El CGPJ comunica al Senado la renuncia de Mercè Pigem al cargo de vocal

La comunicación ha sido vista este martes por la mesa del Senado, que fue la institución que eligió a la vocal y exdiputada de CiU en la cuota de juristas. Junto a ella, el Senado designó también sustitutos por lo que la renuncia de Pigem supone la designación del primero de ellos, que es el decano de los procuradores de Madrid Antonio Álvarez-Buylla Ballesteros, de tendencia conservadora y del que se decía que era el candidato para vocal del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

En la lista de sustitutos para los vocales del turno de juristas le siguen el catedrático José María Macías Castaño, que fue director General de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña entre 2002 y 2003; y la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Isabel Valldecabres Ortiz, propuesta por el PSOE.

Las sustituciones se realizan en virtud de lo señalado en el articulo 571.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ), que establece que el cese anticipado de los vocales del CGPJ “dará lugar a su sustitución, procediendo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a ponerlo en conocimiento de la Cámara competente para que proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo vocal”.

Para ello, y según el artículo 567.4 de la misma norma, se elige al primero de los tres suplentes que corresponda de los que fueron designados en día para cada uno de los dos turnos. El nuevo Vocal ejercerá su cargo por el tiempo que reste hasta la finalización del mandato del Consejo General del Poder Judicial.

DESIMPUNTADO

Se da la circunstancia de que el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid archivó una causa abierta contra Álvarez-Buylla, un día antes de conocerse el caso de Mercé Pigem.

En un auto con fecha del 27 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Francisco Javier Teijeiro acordó el sobreseimiento de los hechos al “no quedar acreditada la perpetración de ilícito penal alguno”. Álvarez-Buylla estaba acusado de un posible delito de falsedad documental en su modalidad de tentativa inidónea.

La Asociación para la Defensa del Procurador se querelló contra él y contra el secretario del Colegio, Ramiro Reynolds, por haber modificado tres artículos del proyecto del Estatuto del Colegio de 2011, cuando ya había sido aprobado por la Junta General Extraordinaria y antes de remitirlo a la Comunidad de Madrid para su inscripción y publicación definitiva.

El decano negó haber tenido relación con los hechos y una secretaria se atribuyó la autoría de un error administrativo al transcribir el proyecto de Estatuto. La Asociación para la Defensa del Procurador amplió su querella para que se investigaran irregularidades en el Estatuto de 2007 y pidió que se considerara la agravante de reincidencia.