La sentencia de Gürtel se publicó el 24 de mayo de 2018. Aquella mañana todos los medios de comunicación lanzaron alertas con los datos fundamentales de un proceso que había arrancado una década atrás. El cabecilla, Francisco Correa, 51 años de cárcel; el extesorero del PP, Luis Bárcenas, 33 años; el partido se llevaba una condena a título lucrativo. A medida que se avanzaba en la lectura del extenso texto llegaron los detalles demoledores: el tribunal consideraba que el PP había mantenido un sistema de financiación ilegal desde su fundación con pagos en dinero negro de empresarios a cambio de contratos públicos.
Pero la puntilla para el Gobierno de Mariano Rajoy llegó en el folio 1.078. “Se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos”, escribió el tribunal sobre los altos cargos del PP que habían declarado no conocer la existencia de sobresueldos en el partido. Entre ellos estaba Mariano Rajoy, que había ocupado el puesto de secretario general. Los jueces del caso de corrupción más importante de la democracia no se creyeron el relato que hizo el presidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional. Su testimonio “no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido”, fueron las palabras exactas para referirse a la declaración de Rajoy.
La sentencia era demoledora para el PP y para el Gobierno, pero aquella mañana nadie podía prever lo que se precipitaría en tan solo unas horas. Al mediodía de ese 24 de mayo Pablo Iglesias pidió una moción de censura -“Tenemos un partido de delincuentes a los mandos del Gobierno”- y tanto ERC como PDeCAT se mostraron a favor. Ciudadanos pidió no pronunciarse “en caliente”. Ya por la tarde, el PSOE tomó la decisión: Pedro Sánchez, el líder de los socialistas que había vuelto a serlo tras ser tumbado por miembros de su partido para facilitar la investidura del PP en 2016, presentaría la moción de censura.
Durante los días siguientes, las negociaciones entre los partidos de la oposición llevaron al PSOE de no ver ninguna posibilidad de que la iniciativa saliese adelante a llegar al día del clave a falta de unos pocos votos para ganar la moción. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, precipitó el debate para tratar de dar poco tiempo a los partidos para negociar, pero su movimiento solo aceleró las conversaciones. Rajoy canceló todos su compromisos internacionales. El 31 de mayo comenzó el debate y la votación se produjo un día después.
Durante aquellas 24 horas se produjeron algunos momentos que quedan grabados para la historia de la única moción de censura que ha triunfado. Sánchez ofreció a Rajoy que dimitiese a cambio de retirar la iniciativa, sin estar muy claro si eso era reglamentariamente posible. Se negó. Rivera, que había retirado el apoyo a Rajoy a raíz del fallo, acabó haciendo de escudo del PP y se alineó con una derecha que no ha abandonado desde entonces. El PNV, que unas semanas antes había apoyado las cuentas del PP, anunció que votaría para tumbar al Ejecutivo. Rajoy se refugió en un restaurante mientras su Gobierno se derrumbaba ante el desconcierto de sus integrantes. Y su escaño lo ocupaba el bolso de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
El 1 de junio el Congreso proclamó a Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno. Desde entonces el país ha cambiado sustancialmente. El PSOE ha aprovechado el impulso de diez meses de Gobierno para ganar en las cuatro elecciones celebradas: generales, europeas, autonómicas y municipales. El PP ha cambiado de liderazgo y en el camino para tratar de recuperar los votos de la derecha se ha dejado la mitad del grupo parlamentario y ha empeorado los peores resultados de su historia, desde que se fundó hace 30 años.
Podemos, que jugó un papel fundamental en el éxito la moción, pelea ahora por entrar en el Gobierno para tratar de frenar la sangría de votos. Ciudadanos ha subido en apoyos, pero no le ha servido para ganar poder, solo para colocarse en una encrucijada de pactos que le obligará a renunciar a alguno de sus vetos. La extrema derecha de Vox ha irrumpido en todos los ámbitos institucionales.
El PSOE estaba en tercer lugar en el CIS de hace un año
El CIS que se publicó en mayo de 2018 colocaba al PSOE en tercer lugar con el 22% de los votos, por detrás de PP y Ciudadanos. Podemos le pisaba los talones recortando cada vez más las distancias hasta situarse a menos de tres puntos. En las elecciones del pasado 28 de abril cosechó casi el 29% de los votos, 12 puntos más que el segundo.
Sánchez ha pasado en un año de ser tachado de “okupa” por la derecha a lograr que las urnas avalen masivamente su proyecto en las elecciones generales. El impulso de haber estado al frente del Gobierno también ha catapultado al PSOE a la primera posición en las elecciones europeas y a triunfos históricos en las autonómicas y municipales. Madrid es un ejemplo: los socialistas han ganado en la Comunidad por primera vez desde 1987, aunque está por ver que puedan gobernar.
En los meses de gobierno entre la moción y las elecciones, Sánchez ha caminado en un equilibrio de críticas entre la derecha y el independentismo. PP y Ciudadanos le han acusado de ser rehén de quienes le permitieron llegar al poder y convirtieron las supuestas cesiones a los partidos catalanes en su principal ariete contra Sánchez. Los ataques no frenaron cuando los propios independentistas tumbaron los presupuestos pactados entre PSOE y Unidos Podemos y precipitaron la convocatoria de elecciones generales.
Por su parte, el independentismo ha afeado al Gobierno su falta de gestos y planteó una estrategia que consistía en exigir cambios en la acusación del procés para dar su apoyo a cada nueva iniciativa. En esa táctica fue especialmente beligerante el Gobierno catalán y Junts per Catalunya, el partido que este 28 abril perdió apoyo en favor de ERC hasta quedarse sin posibilidad de tener grupo parlamentario propio en el Congreso. Los republicanos, exigentes pero más proclives a apoyar a Sánchez para frenar a la derecha, han pasado de nueve a 15 escaños.
