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Gobierno vasco defiende una política de víctimas “sin exclusiones, pero sin equiparaciones”
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu aboga por “una política de víctimas sin exclusiones, pero sin equiparaciones, sin equiparar a quienes no son equiparables, pero sin excluir a quien no se puede excluir porque fue también víctima”.
Erkoreka ha participado este lunes en el acto de homenaje por el 15 aniversario del asesinato del magistrado José María Lidón, celebrado en Bilbao, donde ha sido preguntado por los periodistas por el hecho de que el PP vasco haya advertido de que será “muy difícil” que participe este jueves en los actos institucionales del 'Día de la Memoria' si esta jornada se dedica a las víctimas del terrorismo y de los abusos cometidos por las fuerzas policiales.
El también consejero de Justicia y Administración Pública ha defendido “una política de víctimas sin exclusiones, pero sin equiparaciones”.
En este contexto, ha incidido en que el Gobierno vasco es partidario de trabajar, desarrollar y ejecutar una política de memoria en la que todas las víctimas “que hayan sido tales, que hayan sido objeto de una acción violenta y una vulneración de derechos humanos, tengan su reconocimiento”.
De este modo, ha abogado por una política de víctimas en la que “nadie por tanto quede excluido”, pero sin que la no exclusión signifique “necesariamente o comporte obligadamente la equiparación”.
“Todas son distintas porque todas las victimas tuvieron una singularidad que las individualiza, pero todas tienen en común que fueron objeto de actos violentos, vulneradores de derechos fundamentales. Eso es lo quiere recoger y poner de manifiesto la política de victimas del Gobierno vasco”, ha indicado.
DETENCIÓN DE IRASTORZA
Josu Erkoreka también se ha referido a la detención este pasado fin de semana del miembro de ETA Mikel Irastorza, y ha asegurado que las detenciones en un sistema democrático tienen sentido “si existen indicios racionales y fundados de criminalidad, y no hay circunstancias sociales y políticas que puedan alterar esa realidad”.
“Si los indicios existen, la detención puede tener sentido de cara a iniciar un proceso judicial. Yo no conozco en qué términos está su expediente policial, pero, si en ese expediente hay indicios racionales fundados y hay un aval judicial que lo justifica, tendrá sentido”, ha añadido.
