Fiscalía defiende su “imparcialidad y neutralidad” al pedir embargos a CDC

La Fiscalía de Barcelona ha defendido hoy que ha actuado con “imparcialidad” al pedir el embargo de las 15 sedes que CDC ha puesto a disposición del juez como aval en el caso del Palau de la Música y ha recalcado su actitud “neutral” ante la campaña electoral que empieza esta medianoche.

En un comunicado, el ministerio público se refiere así a su decisión de pedir al juez el embargo de las 15 sedes que CDC ha entregado como aval de los 6,6 millones a los que podría ser condenada a devolver, en sustitución de su sede central de Barcelona, que hasta ahora figuraba como garantía en el juzgado, pero cuya venta está apalabrada.

La Fiscalía de Barcelona recalca en su comunicado que ha solicitado esa medida “precisamente porque ha sido ahora, y no antes ni después, cuando CDC ha vendido su sede y ha ofrecido garantías sustitutorias que valen la cuarta parte de aquella” y para evitar que la formación nacionalista pueda disponer “a su antojo” de los bienes depositados como aval ante el juez.

El ministerio público destaca que, “conforme a derecho”, ha pedido el embargo de las sedes y ha recordado al juez que, acabada la instrucción del caso Palau de la Música, la suma total presuntamente desviada hacia CDC ascendió a 6,6 millones, por lo que “las fincas ahora presentadas no estarían cubriendo la cantidad susceptible de decomiso”.

Las fincas entregadas ahora como aval, que la propia formación valora en 3,6 millones de euros, “serían insuficientes para cumplir la obligación legal de afianzar que debe soportar CDC”, añade el ministerio público en su comunicado.

La Fiscalía recuerda además que ya pidió el embargo de la sede central de CDC cuando ésta la ofreció en garantía, pero el juez no acordó esa medida puesto que el valor estimado de la finca, 12 millones de euros, superaba con creces los 3,2 millones en que se fijó la posible responsabilidad civil a título lucrativo de la formación por el cobro de comisiones ilícitas a través del Palau.

De esa forma, precisa la Fiscalía, la sede quedó a disposición del juzgado, pero sin ser embargada, lo que ha permitido ahora a CDC venderla.

Al final de la instrucción del caso, el juez elevó a 6,6 millones de euros la suma presuntamente desviada en beneficio de CDC, pero en ningún momento se llegó a ampliar formalmente la cifra a asegurar, lo que sí pide ahora la Fiscalía.

El auto en el que el juez fijó en 6,6 millones de euros la suma supuestamente desviada a CDC está recurrido ante la Audiencia de Barcelona, que debe resolver ahora si avala la instrucción después de que la Fiscalía impugnara el archivo de la causa contra el diputado de CDC Jaume Camps, por prescripción.