Amplían 18 meses de prisión preventiva a exasesor de Humala por caso de corrupción

Una juez peruana prorrogó por 18 meses el encarcelamiento preventivo al empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña electoral del actual presidente de Perú, Ollanta Humala, mientras se investiga su presunta implicación en un caso de corrupción, anunció hoy el Poder Judicial en un comunicado.

La medida dictada por la magistrada Zaida Pérez, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se computará desde el 24 de julio de 2016 hasta el 23 de enero de 2018.

Pérez desestimó ampliar la prisión preventiva a Belaunde Lossio por 36 meses, como pedía la Fiscalía, porque consideró que esa solicitud no tenía fundamento legal.

Belaunde Lossio, recluido desde mayo de 2015 en la prisión de Piedras Gordas, en el norte de Lima, está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y peculado en agravio del Estado, dentro del caso conocido como “La Centralita”.

Al procesado se le acusa de haber recibido fondos ilícitos del gobierno regional de Áncash, en el norte del país, entre 2009 y 2014.

La jueza Pérez fundamentó la ampliación de la reclusión del exasesor de Humala en la complejidad del caso, la gravedad de los delitos imputados, y en que “existe especial dificultad en la investigación por el número de procesados, que alcanza a 74 personas”.

La magistrada argumentó que existe peligro de fuga si Belaunde Lossio sale en libertad, al recordar que el imputado se fugó del país y estuvo un año prófugo a pesar de las órdenes de captura a nivel nacional e internacional en su contra, hasta que fue detenido en Bolivia.

Aseguró además que el imputado tiene los suficientes recursos económicos para volver a escapar de la justicia peruana, ya que él mismo propuso en una audiencia pagar una caución de un millón de soles (unos 303.000 dólares) a cambio de pasar a un régimen de arresto domiciliario.

Belaunde Lossio fue asesor de Humala durante la campaña electoral de 2006 y también se le acusa de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales, con los que presuntamente obtuvo beneficios económicos personales.