El Supremo de Chile declara admisible la solicitud para destituir al fiscal nacional

La Corte Suprema de Chile declaró hoy admisible una solicitud de destitución presentada por parlamentarios de la oposición contra el fiscal nacional, Jorge Abbott, según informaron fuentes del tribunal.

La Corte “ha decidido declararla admisible”, dijo a los periodistas el magistrado Lamberto Cisternas, portavoz del máximo tribunal chileno.

La solicitud, presentada por disputados de diversos partidos de izquierda, acusa a Abbott de haber incurrido en una “negligencia manifiesta” en el marco de investigaciones por la financiación irregular de campañas políticas que involucraban principalmente a representantes de la derecha.

Este viernes, según explicó Cisternas, los magistrados revisaron que el escrito cumpliera con los aspectos formales exigidos para ser declarado admisible, principalmente que el texto señale con claridad y precisión los hechos que configurarán la causal imputada.

Tras ser visada la presentación, se iniciará un proceso en el que se evaluara el fondo de la misma, y que eventualmente podría terminar con la salida de su cargo de la máxima autoridad de la Fiscalía, por primera vez en Chile.

Cisternas dijo que el primer paso es notificar del libelo al propio interesado, “para que emita sus puntos de visitas, descargos, opinión, en el plazo de ocho días”.

Después de convoca a una a una audiencia para recibir la prueba que ha sido ofrecida y se designa al ministro (juez) que va a estar a cargo de este trámite, añadió.

En seguida se convoca al pleno de la Corte Suprema para que conozca la solicitud de remoción, con alegatos de las partes, “para deliberar y después decidir”, explicó Cisternas, que calculó que el proceso podría tardar entre tres y cuatro semanas.

Durante ese período, Abbott seguirá en sus funciones, precisó Cisternas.

Según la ley orgánica del Ministerio Público, el fiscal nacional sólo puede ser removido por la Corte Suprema, a requerimiento del presidente, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, “por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.

Este último punto es el que esgrimen los diputados que presentaron la solicitud, molestos con el papel que el fiscal habría tenido en el llamado caso Penta, de financiación ilegal de la política, en el cual estaba además inhabilitado.

Ello, porque se reunió con el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín para, supuestamente, hablar sobre el caso al día siguiente de que Sebastián Piñera fue elegido presidente.

Algunas semanas después, el fiscal encargado del caso Penta, Manuel Guerra, acordó un procedimiento abreviado con la defensa del senador derechista Iván Moreira, uno de los imputados, que se salvó de la cárcel a cambio de una multa de 38 millones de pesos (unos 58.500 dólares)

También los recurrentes criticaron declaraciones de Abbott en su última cuenta pública, cuando pidió a los fiscales ser “diligentes” en causas que involucren a “representantes de elección popular”, con la advertencia de que “nuestras decisiones pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones”.