El PDeCAT lleva al Congreso una reforma de la Ley de Memoria para anular los juicios políticos del franquismo

El PDeCAT ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de que esa norma declare la nulidad de los tribunales y la sentencias de carácter político dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, una norma similar a la aprobada por unanimidad hace unas semanas en el Parlamento catalán.

Los independentistas catalanes, que registraron su iniciativa este martes, 18 de julio, cuando se cumplían 81 años del alzamiento de 1936 que provocó la Guerra Civil, han apelado al PSOE para que la reforma pueda llegar a buen puerto y también al PP, que apoyó la iniciativa catalana sobre esta materia.

El portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha recordado que hace 10 años cuando se tramitaba la Ley de Memoria, algunos grupos intentaron que la norma incluyera ya esa nulidad de los juicios, pero finalmente aceptaron la redacción propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se limitaba a declarar la ilegitimidad de aquellos tribunales y sentencias.

NOS TOMARON EL PELO

Entonces, ha recordado Xuclà, contaban con que fueran los particulares o los fiscales quienes instaran a los jueces a declarar la nulidad de esos procesos políticos, pero finalmente eso no ocurrió. “Ahora tengo la sensación de que nos tomaron el pelo”, ha reconocido el diputado catalán.

Desde su punto de vista, ha llegado el momento de admitir que la ley no ha cumplido el objetivo con el fue redactada y de modificar su artículo tres, en el que se habla de la ilegitimidad de los tribunales y las condenas para declarar directamente su nulidad.

La propuesta del PDeCAT se inspira en la fórmula utilizada en algunos países Sudamericanos o en Alemania, donde los juicios del nazismo se anularon por ley en 1998. Además, según ha argumentado Xuclà, con esta reforma España cumpliría la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en 2014 instó a nuestro país a afrontar este asunto.

En concreto, plantea modificar el artículo 3 de la ley para que, además de la ilegitimidad, se declare la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil para “imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

EL TOP Y EL TRIBUNAL ANTIMASONES Y COMUNISTAS

Asimismo, quieren que, en todo caso, la ley decrete la nulidad del Tribunal de Orden Público (TOP), del de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos ideológicos o de creencia religiosa.

Igualmente apuestan por declarar “ilegítimas y nulas” las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualquier tribunal u órgano penal o administrativo constituido durante la dictadura “contra quienes defendieron la legalidad institucional” republicana, “pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.

De momento, el PDeCAT ha comunicado tanto el PSOE como al PP el registro de su iniciativa que espera pueda aprobarse antes de final de año, coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Memoria, que tendrá lugar en diciembre.

En opinión de Xuclà, los dos grupos mayoritarios deberían ser coherentes con lo que aprobaron en el Parlament y permitir que la nulidad afecte a los juicios de toda España y no sólo a los que se dictaron en Cataluña.