Ciudadanos, condenado a restituir a un militante de Madrid como “afiliado de pleno derecho” tras expulsarlo en 2015
La dirección de Ciudadanos ha sido condenada por el juzgado de Primera Instancia nº18 de Madrid a restituir como “afiliado de pleno derecho” a Enrique Boto, un militante madrileño expulsado del partido en 2015 tras ser acusado de cometer una “falta muy grave” por compartir datos del censo con otros compañeros por correo electrónico. Después de varios años de litigio, Boto ha ganado su pulso al partido, por lo que se muestra satisfecho de que se haya hecho “por fin justicia”.
La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, determina que “la decisión adoptada de expulsión no fue ajustada a los parámetros constitucionales y vulneraron el derecho de asociación privándole injustamente de las facultades inherentes de participación política en las que debe de ser restaurado con carácter definitivo”. El juez condena a pagar las costas procesales al partido, que puede interponer un recurso de apelación a la sentencia ante el propio juzgado que tendría que sustanciarse en la Audiencia Provincial de Madrid.
Boto concurrió en 2014 a las primarias internas para aspirar a una de las vacantes que había para la Junta Directiva de la agrupación de Madrid, pero quedó en tercera posición y no logró plaza. Una vez acabado el proceso, impugnó el resultado ante la Comisión de Garantías del partido al detectar algunas “irregularidades” en el censo de aquella elección en relación con los votos que se emitieron en su favor. El partido le abrió un expediente acusándole de haber compartido por correo electrónico con otros afiliados la resolución de Garantías, que incluía algunos nombres del censo, vulnerando con ello la Ley de Protección de Datos.
Una de las compañeras de filas que denunció a Boto por su comportamiento supuestamente inadecuado ante el secretario de Organización, Fran Hervías, fue Eva Borox, implicada en la Operación Púnica por el cabecilla de la trama, David Marjaliza.
El expediente de este afiliado terminó en expulsión por considerar que había cometido una “falta muy grave”, en aplicación del artículo 12.1 de los Estatutos, que en su apartado g penaliza “la difusión de datos personales de afiliados, cargos, personal o colaboradores del partido”. Boto fue entonces a los tribunales argumentando el derecho de cualquier afiliado a tener acceso al censo. Para reforzar su teoría esgrimió la propia resolución de la Comisión de Garantías a su impugnación de las primarias en la que se le reconocía que “toda votación requiere previamente la publicación del censo electoral” que debe ser “expuesto en el colegio electoral pertinente”.
Se da la circunstancia de que el instructor de su expediente disciplinario fue Francisco Sierra, que se encargó de redactar el informe que concluyó con su expulsión. Sierra, que es concejal de Cs de Barcelona, acaba de incorporase a la candidatura municipal que encabeza Manuel Valls.
Boto ha preguntado en su cuenta de Twitter a Rivera y al propio Valls si creen que Sierra, después de la sentencia a su favor, “es merecedor de ocupar tal cargo” .
El afiliado madrileño, que ya hace un año consiguió que los tribunales fallaran a su favor y el partido le readmitiera “de forma cautelar”, se presentó contra Rivera a las primarias para la presidencia del Gobierno celebradas a principios del pasado mes de marzo, junto con otros 14 aspirantes. Boto retó a un debate interno a Rivera y al no aceptarlo, se retiró de la contienda tal y como se había comprometido en la rueda de prensa que convocó para presentar su candidatura.
Después de conocer el fallo de su caso, Boto ha pedido por correo a Rivera una reunión para poder intercambiar con él impresiones. Y además de la dimisión de Sierra, exige la del presidente de la Comisión de Garantías, Jesús Galiano.
