CSIF prepara una guía para los funcionarios catalanes si se les pide una actuación ilegal

El sindicato de funcionarios CSIF presentará el jueves un protocolo de actuación pensado para “blindar” a los trabajadores públicos de la Generalitat de Cataluña si avanza el proceso independentista iniciado por el Parlament y se les solicita alguna actuación ilegal.

“La Generalitat puede actuar administrativamente contra un funcionario si no cumple una orden suya y la Administración General del Estado puede actuar judicialmente contra él si entiende que ha cumplido una orden que no tenía que cumplir. Haga una cosa o la otra, el funcionario puede tener problemas”.

Así resume el panorama el presidente de la Central Sindical, Miguel Borra, en declaraiones a Europa Press, en las que explica que preparan unos protocolos de actuación sencillos y claros con los pasos que pueden seguir los funcionarios en aprietos.

CSIF está revisando la legislación vigente para que los protocolos contengan casos prácticos. Por ejemplo, qué deben hacer los funcionarios a los que la Generalitat quiera trasladar a un organismo creado para la independencia, como una seguridad social catalana. El sindicato interpreta que primero se buscará voluntarios, pero si no se completa el número puede llegar el traslado forzoso.

También podrían recibir una orden sobre una norma “que no se ajusta a derecho”. “Estamos analizando si pueden negarse”, señala Miguel Borra. “Queremos que el funcionario se blinde administrativamente”, agrega.

LAS ÓRDENES, POR ESCRITO

El dirigente sindical apunta algunas medidas sobre las que se trabaja: que el funcionario pida por escrito las instrucciones, que se dirija al consejero en cuestión trasladando por carta sus reparos o que acuda directamente a la Fiscalía.

Recuerda que la administración autonómica podría considerar una falta muy grave el incumplimiento de una orden y sancionar al funcionario con una suspensión temporal o definitiva de empleo. El Estado, por su parte, podría también dirigirse contra él si cumple una orden que entiende que no debió atender por no ser legal.

En el caso de los Mossos d'Esquadra, Miguel Borra explica que la propia ley que regula el cuerpo, en su artículo 11.c), establece que el trabajo de los agentes se sujetará “a los principios de jerarquía y de subordinación”, pero que “en ningún caso, sin embargo, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes”.

TRABAJO CONJUNTO

Para afrontar todos los casos, CSIF prepara “unos protocolos sencillos, con una casuística clara”, que quiere presentar el jueves en Barcelona. La ejecutiva nacional del sindicato se reunirá el miércoles en esta ciudad y aprovechará para conocer más a fondo, con sus dirigentes provinciales, cómo están las cosas.

Borra asegura que han recibido consultas de funcionarios catalanes inquietos por su futuro y que estos protocolos estarán a diposición de todos ellos, al margen de su afiliación. “También barajamos la posibilidad de reforzar los gabienetes jurídicos si fuese necesario. Nuestras asesorías están dimensionadas para una actividad normal”, añade.

El sindicato ha entrado por primera vez en la mesa general de la función pública de la Generalitat de Cataluña, al lograr el 11 por ciento de los votos en las últimas elecciones, aunque sí tiene una posición preponderante en Justicia, Prisiones, Correos o Universidades.

Miguel Borra asegura que UGT y CCOO “se han subido al carro” de este trabajo en defensa de los funcionarios y que CSIF está en contacto con alguna organización que representa a los Mossos. “Cuantos más estemos, mejor”, concluye.