El juez atribuye a Urdangarin y Torres una “actividad delictiva premeditada”

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, atribuye “una actividad delictiva premeditada” al Instituto Nóos, entidad que considera que fue creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres para acceder a fondos públicos, según afirma en el auto en el que les ha impuesto una fianza civil de 8,1 millones.

En el auto dictado hoy, al que ha tenido acceso Efe, Castro justifica la imposición de la fianza de responsabilidad civil de 8.189.448,44 euros a Urdangarin y Torres porque crearon el Instituto Nóos para aparentar que no perseguían fines lucrativos y acceder así a fondos públicos mediante convenios.

El juez señala que el duque de Palma y su exsocio crearon la entidad porque si se presentaban mediante una compañía mercantil privada les estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública.

Al aparentar que no perseguían fines lucrativos, el instituto permitía además al duque de Palma y a su exsocio “rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas”, y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos.

Castro considera además que los responsables de las administraciones públicas, de común acuerdo con los representantes de Nóos, tomaron decisiones administrativas “arbitrarias e injustas”, que se adoptaron al margen de cualquier expediente administrativo para evitar obstaculizar la consecución ilícita de beneficiar a personas concretas.

Los convenios firmados con Nóos obviaron deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa, según el juez.

El instructor de esta pieza separada del caso Palma Arena, que investiga el presunto desvío de 6,1 millones de euros de las comunidades balear y valenciana al Instituto Nóos, ha aceptado en su auto los argumentos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar la imposición de una fianza para los dos máximos responsables de la entidad.

En la petición de fianza que formuló el pasado mes de noviembre, el fiscal Pedro Horrach atribuía a Urdangarin y Torres una “actividad delictiva premeditada” dirigida a apropiarse de fondos públicos.

En el auto de hoy el juez incoa pieza separada de responsabilidades pecuniarias, requiere a Urdangarin y Torres para que presten la fianza de 8.189.448,44 euros y acuerda el embargo de los bienes de ambos hasta alcanzar dicha cantidad.

La cuantía corresponde a las cantidades íntegras de fondos públicos percibidas por el Instituto Nóos en base a los convenios de colaboración que firmó con las administraciones de las comunidades balear y valenciana para la celebración de los Illes Balears Forum y Valencia Summit y promocionar el equipo ciclista Illes-Balears Banesto.