Las violencias machistas son crímenes de poder
Mientras hay quienes discuten si la violencia de género existe o no, la policía tiene que proteger a decenas de miles de mujeres que son víctimas de las violencias machistas. Mientras algunos cuestionan su existencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad movilizan cada vez más agentes para proteger a a las mujeres, y también a sus hijas e hijos. Solo si miramos el sistema de seguimiento policial VioGén, a 31 de diciembre de 2025 sabremos que 103.942 mujeres tienen protección policial en España en el contexto de la violencia de género por parte de su pareja o ex pareja. Pero, además, en más de la mitad de esos casos, esas mujeres tienen hijos e hijas menores de edad a su cargo que de manera indirecta también están viviendo bajo esa protección. En ambos casos, el crecimiento de la protección policial ante el peligro que representa la violencia machista a las vidas de las mujeres y sus hijas e hijos, se ha incrementado un 2% respecto al año anterior.
El incremento que refleja ese dato, como todo dato que se analiza de manera monofocal, puede significar varias cosas: que hay más violencia, que hay más denuncias, que la detección ha mejorado o que más mujeres acceden a los mecanismos de protección. Probablemente hay algo de todo ello, pero el significado más evidente es el de que la violencia machista sigue produciéndose a un ritmo que el sistema no logra detener, que las violencias avanzan igual o más rápido que las políticas destinadas a frenarlas. Está fallando la sensibilización, prevención y la educación, las políticas en las que se debe invertir cuando el riesgo y el peligro todavía no existe. Invertir en el antes y no en el después porque lo que reflejan las estadísticas no son solo un problema sociológico, policial o judicial sino el síntoma de un conflicto profundo sobre el poder, el género y la autonomía de las mujeres. Un conflicto que además no afecta a todas por igual, las mujeres migrantes, racializadas o en situación administrativa irregular enfrentan mayores barreras para denunciar, acceder a protección y ser creídas por las instituciones.
La cuestión central no es únicamente cómo proteger mejor a las mujeres que sufren las violencias machistas (algo imprescindible) sino que esa violencia deje dereproducirse entre los hombres. Todo este contexto no puede separarse del clima político en el que el feminismo es presentado, cada vez con mayor frecuencia, como un adversario. La actual de normalización del antifeminismo,el auge de masculinidades reaccionarias, el cuestionamiento de las políticas de igualdad, los discursos que minimizan la violencia machista… La violencia machista no aparece en el vacío, se alimenta de imaginarios culturales que siguen otorgando legitimidad al control, al castigo o a la dominación del hombre sobre las mujeres (y sus hijas e hijos en el caso de la violencia de pareja o ex pareja) dentro de las relaciones.
Además, las violencias machistas tampoco se limitan al ámbito de la pareja. Las mujeres que participan en la vida pública y política vienen enfrentando formas concretas de agresión, de tratos vejatorias: violencia psicológica, digital y, cada vez con mayor frecuencia, amenazas físicas. Cuando esas mujeres son además racializadas, migrantes o pertenecen a minorías religiosas, la violencia se intensifica y adopta también formas racistas, islamófobas o xenófobas. Una violencia política de género que tiene un doble objetivo que estas mujeres abandonen el espacio público y disciplinar al resto de mujeres en las jerarquías del silencio y dejar claro quienes son los únicos legitimados para tener voz y poder en esa esfera.
La violencia de género es una cuestión democrática. Si en un país como el nuestro, en solo dos meses y medio de 2026, ya son trece las víctimas de violencia de género asesinadas (once mujeres, una niña y un niño), más de 100.000 mujeres necesitan protección policial frente a sus parejas o exparejas, y mujeres como Sarah Santolalla o Irene Montero -que participan en la vida política y pública- reciben amenazas de grupos extremistas, debemos empezar a plantear el problema en términos de seguridad pública porque estamos ante una exhibición de poder, ante crímenes de poder que amenazan la democracia. O como dice Rita Segato, “el crimen contra las mujeres no es moral: es político”. Nos afectan a todas y todos.