El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia de Junts con los votos del PSOE y la derecha

El Congreso ha dado luz verde este jueves a la ley de multirreincidencia, que endurece las penas para algunos delitos menores cometidos de forma reiterada, como el hurto de teléfonos móviles en la calle. Y lo ha hecho con una extraña mayoría: el PSOE ha unido sus votos a Junts y a la derecha para sacar adelante este texto, que era uno de los principales compromisos que adquirió con la formación de Carles Puigdemont para dar estabilidad a la legislatura. Esquerra Republicana se ha abstenido y el resto de socios de izquierda ha votado en contra. 302 votos a favor, incluido el PNV, los 36 en contra de Sumar, Podemos y el BNG y la abstención de los independentistas catalanes y Coalición Canaria.

El texto, que registró Junts durante la legislatura, tenía los apoyos garantizados desde diciembre, cuando en la ponencia llegaron a un acuerdo con el PSOE para impulsar un texto que ha sido una de las principales obsesiones de la derecha y la ultraderecha desde hace años, tal y como han criticado durante el debate grupos de izquierda, que han acusado a los independentistas catalanes de dejarse arrastrar ideológicamente por el ascenso de Aliança Catalana. Vox ya registró en 2022 una ley como esta, que ha utilizado frecuentemente para vincular la delincuencia con la inmigración.

Los primeros movimientos de los socialistas para llegar a un acuerdo en esta ley se produjeron precisamente pocos días después de que Junts confirmase su ruptura con el Gobierno y dejase en suspenso su apoyo a todas las votaciones provenientes de sus partidos, PSOE y Sumar. En pocas semanas, los partidos de la comisión llegaron a un acuerdo para desbloquear el texto.

La multirreincidencia es la comisión de un mismo delito en repetidas ocasiones, sobre todo pequeños robos o hurtos. En la exposición de motivos de la ley, Junts habla de las quejas de muchos alcaldes y alcaldesas catalanes que desde 2021 denuncian una “alarma social” por una “oleada de delitos”, sobre todo hurtos pero también peleas, por parte de un “reducidísimo grupo de personas” que el “sistema no era capaz de evitar”. 

El actual Código Penal ya incluye, en realidad, castigos más duros para las personas que cometan robos de forma continuada. Si una persona es condenada por un hurto en más de tres ocasiones y la cuantía de lo robado supera los 400 euros, el juez pasará a imponerle una pena de prisión de seis a dieciocho meses, en lugar de una multa. 

Lo que propone Junts en su texto –y apuntalan las enmiendas pactadas– es que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza” y siendo al menos uno de ellos leve, incluso aunque el valor de lo sustraído sea menor a 400 euros.

La norma aprobada ya por el Congreso también plantea que los hurtos “menos graves o graves” continuados (a partir de tres condenas) sean castigados con penas de uno a tres años. Y aplica esta horquilla a los robos de teléfonos móviles: “Dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos”. 

“Es una ley que nace de los territorios y no de los despachos. Una ley muy esperada y que llega demasiado tarde, marcada por bloqueos en la tramitación”, ha lamentado la diputada de Junts Marta Madrenas. “Es una ley necesaria y equilibrada, no es una ley ideológica sino una respuesta a la realidad. Una realidad incontestable”, ha defendido.

El PP, por su parte, ha aprovechado el debate para atacar al Gobierno y a los migrantes. “¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar la residencia con la regularización. Si tienen antecedentes, de premio la residencia. Están convirtiendo la regularización en un coladero para delincuentes. El que venga a delinquir, a su país. La residencia en España se gana, no se regala”, ha cargado la diputada del PP Cuca Gamarra.

Poco antes había criticado la corrupción del Ejecutivo. “La única multirreincidencia hasta hace poco era la de sus números doses. La única que hoy preocupa en las filas del PSOE es la de los fajos de billetes de 50 euros que señalan ya al PSOE por financiación irregular. La única que les ha ocupado era la de los condenados de EH Bildu que les exigían libertad a cambio de sus votos”, ha dicho. 

El único partido del bloque de izquierdas en el Congreso que no ha rechazado el texto ha sido Esquerra Republicana, que a pesar de no estar de acuerdo con el espíritu del texto, se ha terminado absteniendo a petición de los alcaldes del partido que, según ha relatado la diputada Pilar Vallugera, les han trasladado su preocupación por este asunto en los últimos meses. “No pondremos trabas, nos abstendremos como muestra de que hemos escuchado a los alcaldes, pero la realidad no se cambia a golpe de código penal. No somos punitivos, somos realistas”, ha dicho en la defensa de su posición, en la que ha recordado que los datos hablan de una reducción de los delitos y no al revés.

Esquerra ha alcanzado en paralelo un acuerdo con el Gobierno este martes para incrementar el número de jueces y juezas en Catalunya. Según fuentes de la formación, el Gobierno aprobará 91 nuevas plazas en 2026, vía real decreto y otras 90 plazas en 2027. “Ambos aumentos se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado gracias a la Ley de Eficiencia y, entre otras cosas , garantizan que la nueva regulación sobre multirreincidencia, que se aprobará este jueves en el Congreso, vaya acompañada de más recursos y más capacidad para actuar”, han trasladado fuentes de la formación.

Críticas de la izquierda: “Criminaliza la pobreza”

Sumar ha sido muy crítico con lo que han calificado de “delirio populista”. “¿Esto qué es? ¿Un experimento de la gran coalición?”, ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, que ha censurado que al mismo tiempo siga sin haber acuerdo parlamentario para derogar la ley mordaza o solucionar el problema de la vivienda. “Existe una mayoría para endurecer el Código Penal para delincuentes de poca monta. ”Será un reflejo de lo mal que está el mundo: mano dura con los débiles e impunidad con los fuertes. Los demócratas no se deberían dejar llevar por esta ola populista“, ha denunciado Santiago contra el PSOE.

“El endurecimiento de penas no sirve para prevenir los delitos”, ha reprochado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que se ha dirigido a Junts en catalán. “Amics de Junts, esto no servirá para parar los hurtos ni para frenar a Aliança Catalana”, les ha dicho. “España es un Estado seguro, donde los niveles de delincuencia son bajos, pero tenemos unos centros carcelarios con una población de las más altas de Europa y uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea y hoy se intenta endurecer un poco más. Al mismo tiempo sabemos que el endurecimiento de esas penas no va a servir”, ha insistido Iñarritu en sus críticas.

Podemos también ha sido muy crítico con la ley, que ha tildado de “racista”, “clasista” y de imponer un “populismo punitivo” contra los “robagallinas” mientras que deja fuera a los multirreincidentes de grandes delitos. “Solo busca criminalizar la pobreza y estigmatizar a la gente con pocos recursos”, ha criticado la diputada Martina Velarde.

El PSOE se ha desembarazado de esas críticas. El diputado Francisco Aranda ha defendido que el compromiso del Gobierno es firme para atajar el fenómeno de la multirreincidencia pero ha descartado que se haya fiado todo “al punitivismo”. “Sin fiarlo todo al punitivismo ni entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha. Por eso nosotros también trabajamos en medidas adicionales al Código Penal para reducir y atajar que haya quien haga de la multirreincidencia su modus vivendi”, ha defendido.