Cientos de personas piden en Bilbao liberar a dos detenidas ligadas con ETA

Cientos de personas se han manifestado hoy en Bilbao para pedir la liberación de Arantza Zulueta y Aitziber Sagarminaga, detenidas en la última operación policial contra los abogados e interlocutores de los presos de ETA.

La marcha ha estado encabezada por una pancarta con el lema “Konponbideari erasorik ez!” (No a los ataques al proceso de solución), sin la firma de ninguna organización convocante y portada por personas desconocidas, y se ha desarrollado sin incidentes.

Los manifestantes, entre los que figuraba el veterano de la izquierda abertzale Tasio Erkizia, han recorrido el Casco Viejo de Bilbao bajo la lluvia sin portar fotografías de presos de ETA, ni aludir a la banda terrorista en los lemas coreados.

Durante el recorrido, los lemas, en euskera, que se han oído son los de “Aitziber, Arantza libres”, “La represión no es el camino”, “Presos vascos a casa”, “Detenidos, libertad” o “Aitziber, Arantza, os queremos”.

Zulueta y Sagarminaga fueron detenidas el pasado 8 de enero en Bilbao, en una operación en la que también se arrestaron a otras seis personas, todas ellas en prisión provisional desde entonces.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco consideró que los ocho detenidos formaban el denominado frente de cárceles o “KT” y que se “conformaba como un brazo operativo más de la misma ETA”.

En respaldo a las dos bilbaínas encarceladas en esta operación, un grupo de familiares y amigos convocó la manifestación de esta tarde.

Asociaciones de víctimas del terrorismo, como la AVT y Dignidad y Justicia, pidieron la prohibición de esta manifestación.

Esta petición fue desestimada hoy por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en conformidad con lo solicitado por el fiscal Javier Zaragoza.

No obstante, el juez ordenó a la Ertzaintza que estuviera vigilante por si se registraban actos que pudieran incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

En contra de lo que argumentaban las asociaciones que pedían la prohibición de la marcha, el magistrado consideró que no existía constancia alguna que permita afirmar que vayan a producirse estos delitos, por lo que no procedía restringir el derecho fundamental de reunión.