Catalá anuncia una reforma penal con instrucción por los fiscales y supresión de trámites

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este lunes en el Congreso de los Diputados su intención de encarar, siempre mediante el consenso con otras fuerzas políticas, la reforma de los procesos penales dotando a los fiscales de un “nuevo rol” como directores de la investigación y suprimiendo trámites innecesarios.

El objetivo, según ha explicado durante su intervención ante la Comisión de Justicia, es el de articular una fase de investigación que se centre en determinar si existen indicios racionales que delito para que “una vez alcanzado ese mínimo de convicción, la celebración del juicio sea inmediata”.

Para ello, según ha anunciado, deben suprimirse o racionalizarse trámites innecesarios. “No parecen razonables algunas situaciones como las que hoy se producen, donde hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones, ante la policía, instrucción y juicio”.

“Por supuesto, es la Policía quien debe seguir realizando las investigaciones, pero la eficacia de esa labor mejorará si se efectúa con criterios unificados bajo la dirección y el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal”.

Para lograr este objetivo será necesario abordar un nuevo Estatuto Fiscal y crear una oficina fiscal donde presten sus servicios los actuales letrados de la administración de justicia --antes secretarios judiciales-- y los funcionarios que hasta hoy prestan sus servicios al juez.

Ello se complementará con la figura del “juez de garantías”, quien será el responsable de la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades.

CONSENSO POLÍTICO

Esta reforma debe lograrse, según Catalá, mediante un “incremento de las horas de vuelo de consenso” y para ello ha realizado un ofrecimiento a los diferentes grupos políticos “de suma, leal y constructivo”.

Catalá considera que actualmente existe una “oportunidad histórica de cambiar las cosas” y por ello su departamento ya ha solicitado la creación de una “subcomisión” dentro de la Comisión de Justicia que se denomine “para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia” que realice su labor en un plazo de 6 meses desde su constitución.

Los trabajos de esta comisión “no deben perder el profundo sentido económico y social de las normas”, que según Catalá deben servir para crear un espacio de competencia, atracción de la inversión y creación de empleo.

Los seis ejes de la reforma deben pasar, a su juicio, por una justicia más ágil, más dotada y mejor organizada, la transformación digital, una reforma basada en los profesionales, pensada e impartida para las personas y fuerte en su independencia para luchar contra la corrupción“.

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