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OPINIÓN | 'El buen demonizador', por Antón Losada

CRÓNICA

Cómo crear más alarma por las ocupaciones y fomentar de paso la venta de alarmas

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Una periodista recibió hace unos días una llamada telefónica de un número desconocido. Era una comercial de Securitas Direct que le advertía del peligro inminente en que se encontraba en su vivienda con la intención de venderle la instalación de una alarma. “En mi zona se ha detectado un aumento de ocupaciones con violencia”, cuenta que le dijo. No sólo te roban el piso, sino que encima te dan una paliza. Le preguntó de dónde había sacado ese dato. La fuente parecía ser un departamento policial que no existe.

Cuando la receptora de la llamada mostró su escaso interés, la comercial comentó alarmada: “¿No le importa que le ocupen su casa?”. Hay que imaginarse el efecto de la comunicación con una persona menos escéptica o con alguien que por su edad esté más preocupada por la inseguridad.

La empresa alega en una comunicación con este medio que llevó a cabo una investigación al conocer el caso: “En nuestra investigación interna hemos auditado todas las llamadas que cumplían con las características indicadas por la periodista en su tweet y no hemos encontrado, por el momento, ninguna en la que se diese la interacción que relata”.

En España había instaladas 2,86 millones de alarmas a finales de 2021. Ese número es el doble que hace siete años sin que las cifras de delincuencia justifiquen ese incremento espectacular. En los últimos tres años, se han producido crecimientos anuales superiores al 10%. Es un negocio boyante, uno de cuyos principales activos es el miedo y la percepción de inseguridad.

Las empresas afirman que España es el cuarto país del mundo con más alarmas instaladas. Evidentemente, hay algo extraño en todo esto en un país que sufre índices de delincuencia y delitos violentos inferiores a los de la gran mayoría de Europa.

Cargos intermedios de Securitas Direct llegaron a ordenar en 2017 a sus comerciales que se inventaran robos ficticios en los edificios para provocar la alarma entre los vecinos. “Con el fin de ayudar a incrementar los niveles de seguridad entre la población, nuestro personal emplea información interna y documentos públicos de la Administración”, dijo la empresa a este medio en un comunicado. Afirmó que se trató de “un caso aislado” ocurrido en 2014 y que esas “prácticas irregulares” fueron sancionadas en su momento.

Existen en el Congreso y en algunos medios de comunicación otros comerciales sin sueldo que echan una mano para captar clientes a las dos grandes empresas del sector, Securitas Direct y Prosegur. El Partido Popular es especialmente activo en este campo, aunque Vox alega que ellos llegaron antes.

Este martes, el PP presentó una proposición de ley “contra la ocupación ilegal” (¿la hay de otro tipo en el Código Penal?), básicamente para que la ocupación de pisos vacíos se castigue con la misma dureza y urgencia que los allanamientos de morada.

“Cada hora se ocupa en España una vivienda. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Interior”, dijo Mario Garcés, del PP. Intentó extender el alcance del problema más allá de la gente propietaria de muchos pisos. “Según el Banco de España, el 27% de los españoles tiene una segunda vivienda”. Comentó que el problema afecta a “ancianos, funcionarios y jóvenes”.

No está claro por qué incluyó a los funcionarios en ese listado. Sería raro que esas personas tengan tantos ingresos como para contar con un gran patrimonio inmobiliario.

En 2020, los tribunales emitieron 61 condenas por allanamiento de morada por la ocupación de una vivienda de primera residencia de una persona, según los datos del INE. La cifra de condenas por usurpaciones que afectan en su mayoría a viviendas vacías o locales comerciales o industriales fue de 3.157.

Ese mismo año, Isabel Díaz Ayuso se refirió al primer caso, que es el que causa mayor alarma social, con la frase hipotética: “Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas”. Este tipo de declaraciones son más habituales en los meses de verano cuando la gente deja su casa durante varias semanas. O se va a la piscina y descubre que el piso ha sido incautado por la República Federal Laica de Okupas, que diría Ayuso.

