La CE actúa contra la moneda virtual y las tarjetas prepago en la lucha contra el terrorismo

La Comisión Europea (CE) propuso hoy actuar contra las plataformas de intercambio de monedas virtuales y los proveedores de monederos electrónicos, así como reducir el uso de pagos anónimos a través de tarjetas prepago, para cortar el flujo de financiación del terrorismo.

La CE adoptó hoy una propuesta para enmendar la cuarta directiva de prevención del blanqueo de capitales de la Unión Europea (UE) adoptada en mayo de 2015 para ampliar su alcance, en lo que es su primera iniciativa para aplicar el plan de acción para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo de febrero pasado.

A raíz de los últimos atentados en París y Bruselas en noviembre de 2015 y en marzo de 2016, y de la rápida evolución de los riesgos, la CE se ha propuesto mejorar el actual marco legislativo.

En concreto, quiere que las plataformas de intercambio de monedas virtuales y los proveedores de monederos virtuales, desde los que los clientes pueden hacer o recibir pagos, se conviertan en “entidades obligadas”.

Así tendrían que aplicar medidas de diligencia debida con respecto al cliente cuando éste hace transacciones con personas físicas o entidades jurídicas establecidas en terceros países de alto riesgo identificados por la CE.

Es decir, tendrán que implementar medidas preventivas contra el blanqueo de capitales e informar de transacciones sospechosas al igual que lo hacen los bancos e instituciones financieras.

De acuerdo con el Banco Central Europeo (BCE), actualmente se efectúan unas 70.000 transacciones diarias en plataformas de monedas virtuales por unos 40 millones de euros.

La CE propone además armonizar la lista de medidas de control aplicables a países con deficiencias en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo.

Los bancos tendrán que efectuar controles adicionales sobre flujos financieros de esos países.

La lista de estados afectados será adoptada la próxima semana.

Otra medida presentada por la Comisión es hacer frente a los riesgos vinculados con instrumentos de prepago bajo anonimato.

Pretende minimizar el uso de pagos anónimos a través de este tipo de tarjetas al bajar de 250 euros a 150 euros el límite necesario para identificarse y al ampliar los requisitos de verificación del cliente en los pagos “in situ”.

Asimismo, Bruselas quiere que se apliquen medidas más rigurosas a tarjetas prepago empleadas en internet, de manera que el uso anónimo en la red no sea posible, y que las tarjetas emitidas fuera de la UE solo puedan ser utilizadas en el bloque comunitario si cumplen con los requisitos de la directiva contra el blanqueo de capitales.

La CE ha tomado en cuenta el uso de estas tarjetas por parte de ciudadanos financieramente “vulnerables”.

La Comisión propone además reforzar los poderes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los países y facilitar su cooperación.

Así tendrán acceso a información en registros centralizados de bancos y de cuentas de pago, y a sistemas centrales de recuperación de datos, que los países miembros tienen que establecer para identificar propietarios de cuentas bancarias y de pago.

Por otra parte, la CE ha puesto sobre la mesa reglas de transparencia más estrictas para asegurar que los países miembros hagan pública cierta información de los registros de los titulares efectivos de fideicomisos empresariales y relacionados con negocios.

La información sobre los demás fideicomisos será incluida en los registros nacionales y será disponible a las partes que pueden demostrar un interés legítimo.

Los titulares efectivos que tengan un 10 % en ciertas empresas que representen un riesgo de ser empleadas para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal serán incluidos en los registros, en tanto que el tope sigue siendo el 25 % para las demás compañías.

La CE quiere asimismo promover la interconexión directa de los registros para facilitar la cooperación entre los países miembros, que cuentas bancarias nuevas y ya existentes queden sujetas a controles de debida diligencia y que empresas pasivas y fideicomisos como los destapados en los “papeles de Panamá” sean sometidos a mayor escrutinio y reglas más estrictas.