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Movimiento social convoca a un paro nacional en Guatemala el 20 de septiembre

EFE

Guatemala —

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El movimiento social “Justicia Ya”, que surgió en 2015 a raíz de las denuncias de corrupción durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), preso y procesado por ese delito, convocó hoy a un paro nacional en Guatemala para el próximo 20 de septiembre.

En un comunicado, la organización dijo que el momento actual “es una oportunidad para transformar el país”. “No vamos a ceder estos espacios ni a dejarnos llevar por la desinformación”, agregó.

“Tenemos derecho a insistir en la esperanza de un futuro mejor, por lo que este miércoles 20 de septiembre iremos a un paro nacional”, anunció.

El movimiento explicó que los diputados y las fuerzas de la “impunidad” tienen miedo de los ciudadanos y sus demandas y por eso seguirán “insistiendo en la resistencia y en la manifestación pacífica como medio para liberar al país de los grupos de poder que lo han cooptado”.

“Justicia Ya” denunció que en la manifestación del viernes en las afueras del Congreso “hubo infiltrados de las mafias que han cooptado al Estado para deslegitimar la protesta ciudadana”.

En el Congreso y la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la capital, se han realizado protestas pacificas en contra de la corrupción y la impunidad en el país.

Grupos de guatemaltecos han pedido la renuncia del presidente del país, Jimmy Morales, denunciado por financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015, cuando fue secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que lo llevó al poder en enero de 2016 para un periodo de cuatro años.

Sin embargo, el pasado lunes los diputados al Congreso rechazaron el desafuero solicitado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) y decidieron archivar el caso.

El movimiento social “Justicia Ya” surgió en 2015 luego de que ambas instituciones destaparan una red de corrupción denominada “La Línea” dedicada a la defraudación aduanera, que le costó el Gobierno a Pérez Molina.

El expresidente está en prisión preventiva, al igual que la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de los delitos de caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita, entre otros.

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