Cámara Baja de Paraguay aprueba declarar emergencia carcelaria tras motín

La Cámara Baja de Paraguay aprobó este martes declarar en emergencia las cárceles del país tras un motín en un penal que dejó diez muertos, una medida que deberá ser avalada también por el Senado y que implica el despliegue de fuerzas de seguridad en el perímetro de los centros penitenciarios.

La Cámara Baja, de 80 miembros, aprobó con 42 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones la medida de emergencia, que ahora deberá pasar al Senado.

El proyecto de ley contempla un periodo de emergencia de un año, lapso en que el Ministerio de Justicia podrá contratar personal, bienes y servicios de forma excepcional.

 También autoriza el empleo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad alrededor de las cárceles, según el texto aprobado.

Asimismo, se faculta al Ministerio de Hacienda “a realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias para el Ministerio de Justicia” por decreto del Poder Ejecutivo sin el rigor de la normativa que regula la administración financiera del Estado.

La Cámara Baja se decantó por uno de los tres proyectos debatidos en diferentes comisiones sobre la crisis penitenciaria, que se agudizó tras el enfrentamiento del 16 de junio pasado entre clanes criminales en la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyu, 325 kilómetros al norte de Asunción.

El enfrentamiento entre presos del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) y el denominado Clan Rotela, que controla la distribución de drogas en el interior de las cárceles, acabó con seis decapitados, tres calcinados y uno que murió por heridas de arma blanca, así como nueve heridos.

La decisión parlamentaria se produjo dos días después de que una cumbre de representantes de los tres poderes públicos anunciaran el impulso de una serie de medidas administrativas y jurisdiccionales para descomprimir el hacinamiento de los centros penitenciarios.

Al respecto, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, planteó flexibilizar el empleo de la prisión preventiva para aliviar el hacinamiento en las cárceles.

Ríos se refirió también al uso de brazaletes electrónicos, la depuración de las causas penales, el empleo de tribunales unipersonales para acelerar los procesos y la construcción de nuevos centros de reclusión como posibles soluciones a la superpoblación carcelaria.

Un total de 120 presos brasileños con condena en Paraguay han sido expulsados a su país en lo que va de año, de los cuales unos 60 pertenecen al PCC o al también grupo criminal brasileño Comando Vermelho, que operan desde hace años en las cárceles paraguayas, anunció esta semana el Ministerio del Interior.

Paraguay arrastra un déficit de 11.430 plazas y cada año ingresan más de mil personas al sistema penitenciario del país, lo que explica el actual estado de hacinamiento, según el organismo oficial Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).