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Rivera pedirá mañana explicaciones a Santamaría por el alto cargo catalán acusado de contratar publicidad para el 1-O
“¿Cuáles son los motivos que han llevado al Gobierno a destituir al responsable de la Secretaría de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat de Cataluña?”, reza el enunciado de la pregunta que Rivera dirigirá a la número dos del Gobierno.
De nuevo, el líder de la formación naranja vuelve a elegir Cataluña para interpelar al Ejecutivo, al que pretende afearle que siga asegurando que no se ha destinado “ni un solo euro” del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) después de las acusaciones a Molons y a otros cargos de Puigdemont.
Por orden del juzgado de Barcelona que investiga la financiación del referéndum ilegal, la Guardia Civil entró este jueves en la Generalitat en busca de documentación y de pruebas sobre malversación de fondos públicos. En concreto, investiga una partida de 2,2 millones de euros para publicidad del referéndum presupuestados por la Secretaría de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, todavía dirigida por Antoni Molons, que ya está en libertad con cargos por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia.
Precisamente, el pasado viernes, el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torres, registró una batería de preguntas en el Congreso tras la detención de Molons, al que el juez le apunta como responsable e la campaña 'Civisme', en la que se incluyeron spots de propaganda del referéndum separatistas en TV3 y Catalunya Radio en septiembre del año pasado.
ARTADI, VIDAL Y MOLONS
Entre otras cuestiones, De la Torre pedía cuentas al Ejecutivo por haberle mantenido en su puesto hasta el pasado viernes --cuando el Consejo de Ministros aprobó su destitución-- en estos meses de aplicación del 155.
El diputado de Ciudadanos ya había exigido antes explicaciones al Gobierno por no haber cesado a otros cargos del Govern de Carles Puigdemont. Primero se interesó por Elsa Artadi, que compatibilizó su cargo en la Generalitat con la dirección de la campaña de Puigdemont, y después por la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, pese a no haber facilitado información al Gobierno sobre el uso de fondos públicos para sufragar los gastos del 1-O.
