El Convenio europeo no obliga a España a excluir a la Corona de la Ley de Transparencia, sino que es opcional

“Los Estados interesados (...) pueden declarar que las comunicaciones oficiales con la Familia Real y su Casa Real o jefe del Estado también están incluidas entre las posibles limitaciones”, versa el texto de la declaración, consultado por Europa Press, tras desglosar las posibles excepciones al acceso a los documentos públicos.

El Gobierno presentó en marzo del pasado año el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública, ya que es uno de los pocos países europeos que no tienen en vigor una Ley de Transparencia. Sin embargo, desde el principio excluyó de este marco a la Casa Real argumentando que la monarquía “no forma parte del conjunto de administraciones públicas”.

Este viernes, la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó que el Gobierno no tiene intención de incluir a la Corona en la Ley de Transparencia y se remitió al Convenio del Consejo de Europa, que “establece la no obligatoriedad de las casas reales de estar sujetas a esta norma”. Además, subrayó que no están sometidas a este control “algunas de las más importantes de la Unión Europea”.

La inclusión de la Casa Real en la Ley de Transparencia ha sido reclamada tanto por partidos políticos como por los ciudadanos en la fase de consulta pública, así como por las asociaciones y fundaciones expertas en la materia. La Ley de Transparencia se encuentra en tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que durante la última semana han intervenido diversos expertos para trasladar sus recomendaciones a los diputados.

LOS EXPERTOS, A FAVOR DE SU INCLUSIÓN

Los dos primeros invitados a estas ponencias, el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y el miembro del Comité Ejecutivo de esta misma ONG, Antonio Garrigues Walker, abogaron por que la Casa del Rey, los partidos políticos y los sindicatos estén sometidos a la Ley de Transparencia.

Aunque la vicepresidenta dejó cerrada la posibilidad de incluir a la Casa Real, sí que abrió la puerta a la posibilidad de incluir durante su tramitación parlamentaria a los partidos políticos siempre que haya un acuerdo previo entre ellos.

El tratado europeo sobre el derecho a la información fue redactado en noviembre de 2008 para su ratificación por parte de los países miembros y establece unos criterios mínimos que los Estados deben adoptar para garantizar el acceso a los documentos públicos.