Retirar la atención sanitaria al inmigrante subirá un 10-20 por ciento los casos de VIH

La retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares infectados con VIH tendrá como consecuencia un aumento de los nuevos casos entre un 10 y un 20 % anual, ha dicho hoy el doctor José Antonio Pérez-Molina, del hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Pérez-Molina ha hecho esta consideración en la presentación del estudio de GESIDA sobre la evaluación del impacto del nuevo marco legal sanitario en el control del VIH, que concluye que entre 1.800 a 3.220 pacientes ya diagnosticados podrían quedar desatendidos, de los que entre un 70-80 % están en estos momentos con tratamiento antirretroviral.

El doctor Federico Pulido, del hospital La Paz de Madrid, coautor del estudio sobre el impacto de la retirada de tratamiento a los inmigrantes sin papeles, ha dicho que el ahorro directo en gastos de tratamiento, estimado entre 12 y 21 millones de euros, se verá mermado entre 6,5 y 11,7 millones de euros por el costo de hospitalización y no habrá ahorro y se gastará más en ingresos.

La medida tendrá también efectos negativos desde el punto de vista económico, al elevar la tasa de ingresos y reingresos a niveles de finales de los años 80, cuando aún no existían los tratamientos antirretrovirales de los que se dispone actualmente.

Los doctores han señalado que a pesar de que el real decreto ha entrado en vigor el 1 de septiembre “todavía no conocen” que esta medida se haya aplicado, y que en sus hospitales reciben de momento el tratamiento y que no se le ha negado a ningún paciente.

Para Pulido la situación de “indefinición” actual es necesario que se aclare “por la vía legal”, porque no saben si no se les va a aplicar el real decreto a este colectivo o se debe a la lentitud de los cambios administrativos, y ha defendido que en estos pacientes “hay que favorecer el tratamiento a toda persona con infección de VIH”, como dice la OMS y la ONU.

Según el estudio, a partir del primer año la falta de atención y el tratamiento a los inmigrantes irregulares elevará la tasa de mortalidad en este colectivo a niveles de los años 90, con unos niveles que sitúa entre los 12 y los 15 pacientes al año.

Además las consecuencias sanitarias negativas no se limitarán al colectivo directamente afectado, sino que se extenderían al resto de la ciudadanía y en general a todo el Sistema Público de Salud, como consecuencia del incremento de la transmisión del virus, ya que no se ha tenido en cuenta que la nuevas infecciones no tendrán diagnostico precoz.

El informe alerta de que la medida supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio y largo plazo.

El presidente de GESIDA (Grupo de Estudio del SIDA), Pere Domingo, y el secretario, Juan Berenguer, han explicado las “graves” consecuencias sanitarias de este real decreto a los portavoces de los grupos parlamentarios, y en el mismo sentido han enviado una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato.

El presidente de SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica), Álvaro Pascual, ha señalado que este estudio se podría extrapolar a otras enfermedades infecciosas.