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Aprobado el texto provisional para la reactivación económica con Cs y sin PP

EFE

Madrid —

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El grupo de trabajo para la reactivación económica ha aprobado unas conclusiones provisionales promovidas por PSOE y UP, con el apoyo de Ciudadanos y el voto en contra del PP, después de que casi todos los partidos se hayan quejado de la vaguedad de un documento sin memoria económica y de cuya utilidad dudan.

El documento se ha aprobado con 165 votos a favor, 113 en contra y 10 abstenciones.

Además de la imprecisión del documento, la mayoría de grupos ha protestado por el poco tiempo que ha habido para trabajar las enmiendas después de un mes y medio de comparecencias que apenas se han trasladado al papel.

El texto se basa en la propuesta común presentada la semana pasada por PSOE y Unidas Podemos, que habla de recuperar derechos laborales, sin aludir a la derogación de la reforma laboral de 2012, o de garantizar una fiscalidad justa y redistributiva con mayor aportación de quien más tiene, pero sin incluir el impuesto a las grandes fortunas reclamado por las formaciones de izquierda.

El diputado socialista Pedro Casares ha explicado durante el debate que de las más de 400 enmiendas presentadas al borrador de conclusiones se han aceptado un centenar de forma directa, en tanto que en los próximos días se seguirán negociando enmiendas transaccionales con todos los grupos hasta que se eleven al pleno del Congreso.

Ciudadanos ha dado su voto favorable, tras incluirse algunas de sus enmiendas sobre flexibilización de los ERTE, teletrabajo, autónomos y reactivación del sector primario y la industria, y tras salvar el distanciamiento en materia fiscal con una enmienda transaccional con el compromiso de que no habrá subidas de impuestos que perjudiquen la competitividad o la generación de empleo.

La diputada de Cs María Muñoz ha defendido el esfuerzo de su grupo por intentar llegar a un acuerdo y “no quedarse en el rincón de los enfadados”, al tiempo que ha instado a las formaciones reticentes a aparcar la ideología en aras del consenso.

Entre ellas se refería a ERC, cuyo diputado Joan Margall no ha considerado posible su visto bueno a las conclusiones “si se negocian con Cs y se intentan negociar con el PP”, tras sorprenderse por la actitud de Podemos “que se ha puesto de perfil”, dijo, renunciando a propuestas como la del impuesto a las grandes fortunas, un argumento similar al esgrimido por el diputado de EH Bildu Oskar Matute.

Sobre el impuesto a las grandes fortunas la diputada de Más País Inés Sabanés se ha preguntado cómo es posible que se le pida más solidaridad fiscal a Alemania en el marco europeo y no se reclame más justicia fiscal en el ámbito nacional.

No ha hecho referencia a este impuesto la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco, que ha animado a los grupos a trabajar por el acuerdo como ha hecho su formación, pero que ha reconocido que existen “importantes diferencias” con las formaciones de derecha cuando defienden por ejemplo que es innecesaria una reforma fiscal.

Casares (PSOE) ha afeado a ERC que le resulte más fácil llegar a acuerdos con la derecha en Cataluña que con la izquierda en España, al tiempo que ha intentado atraer al acuerdo al PP, al que le ha admitido “media docena” de enmiendas, con la intención de negociar algunas transaccionales más, algo insuficiente para el PP.

Le ha respondido la diputada popular Elvira Rodríguez, que ha considerado el documento una mera declaración de intenciones, en la que se hace propaganda de la acción del Gobierno de coalición y en la que echa en falta una decidida apuesta por bajar impuestos o exonerarlos.

Otros partidos como PNV, JuntsxCat o Coalición Canaria han pospuesto su apoyo hasta ver lo que se aprobaba este miércoles y lo que se transacciona el viernes en la Comisión para la Reconstrucción, donde se volverán a votar conjuntamente las conclusiones de todos los grupo de trabajo.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha dicho además que el documento no tiene en cuenta la realidad autonómica descentralizada y ha asegurado que la salvaguarda competencial es una línea roja que no van a traspasar, una crítica compartida por el diputado del BNG Néstor Rego, que ha incidido en la “pulsión centralizadora” del texto.

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