Fue con el inicio de la pandemia en 2020 cuando la alarma creció más, una época en que la gente pasó mucho tiempo en sus domicilios y aumentó el número de contrataciones de alarmas. También crecieron los bulos, según los cuales si alguien se hace con el control de tu vivienda, pueden pasar años hasta que la recuperes o que si tardas demasiado en denunciar, el problema se agrava.

“Se puede actuar en cualquier momento, hayan pasado 48 horas, cuarenta días o doscientos”, explicó a este diario el juez decano de Cáceres. Sobre las segundas residencias mencionadas por Garcés, no hay menor protección: “No pierde el carácter de morada por el hecho de que sólo vayamos a ella los fines de semana, puentes o vacaciones. Sigue siendo nuestra morada igualmente”, dijo el magistrado Rafael Estévez.

El diputado del PP no habló de bancos ni de la Sareb, dueños de un alto número de viviendas y locales que se quedan vacíos durante mucho tiempo. Sí lo hicieron otros diputados. Oskar Matute, de EH Bildu, afirmó que se contabilizan “684.385 familias desahuciadas desde 2008”. Sostuvo que la proposición del PP buscaba “favorecer a bancos y fondos buitre”. Ahora esas entidades tienen que recurrir a los tribunales para recuperar el control de sus pisos o locales, y para ellos no es una prioridad.

La reforma del Código Penal que solicita el PP obligaría a los policías a convertirse en el equipo de seguridad privada de las empresas, y es muy posible que tengan cosas más importantes de las que ocuparse. El PSOE se sumó al debate con una enmienda al proyecto de ley de vivienda que promete que los desalojos se hagan en 48 horas.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, planteó otra situación que sí es real. Si un grupo de delincuentes ocupa un piso vacío, el daño social es mínimo en términos generales, pero sí existe para los vecinos de ese edificio cuando el banco no tiene mucha prisa en solventar la situación. De ahí que propusiera que las comunidades de vecinos tengan la posibilidad de denunciar la situación sin esperar a que el banco dé el paso.

El PP presentó hace meses una proposición no de ley de contenido similar. Hace unas semanas, una moción con la misma intención. La socialista Sonia Guerra relacionó la ofensiva con la cercanía de las elecciones municipales. Aquí todos tiran para su casa. Recordó que Badalona era la segunda ciudad española con más ocupaciones con Xavier García Albiol, del PP, como alcalde. Ahora con un socialista en la alcaldía, se ha contratado a más policías para encarar la situación.

Alberto Núñez Feijóo dedicó una visita a Barcelona al asunto de las ocupaciones como si fuera el gran problema social relacionado con la vivienda. Así se habla menos de las tres millones de viviendas vacías o del alto precio de los alquileres en las grandes ciudades. “El PP siempre trabaja para los mismos, fondos buitre, bancos y Securitas Direct”, dijo Joan Baldoví, de Compromís.

Para las empresas de seguridad privada, el Código Penal es lo de menos. Lo que les importa es que se siga hablando del tema. Quizá muchos políticos tengan una mala opinión de su actividad, pero las empresas confían más en el toque personal. Telefonear o presentarse en la puerta de la casa de un anciano, convenientemente aterrorizado por los programas matinales de Antena 3 y Telecinco, y preguntar con cara de sorpresa: “¿No le importa que le ocupen su casa?”.

Las últimas palabras siempre serán las mismas. Firme en la línea de puntos y no se preocupe más.

Una periodista recibió hace unos días una llamada telefónica de un número desconocido. Era una comercial de Securitas Direct que le advertía del peligro inminente en que se encontraba en su vivienda con la intención de venderle la instalación de una alarma. “En mi zona se ha detectado un aumento de ocupaciones con violencia”, cuenta que le dijo. No sólo te roban el piso, sino que encima te dan una paliza. Le preguntó de dónde había sacado ese dato. La fuente parecía ser un departamento policial que no existe.

Cuando la receptora de la llamada mostró su escaso interés, la comercial comentó alarmada: “¿No le importa que le ocupen su casa?”. Hay que imaginarse el efecto de la comunicación con una persona menos escéptica o con alguien que por su edad esté más preocupada por la inseguridad.

