El Gobierno recurre ante el Constitucional once leyes catalanas en dos meses

El Gobierno ha presentado en los últimos dos meses un total de once recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por otras tantas leyes catalanas, al considerar que invaden competencias estatales o por estar directamente relacionadas con el proceso separatista.

Entre las normativas catalanas que el Gobierno ha recurrido desde principios de septiembre se encuentran las más importantes del proyecto independentista: la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la Ley de Referéndum.

Aparte de esta decena de leyes recurridas por su inconstitucionalidad, el Gobierno ha impugnado ante el TC varias disposiciones relativas al proceso soberanista, como el decreto de convocatoria del referéndum o las normas complementarias, así como la designación de los miembros de la Sindicatura Electoral.

Desde septiembre, el Consejo de Ministros ha acordado recursos contra normativas de otras comunidades, en concreto dos de Valencia, la Ley por la función social de la vivienda y la Ley para paliar y reducir la pobreza energética; y una de Aragón, la medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda.

Las últimas leyes catalanas que el Gobierno ha acordado recurrir ante el Constitucional, el viernes mismo en el Consejo de Ministros, han sido tres aprobadas el pasado 1 de agosto por el Parlamento de Cataluña.

Se trata de la Ley de comercio, servicios y ferias, la Ley catalana de cambio climático, y de servicios de transporte de viajeros en vehículos hasta nueve plazas.

En todos estos casos, el Ejecutivo estatal considera que vulneran el orden constitucional o bien que invaden competencias propias del Estado.

Pero anteriormente, ya había acordado el pasado 27 de octubre recurrir ante el TC la Ley de creación de la Agencia Catalana de Ciberseguridad, además de solicitar su suspensión porque excede las competencias autonómicas e invade las estatales en materia de seguridad pública.

Unas semana antes, el recurso de inconstitucionalidad se acordaba en referencia a la ley de las asociaciones de consumidores de cannabis porque trata de regular y dar amparo legal a actividades tipificadas como delito en el Código Penal.

El Gobierno también ha considerado inconstitucionales la de la Agencia de Protección Social de Cataluña, la Ley de protección del derecho a la vivienda y la Ley de voluntades digitales, que acordó recurrir el 29 de septiembre.

Estos últimos recursos ya han tenido respuesta por parte del Tribunal Constitucional, que ha suspendido provisionalmente las tres leyes, algunas de las cuales pretenden crear estructuras de Estado en Cataluña.

Otra de las normativas suspendidas es la del código tributario, la Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, contra cuyo artículo 5 el Consejo de Ministros acordó interponer recurso a principios de septiembre por pretender impulsar una Hacienda propia.