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El Supremo resolverá sobre la competencia del SUP para recurrir la ley de abusos policiales del País Vasco
En un comunicado, el SUP valora la admisión a trámite de su recurso ante el Supremo y vuelve a expresar el “creciente malestar” entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el “falso relato elaborado e impulsado por nacionalistas e independentistas tratando de equiparar a los etarras y a su entorno con las víctimas que el terrorismo vasco dejó tras de sí durante los últimos 40 años”.
Fuentes del sindicato precisan que el recurso ante el Supremo se ha planteado después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no reconociera al SUP legitimidad como representante de las personas supuestamente agraviadas por la llamada ley de abusos policiales.
El sindicato muestra su rechazo frontal a la constitución de la comisión de valoración creada por la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma Vasca.
INTENTO DE REESCRIBIR LA HISTORIA
“La pretensión de reescribir la historia mediante informes o testimonios parciales, carentes de pruebas, basados en muchos casos en denuncias desestimadas por los órganos judiciales en su momento, no sólo erosionan la imagen de dos de las instituciones mejor valoradas por los españoles año tras año, Policía Nacional y Guardia Civil, sino que constituye un atentado contra la dignidad de todos los que directa o indirectamente padecieron las irreparables consecuencias del terrorismo de ETA”, defiende el SUP.
Igualmente, este sindicato policial ha celebrado reuniones con los grupos parlamentarios para plantearles la “necesidad de incentivar la permanencia de los policías nacionales en aquellas Comunidades Autónomas en las que los movimientos independentistas representan una amenaza para la estabilidad del Estado”.
Según el SUP, la estrategia de algunos partidos es impulsar “la estigmatización y señalamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias”. En este sentido, avisan al Gobierno contra “cesiones que, a medio plazo, diezmarían la capacidad de actuación en estas zonas del territorio nacional, dando lugar a situaciones comprometidas similares a las acaecidas en Cataluña”.
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