La empresa alega en una comunicación con este medio que llevó a cabo una investigación al conocer el caso: “En nuestra investigación interna hemos auditado todas las llamadas que cumplían con las características indicadas por la periodista en su tweet y no hemos encontrado, por el momento, ninguna en la que se diese la interacción que relata”.

En España había instaladas 2,86 millones de alarmas a finales de 2021. Ese número es el doble que hace siete años sin que las cifras de delincuencia justifiquen ese incremento espectacular. En los últimos tres años, se han producido crecimientos anuales superiores al 10%. Es un negocio boyante, uno de cuyos principales activos es el miedo y la percepción de inseguridad.

Las empresas afirman que España es el cuarto país del mundo con más alarmas instaladas. Evidentemente, hay algo extraño en todo esto en un país que sufre índices de delincuencia y delitos violentos inferiores a los de la gran mayoría de Europa.

Cargos intermedios de Securitas Direct llegaron a ordenar en 2017 a sus comerciales que se inventaran robos ficticios en los edificios para provocar la alarma entre los vecinos. “Con el fin de ayudar a incrementar los niveles de seguridad entre la población, nuestro personal emplea información interna y documentos públicos de la Administración”, dijo la empresa a este medio en un comunicado. Afirmó que se trató de “un caso aislado” ocurrido en 2014 y que esas “prácticas irregulares” fueron sancionadas en su momento.

Existen en el Congreso y en algunos medios de comunicación otros comerciales sin sueldo que echan una mano para captar clientes a las dos grandes empresas del sector, Securitas Direct y Prosegur. El Partido Popular es especialmente activo en este campo, aunque Vox alega que ellos llegaron antes.

Este martes, el PP presentó una proposición de ley “contra la ocupación ilegal” (¿la hay de otro tipo en el Código Penal?), básicamente para que la ocupación de pisos vacíos se castigue con la misma dureza y urgencia que los allanamientos de morada.

“Cada hora se ocupa en España una vivienda. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Interior”, dijo Mario Garcés, del PP. Intentó extender el alcance del problema más allá de la gente propietaria de muchos pisos. “Según el Banco de España, el 27% de los españoles tiene una segunda vivienda”. Comentó que el problema afecta a “ancianos, funcionarios y jóvenes”.

No está claro por qué incluyó a los funcionarios en ese listado. Sería raro que esas personas tengan tantos ingresos como para contar con un gran patrimonio inmobiliario.

En 2020, los tribunales emitieron 61 condenas por allanamiento de morada por la ocupación de una vivienda de primera residencia de una persona, según los datos del INE. La cifra de condenas por usurpaciones que afectan en su mayoría a viviendas vacías o locales comerciales o industriales fue de 3.157.

Ese mismo año, Isabel Díaz Ayuso se refirió al primer caso, que es el que causa mayor alarma social, con la frase hipotética: “Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas”. Este tipo de declaraciones son más habituales en los meses de verano cuando la gente deja su casa durante varias semanas. O se va a la piscina y descubre que el piso ha sido incautado por la República Federal Laica de Okupas, que diría Ayuso.

Fue con el inicio de la pandemia en 2020 cuando la alarma creció más, una época en que la gente pasó mucho tiempo en sus domicilios y aumentó el número de contrataciones de alarmas. También crecieron los bulos, según los cuales si alguien se hace con el control de tu vivienda, pueden pasar años hasta que la recuperes o que si tardas demasiado en denunciar, el problema se agrava.

“Se puede actuar en cualquier momento, hayan pasado 48 horas, cuarenta días o doscientos”, explicó a este diario el juez decano de Cáceres. Sobre las segundas residencias mencionadas por Garcés, no hay menor protección: “No pierde el carácter de morada por el hecho de que sólo vayamos a ella los fines de semana, puentes o vacaciones. Sigue siendo nuestra morada igualmente”, dijo el magistrado Rafael Estévez.