Podemos, del éxito de la moción a la debacle electoral
Ahora, Sánchez trata de cerrar un acuerdo para repetir como presidente del Gobierno para el que no necesita a Junts per Catalunya pero sí a ERC. Su socio preferente, sin embargo, es Unidas Podemos, el partido liderado por Pablo Iglesias que espoleó la moción de censura y pactó las cuentas con el PSOE. Ahora tienen 29 diputados menos, las elecciones municipales y autonómicas han acabado con su poder institucional y en algunos territorios no tendrán ni representantes. Las alianzas que sellaron en varios territorios han saltado por los aires.
Con ese escenario, Iglesias, que hace un año pisaba los pies al PSOE en las encuestas, pelea ahora por entrar en su gobierno de coalición como vía para detener la caída de su partido. Los resultados electorales han dado argumentos a los socialistas para rechazarlo. En cualquier caso, hasta que no se se culminen los pactos autonómicos no avanzará el nacional.
Para muchos de esos acuerdos territoriales será decisivo Ciudadanos. El partido de Albert Rivera fue el único que apoyó al PP en la moción de censura a pesar de que, ya perdida, podían haberse abstenido y haber evitado alinearse con un partido que acababa de ser condenado. A aquella decisión le ha seguido una estrategia de abandono del centro y de escoramiento hacia las posiciones de los populares con el fin de desbancarles como partido líder de la derecha.
Rivera no ha conseguido su objetivo. No logró el sorpasso al PP el 28A salvo en algunas circunscripciones y en ningún sitio el 26M. A nivel nacional sigue vigente el veto que pusieron al PSOE y en el plano autonómico y municipal están encajados entre PP y Vox: para dar gobiernos a los primeros tienen que sentarse a negociar con los segundos. Ciudadanos ha puesto como línea roja no negociar con Vox, un partido con el que se manifestó contra Sánchez y de cuyo apoyo depende el Gobierno andaluz. Para desencallar la gobernabilidad en algunos sitios tienen que tomar una decisión: o levantar el veto al PSOE o hacerlo con Vox.
El PP, el gran perdedor un año después
La moción de censura rompió con un argumento enarbolado hasta la saciedad por tertulianos y repetido como mantra tranquilizador entre algunos cargos del PP: la corrupción no pasa factura. El descenso en votos del PP desde su techo de 2011 ya empezó a cuestionar esa máxima con la pérdida de cuatro millones de votos, pero la moción de censura terminó por acabar con ella. El CIS de hace un año, publicado pocos días antes de la sentencia de Gürtel, daba pistas: la preocupación de la corrupción había subido y se mantenía como el segundo problema para los españoles por detrás del paro.
La corrupción en España no solo pasa factura, ha tumbado un gobierno y acabado con casi todo el poder institucional que tenía el PP, después de teñir los mapas de azul en los comicios de 2011.
La pérdida del Gobierno fue una catástrofe para el PP de la que aún no se ha recuperado. Sus miembros repetían en público y parecían haberse convencido de que Gürtel era algo del pasado, un caso ya enterrado y que solo afectaba a cargos que estaban fuera del partido. La moción les devolvió a la realidad. Rajoy cuestionado por los jueces y derrotado por el parlamento presentó su dimisión como presidente del partido para abrir un proceso de renovación del liderazgo que degeneró en un enfrentamiento interno. Pablo Casado venció en el voto de los compromisarios tras perder en el de los militantes contra Soraya Sáenz de Santamaría, a la que le asomaron en el peor momento todos los rivales internos. “El PP ha vuelto”, proclamó tras su victoria.
La realidad es muy distinta. El partido no ha dejado de caer desde entonces, enfrascado en una lucha por no perder los votos que se le van hacia la extrema derecha. El auge de Vox y sus buenos resultados en Andalucía han abierto una vía de agua para el PP que Casado, entre giros de discurso sobre la extrema derecha aún no ha sabido cómo frenar.
El resultado es que el 28A el partido perdió la mitad de su grupo parlamentario, la mayoría en el Senado y una cantidad ingente de subvenciones que ponen en problemas unas cuentas que antes se saneaban con la ayuda de empresarios amigos de la casa.
El 26M no ha ido mejor para el PP. La pérdida de poder institucional que se inició en 2015 se ha consolidado en estos comicios, en los que han perdido la mayoría absoluta en feudos históricos como Murcia -solo la mantiene en Galicia- y ha dejado de ser la fuerza más votada en otros como Madrid. Los pactos con la derecha pueden darle este último Gobierno, e incluso en la capital pero dependerá de la posición que decida tomar finalmente Ciudadanos.
La posibilidad de gobernar en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, y el hecho de haber evitado el sorpasso de Ciudadanos han dado algo de aire a Casado, pero solo para afrontar el próximo sprint. El líder del PP tiene que hacer efectivos esos pactos a tres con dos partidos de derechas enfrentados y lidiar con la pérdida de ingresos.
Casado tiene por delante un horizonte de cuatro años sin comicios en los que intentar recuperar los apoyos que ha ido perdiendo desde que hace un año el PP fue desalojado del Gobierno. La sombra de la corrupción que hace un año hizo estallar todo el panorama político no abandonará a los populares en esa travesía: aún quedan por juzgar piezas vinculadas con Gürtel -en unos días empieza la vista por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas-, todo el caso Púnica y Lezo.