Bousselham insta al juez a que investigue el robo de su móvil como una operación del Ministerio de Fernández Díaz

Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, ha planteado la posibilidad de que el robo de su móvil se produjera en el marco de una trama de espionaje equivalente a la que sufrió el extesorero del PP Luis Bárcenas en la operación Kitchen y ha pedido, por tanto, que el hecho se investigue como una operación diseñada desde la cúpula del Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz.

Así lo expone su abogada en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que rechaza la petición de la acusación que ejerce Vox en la pieza 10 o Dina del caso Villarejo de llamar a declarar al exlíder de Podemos Pablo Iglesias en relación a los daños detectados en la tarjeta del móvil que le fue sustraído en 2015 a su exasesora, actual directora del diario digital próximo a Podemos La Última Hora.

Al tiempo que reclama la expulsión de Vox de este procedimiento por actuar “contra las víctimas” de estos hechos, Dina se opone a que se cite al exlíder de Podemos, tras el último informe policial sobre el estado de su tarjeta, por no ser “objeto de investigación” y porque no se ha podido acreditar “una intervención humana” en la “inoperatividad” de la tarjeta que Iglesias le devolvió tras recuperarla de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.

Esta es la respuesta de Dina al recurso de reforma interpuesto por Vox contra la decisión del juez Manuel García Castellón de no prorrogar la instrucción del caso, después de que la Policía Científica acreditase que no es posible acceder al contenido de la tarjeta, lo que eliminaba la posibilidad de atribuir a Iglesias los daños que presenta el dispositivo. Tras conocer ese informe, en menos de 48 horas el juez decretó que ya no era necesario seguir investigando y acordaba no prorrogar la investigación. 

En su auto, García Castellón llegaba a decir que de las diligencias pendientes, entre ellas la declaración del jefe de la brigada política, no era de esperar que “surja la necesidad de analizar ninguna otra vía de investigación”. Las otras dos declaraciones corresponden a Dina Bousselham, que lleva año y medio queriendo trasladar en persona al juez que no se siente perjudicada por la actuación de Iglesias, y de la expareja de ésta, que fue quien envió la tarjeta a Gales.

Antes de cerrar la investigación, el magistrado ha llamado a declarar el próximo 9 de marzo en calidad de testigos a Dina, a su pareja -que fue quien denunció el robo del móvil cuando ambos se encontraban en un establecimiento comercial-, y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, imputado en Kitchen.

Al igual que Dina, Iglesias también ha recurrido que se dé carpetazo a la investigación sin antes indagar cómo llegó“ a Villarejo ”la información de la tarjeta“ robada a su exasesora y ”el recorrido que la misma hubiera podido tener respecto de la Dirección Adjunta Operativa“ de la Policía.

Eso mismo es lo que también reclama Dina: que se investigue “la hipótesis que ha devenido como más probable del transcurso de estas actuaciones” y es que el robo del móvil partió de una trama diseñada desde Interior, como sucedió en el caso Kitchen, para perjudicar a Pablo Iglesias.

La exasesora no descarta que se utilizasen los números de cuenta bancarios del exvicepresidente del Gobierno que se encontraban en su móvil para la elaboración del llamado informe PISA, relativo a la supuesta financiación ilegal de Podemos, en el marco de “una campaña mediática con fines claramente electorales y partidistas”. Como prueba de ello, el escrito expone la relación con Villarejo de varios periodistas “en cuyos medios aparece publicada la información” supuestamente extraída de la tarjeta del móvil de Dina.

Esta investigación tiene su origen en los archivos hallados en un registro al excomisario José Villarejo que, supuestamente, provenían de la tarjeta de memoria del móvil que le fue robado a Bousselham en 2015 y cuya información acabó saliendo a la luz.

Además de pedir que se prorrogue la instrucción, Dina reclama insistentemente, en virtud del Estatuto de Protección a la víctima, a la expulsión de Vox como acusación “por su clara utilización torticera” de este procedimiento y “mala fe”, “intentando la intoxicación informativa” mediante “un juicio paralelo” contra Iglesias “y colateralmente contra la Sra Bousselham”.

García Castellón llegó a elevar la causa al Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, pero el Alto Tribunal lo rechazó y le devolvió la causa para que sugiera practicando diligencias, como tomar declaración a Dina.