El diputado del PP no habló de bancos ni de la Sareb, dueños de un alto número de viviendas y locales que se quedan vacíos durante mucho tiempo. Sí lo hicieron otros diputados. Oskar Matute, de EH Bildu, afirmó que se contabilizan “684.385 familias desahuciadas desde 2008”. Sostuvo que la proposición del PP buscaba “favorecer a bancos y fondos buitre”. Ahora esas entidades tienen que recurrir a los tribunales para recuperar el control de sus pisos o locales, y para ellos no es una prioridad.

La reforma del Código Penal que solicita el PP obligaría a los policías a convertirse en el equipo de seguridad privada de las empresas, y es muy posible que tengan cosas más importantes de las que ocuparse. El PSOE se sumó al debate con una enmienda al proyecto de ley de vivienda que promete que los desalojos se hagan en 48 horas.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, planteó otra situación que sí es real. Si un grupo de delincuentes ocupa un piso vacío, el daño social es mínimo en términos generales, pero sí existe para los vecinos de ese edificio cuando el banco no tiene mucha prisa en solventar la situación. De ahí que propusiera que las comunidades de vecinos tengan la posibilidad de denunciar la situación sin esperar a que el banco dé el paso.

El PP presentó hace meses una proposición no de ley de contenido similar. Hace unas semanas, una moción con la misma intención. La socialista Sonia Guerra relacionó la ofensiva con la cercanía de las elecciones municipales. Aquí todos tiran para su casa. Recordó que Badalona era la segunda ciudad española con más ocupaciones con Xavier García Albiol, del PP, como alcalde. Ahora con un socialista en la alcaldía, se ha contratado a más policías para encarar la situación.

Alberto Núñez Feijóo dedicó una visita a Barcelona al asunto de las ocupaciones como si fuera el gran problema social relacionado con la vivienda. Así se habla menos de las tres millones de viviendas vacías o del alto precio de los alquileres en las grandes ciudades. “El PP siempre trabaja para los mismos, fondos buitre, bancos y Securitas Direct”, dijo Joan Baldoví, de Compromís.

Para las empresas de seguridad privada, el Código Penal es lo de menos. Lo que les importa es que se siga hablando del tema. Quizá muchos políticos tengan una mala opinión de su actividad, pero las empresas confían más en el toque personal. Telefonear o presentarse en la puerta de la casa de un anciano, convenientemente aterrorizado por los programas matinales de Antena 3 y Telecinco, y preguntar con cara de sorpresa: “¿No le importa que le ocupen su casa?”.

Las últimas palabras siempre serán las mismas. Firme en la línea de puntos y no se preocupe más.

Una periodista recibió hace unos días una llamada telefónica de un número desconocido. Era una comercial de Securitas Direct que le advertía del peligro inminente en que se encontraba en su vivienda con la intención de venderle la instalación de una alarma. “En mi zona se ha detectado un aumento de ocupaciones con violencia”, cuenta que le dijo. No sólo te roban el piso, sino que encima te dan una paliza. Le preguntó de dónde había sacado ese dato. La fuente parecía ser un departamento policial que no existe.

Cuando la receptora de la llamada mostró su escaso interés, la comercial comentó alarmada: “¿No le importa que le ocupen su casa?”. Hay que imaginarse el efecto de la comunicación con una persona menos escéptica o con alguien que por su edad esté más preocupada por la inseguridad.

Actualización

El artículo se ha actualizado con la versión de Securitas Direct sobre la conversación telefónica con la que comienza el artículo.

La empresa sostiene que investigó la llamada y no encontró ninguna prueba técnica de su existencia: “Con esto no ponemos en duda la llamada, pero sí demuestra nuestro tremendo interés por investigar la procedencia y los términos de la misma, y tomar las medidas necesarias”. Sobre el bajo nivel de delincuencia violenta en España, sostiene que esa seguridad “está promovida por la colaboración público-privada en materia de seguridad”.

La compañía desmiente tener cualquier tipo de relación con los partidos políticos: “Securitas Direct es una organización totalmente apolítica y no tiene ninguna vinculación con partidos políticos de ninguna ideología”.