es independiente del poder político, cosa que aquí está lejos de ser del todo cierta -  puede controlar a los otros dos. Lo cierto es que, en un universo con partidos políticos – es decir: en todas las democracias realmente existentes – que el legislativo controle al ejecutivo, o viceversa, constituye una entelequia. La cuestión no es si esos dos poderes estatales existen, que lo hacen siempre, sino si en ellos impera un solo partido o varios. 

Si solo es un partido el que copa tanto Moncloa como el Congreso, la mera posibilidad de control mutuo desaparece. ¿De veras hemos de creer que Felipe González, jefe de filas del PSOE, podía ser controlado por la mayoría parlamentaria de diputados socialistas, que eran sus subordinados? ¿Quién controlaba a quién, los diputados populares a Rajoy o Rajoy, líder indiscutible del PP, a sus parlamentarios? En casos así no hay dos poderes – legislativo y ejecutivo – operando y vigilándose, sino uno solo: el partido político que, si tiene mayoría absoluta, es el verdadero poder que se sobrepone a los otros dos y los somete. 

Bajo una coalición, sin embargo, el sujeto que dirige tanto uno como otro poder ya no es uno, sino varios. Dos partidos, en nuestro caso. Y solo en la medida que mantengan su propia identidad y su propia línea de acción diferenciada podrán controlarse uno al otro, porque el pluripartidismo – que en Europa es la norma, recordemos – se ha configurado de alguna manera como el sustituto institucional de un control legislativo/ejecutivo que, sin él, no puede existir ya en las democracias de partidos.  Por eso, a la postre, y un tanto paradójicamente, lo cierto es que los que se rasgan las vestiduras cada vez que Podemos se desmarca de la acción del Gobierno e incluso lo critica (cosa que, por lo demás, en buena lógica institucional debería hacer también el propio PSOE, aunque tal extremo se empieza a contemplar ya como política ficción pura y dura) no están, en el fondo, más que o bien malentendiendo la realidad política e institucional del pluripartidismo,  o bien anhelando el anterior universo bipartidista y pensando desde él y desde los parámetros que han configurado, durante demasiado tiempo, la mirada de muchos. 

No dejan de sorprenderme las constantes acusaciones de “deslealtad” dirigidas a Podemos no ya cada vez que surge un desencuentro entre los ministros de ese partido y los de la parte socialista – algo, como voy a intentar defender, completamente normal en cualquier democracia - sino incluso cuando diputados de Podemos critican al Gobierno desde el Parlamento, algo que configura el abecé de la división de poderes en su versión digamos clásica. En muchos casos esas recriminaciones son tan solo una señal más, otra, de una apabullante falta de ecuanimidad. Acusar de deslealtad a Podemos en el Gobierno de la Nación mientras se jalean los adelantamientos electorales provocados por Ayuso o Mañueco y la consiguiente defenestración de Ciudadanos – su socio de gobierno en ambos casos - revela una parcialidad tan evidente que sobra cualquier comentario. Pero no solo es eso. Hay también algo de incomprensión de la lógica política en un contexto multipartidista.

¿Debe Podemos, como formación política, asumir resignadamente todo lo que Pedro Sánchez decida durante los cuatro años de su mandato? ¿Es deslealtad que exteriorice lo que piensa? En buena lógica, la lealtad solo cabe exigirse con respecto al cumplimiento de un pacto o acuerdo determinado. Lo contrario – la ausencia de discrepancias en todo, durante cuatro años – no sería lealtad, sino más bien identidad o fusión. Y una coalición no es eso: es el acuerdo entre dos sujetos diferentes que deciden colaborar en la consecución de ciertos objetivos comunes, pero manteniendo su particular identidad.