Feijóo y Abascal, luna de miel anticipada en Ceuta
Hay algo revelador en lo que no está ocurriendo entre el PP y Vox durante la crisis de Ceuta. En 2024, una situación parecida acabó con la ruptura de los gobiernos autonómicos que compartían. Dos años después hay mucha inflación retórica, pero pocas discrepancias de fondo y ningún interés en llevar el conflicto hasta la ruptura. Es la luna de miel anticipada de Feijóo y Abascal antes del matrimonio que ambos esperan formalizar tras las próximas elecciones generales.
No se trata todavía de una alianza formal, sino de la normalización de su relación como posible coalición estatal. Si las matemáticas electorales permiten una mayoría de PP y Vox, quieren demostrar desde ahora que pueden convivir en el poder sin hacerse la guerra. La prueba está en la gestión de los menores migrantes. El 13 de agosto, las comunidades gobernadas por el PP participaron en la reunión técnica convocada por la ministra de Juventud e Infancia, mientras los territorios donde Vox gestiona las competencias sobre menores decidieron no acudir. La reunión mostró el equilibrio que intenta mantener el PP: sentarse a la mesa, pero sin asumir el reparto, evitando un choque frontal con sus socios.
Hace dos años Vox rompió los gobiernos autonómicos después de que el PP aceptara el reparto de 347 menores procedentes de Canarias y Ceuta. Abascal presentó aquella decisión como una línea roja innegociable. En cambio, ahora la Consejería de Servicios Sociales y Familia de Extremadura que gestiona la ultraderecha ha tenido que asumir la tutela de cuatro menores llegados de Ceuta, pese a que los nuevos pactos de 2026 rechazan explícitamente su acogida.
¿Por qué no se rompe ahora lo que hace dos años saltó por los aires? La explicación jurídica —que desde 2025 existe un mecanismo que automatiza la redistribución cuando se supera la capacidad de acogida— es cierta, pero insuficiente.
Hay también un cálculo material. Romper acuerdos implica perder cargos, recursos y capacidad de decisión. En 2024, Vox renunció a unos 757.600 euros brutos anuales en salarios. Hoy el coste sería mayor: una ruptura completa supondría perder más de un millón al año en retribuciones. Y hay otro incentivo: en dos ciclos electorales, Vox obtuvo más de 16 millones en préstamos de un banco húngaro vinculado a Orbán. Romper ahora también significaría perder unos recursos que ya no va a encontrar en otra parte.
Pero el cálculo estratégico pesa aún más. Vox ya no necesita demostrar que es la oferta política que defiende la mano más dura contra a la inmigración porque ha conseguido trasladar su marco al centro de la conversación y convertir la “prioridad nacional” en una exigencia incorporada a acuerdos y presupuestos, como en la Comunitat Valenciana.
En septiembre de 2024, tras meses de tensión migratoria en Canarias, la preocupación por la inmigración se disparó del 11,2 % al 30,4 %, catapultándose como el primer problema del país según el CIS. Un salto de casi 20 puntos en apenas tres meses, de junio a septiembre. El dato muestra que el peso electoral de un asunto aumenta cuando un partido consigue que ocupe el centro de la agenda política y mediática. La crisis de refugiados de 2015 en Alemania ofrece otro ejemplo: convirtió la inmigración en uno de los grandes ejes de competición y favoreció notablemente a una Alternativa por Alemania que hasta entonces solo había cosechado magros resultados electorales con su programa euroescéptico.
Pero el riesgo para el PP es que, al convertir también la inmigración en uno de sus principales campos de batalla, aumente la importancia de un asunto que favorece más al discurso de Vox que al suyo. Hasta el punto de que Feijóo ha elevado el tono pidiendo confinar Ceuta por el riesgo de enfermedades atribuidas a los inmigrantes. Hay una subasta para ver quién hace la proclama más estridente en una competencia indisimulada por capitalizar la atención pública, con propuestas imposibles de aplicar, por razones geopolíticas o por conculcar una ley, la de extranjería, que sin duda será una de las primeras en ser derogadas y reformuladas si ambos llegan al gobierno.
Lo que se está ensayando en Ceuta es una cultura de coalición. El PP necesita a la extrema derecha porque ha quedado demostrado que no le alcanza la mayoría y Vox necesita demostrar que puede entrar en un futuro ejecutivo nacional sin dinamitarlo. Ha aprendido la lección de 2023, cuando Abascal apostó por un programa ultramontano que diferenciara su propuesta de los populares, lo que le hizo perder 19 diputados y alejar una mayoría de gobierno que parecía garantizada. El mayor problema para Feijóo es que cuanto más acerca sus posiciones a las de Vox, intentando cooptar su espacio electoral, más legitima su marco y menos amplía su base. No han desaparecido sus discrepancias: solo han descubierto que les resulta más rentable administrarlas que subrayarlas. Si los números se lo permiten en 2027, este noviazgo se convertirá en un matrimonio. Eso sí, de conveniencia.